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La reciente masacre, en la que murieron cinco jóvenes en Buga (perpetrada en la madrugada del pasado domingo 24 de enero) y el asesinato del líder ambientalista Gonzalo Cardona en zona rural de Tuluá hace un par de semanas, tienen como factor común la subregión del centro del Valle del Cauca, que siempre ha estado ocupada y en disputa por distintos grupos criminales. Hasta el momento no hay claridad sobre quiénes fueron los perpetradores de ambos hechos o sobre quiénes asesinaron hace tan solo 15 días al exconcejal de Buga Carlos González, en zona rural del municipio en circunstancias parecidas a la más reciente masacre: hombres armados que entraron a un predio en la vereda Cerro Rico.
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El Espectador conoció detalles de lo que las autoridades han considerado sobre la masacre en Buga, la sexta perpetrada en lo que va de 2021. “En este sector de Buga no teníamos registros de control territorial por grupos criminales, tampoco había alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Es muy particular lo que está pasando en el municipio. Tampoco encontramos alguna relación con el asesinato del exconcejal. Además, los homicidios y los hurtos en Buga estaban en descenso. Incluso, esta semana se tenía previsto un consejo de seguridad con la gobernadora para evaluar estas cifras”, señala una fuente que hizo parte de las reuniones que mantuvieron la Fuerza Pública con las autoridades locales y regionales.
Una de las aristas que se trataron durante las reuniones es la condición de contratista del Estado del dueño de la finca en Buga donde fueron asesinados los cinco jóvenes. La versión preliminar de los hechos es que se trató de un intento fallido de secuestro. “Hasta ahora es muy confuso decir algo concreto sobre la masacre. Ninguna de las víctimas o de quienes terminaron heridos tenían anotaciones judiciales. ¿A razón de qué le vienen a uno a secuestrar a un hijo?”, se pregunta uno de los asistentes a esas reuniones después de ocurrida la masacre. Sin embargo, la historia reciente de Buga tampoco señala que sea un municipio ajeno al crimen organizado.
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Por ejemplo, en noviembre de 2020, el fiscal general, Francisco Barbosa, reportó las capturas de 15 personas que eran parte de las bandas Los Kawa y los de La M, quienes estarían relacionados con homicidios en Buga por disputas del narcotráfico. Ese mismo año, en abril, la DEA y la Fiscalía decomisaron en el municipio un contenedor en el que se transportaba una tonelada de cocaína que tenía destino internacional. Miembros de la Fuerza Pública indican que hay grupos que sucedieron a alias Waltercito, capturado en 2017. Este es sobrino del conocido narcotraficante bugueño Ramón Quintero Sanclemente, quien aceptó cargos de narcotráfico en una corte de Florida en septiembre de 2020.
El caso Tuluá
Desde mediados de 2019, cuando empezaron a aparecer cuerpos decapitados en el casco urbano de ese municipio, El Espectador contó cómo las bandas criminales de la Inmaculada y la Santa Cruz se disputan las rentas criminales como el narcotráfico, el microtráfico, las extorsiones y la venta de armas ilegales, entre otros. “Actualmente tenemos una guerra similar a la que se vive en Buenaventura. Se enfrentan un tipo conocido como alias Kike con viejos bandidos”, menciona un alto funcionario departamental. Aún no es claro si el homicidio del excapo del cartel del norte del Valle Beto Rentería, cometido en septiembre de 2020, es parte de esa vendetta mafiosa.
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Pero la guerra entre bandas que vive la zona urbana del municipio es un escenario distinto al que se vive en zona rural de Tuluá, en donde fue asesinado el líder ambiental Gonzalo Cardona. La propia Fiscalía determinó, a través de una alerta interna, que las disidencias de las Farc hacen presencia en esta zona. La alerta de seguridad advierte al personal del ente investigador que evite desplazamientos hacia zona rural y sobre las rutas Tuluá-Santa Lucía y Sevilla-Barragán. El texto de la Fiscalía de julio de 2020 indica que estos grupos cometen estas acciones en una aparente muestra de control territorial y poderío militar, por lo que se recomendó extremar las medidas de seguridad y autoprotección.
La Defensoría hizo lo propio en octubre de 2020: durante las últimas semanas de septiembre, quienes se presentan como la Compañía Adán Izquierdo han emprendido una serie de acciones violentas contra la población civil, manifestadas en el cobro generalizado de extorsiones, presiones y acciones intimidantes contra personas en proceso de reincorporación, así como la quema de vehículos de funcionarios/as que desempeñaban labores de desminado en el sector. Lo anterior, se presume, obedece a la incursión de dicha facción disidente al territorio rural de Tuluá desde el municipio de Sevilla, lugar donde se presentó esta nueva facción disidente. Dos fuentes cercanas al líder ambiental Cardona señalan que este siempre manifestó problemas, dado que en el Cañón de las Hermosas (por donde se movía el líder ambiental) operan disidencias de las Farc.
Esta estructura, dice la Defensoría, al parecer emerge como una extensión de la facción disidente conocida como columna Dagoberto Ramos. “Tendría como finalidad ir poco a poco moviéndose desde el municipio de Sevilla en el norte de este departamento y fronterizo con el Quindío, posiblemente hacia el sur, para retomar el control sobre el corredor que mantuvieron las extintas Farc en la cordillera Central del Valle, con especial interés en la región de la alta montaña tulueña. Lo anterior, por el acceso que les facilita hacia el Tolima y posiblemente con el ánimo de retomar el cobro de vacunas en esta rica región de producción agropecuaria”, concluye la Defensoría.