“Buscamos una justicia centrada en las personas”: director de USAID en Colombia
Larry Sacks, director de USAID en Colombia, explica las claves del proyecto Justicia Inclusiva, cuyo lanzamiento fue esta semana. La meta es fortalecer la justicia en las regiones y que eso lleve a un aumento de la confianza de los ciudadanos en la rama Judicial.
Promover que la justicia responda a las necesidades de las personas y que, en consecuencia, aumente la confianza de los ciudadanos en el poder Judicial. Esa es la apuesta del programa de Justicia Inclusiva que lanzó esta semana la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una iniciativa que estará en 76 municipios y tendrá una duración de cinco años. Larry Sacks, director en Colombia de esta agencia, habló con El Espectador sobre las claves del proyecto y cómo piensan acercar la justicia a los colombianos.
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USAID lleva un buen tiempo trabajando sobre justicia en Colombia. ¿Qué aprendizajes están plasmados en el programa de Justicia Inclusiva?
En suma, el aprendizaje principal es la importancia de que la justicia llegue a los habitantes en todos los rincones de Colombia. Esto incluye no solo mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones, aumentando la inversión y el alcance que hace el Estado colombiano, sino hacer que los ciudadanos conozcan las rutas de acceso y hacerlos más conscientes de su potencial como agentes de cambio.
Justicia Inclusiva va a trabajar en el nivel local, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la justicia en esos lugares, abriendo espacios de coordinación entre la justicia ordinaria y la indígena, promoviendo un enfoque de género capaz de atender las necesidades de las víctimas, y fortaleciendo los mecanismos de resolución de conflictos y la justicia restaurativa para prevenir la violencia y dar respuestas apropiadas a los contextos regionales.
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Usted dijo en la presentación del proyecto que la justicia colombiana ha avanzado mucho. ¿Cuáles son los desafíos de hoy?
Hay muchos desafíos aún que enfrentar para garantizar el acceso de las comunidades a los servicios de justicia. Colombia cuenta con instituciones sofisticadas y una legislación avanzada en materia de derechos y acceso a la justicia. Sin embargo, muchas de las capacidades humanas y técnicas que vemos en las grandes ciudades no llegan a los municipios más apartados del país. Además, hay una brecha entre los servidores del sector justicia y la realidad que viven las comunidades en los territorios. Por eso, hablamos de un nuevo enfoque: el de la justicia centrada en las personas.
¿Por qué ven la necesidad de impulsar un enfoque diferencial en la justicia?
El enfoque diferencial es una herramienta para que el sector justicia pueda interpretar y actuar de acuerdo con la realidad que se vive en los territorios, para que reconozca las vulnerabilidades y los riesgos de los usuarios según las características de cada uno. Justicia Inclusiva busca evitar que el acceso a la justicia genere sufrimientos adicionales para las víctimas y superar situaciones de discriminación por razones de género, orientación sexual o identidad étnica. Consideramos que es el camino para lograr un sistema más eficiente y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia.
¿Cómo fueron escogidos los 76 municipios donde estarán?
Los municipios escogidos son en un 96 % aquellos donde hay Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los cuales la ciudadanía ha tenido dificultades históricas para acceder a la justicia y construir una cultura de legalidad y confianza en el Estado de derecho. Estos municipios tienen en común la ocurrencia de crímenes en contra de líderes y lideresas sociales, una alta incidencia de violencia basada en género y una presencia importante de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Además, son zonas afectadas por la violencia y el conflicto armado, en donde apoyaremos la labor de las instituciones de justicia transicional, es decir la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
¿Qué esperan haber logrado en los próximos cinco años con este proyecto?
En cinco años, esperamos que la justicia sea más asequible en las zonas donde estamos trabajando. Esto significa contar con instituciones más sólidas que logren avanzar en la resolución de conflictos, la investigación y persecución de los crímenes que más afectan a las comunidades y la garantía de derechos de los ciudadanos. Con personas conocedoras de las rutas de acceso a la justicia en sus territorios, que tengan confianza en acercarse a los jueces, a los fiscales, a los conciliadores, a la justicia étnica; con víctimas que han sido reconocidas en sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación por el Sistema Integral para la Paz. Y lograr con todo esto una sociedad con una cultura de la legalidad y una conexión más profunda con el Estado de derecho.
Promover que la justicia responda a las necesidades de las personas y que, en consecuencia, aumente la confianza de los ciudadanos en el poder Judicial. Esa es la apuesta del programa de Justicia Inclusiva que lanzó esta semana la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), una iniciativa que estará en 76 municipios y tendrá una duración de cinco años. Larry Sacks, director en Colombia de esta agencia, habló con El Espectador sobre las claves del proyecto y cómo piensan acercar la justicia a los colombianos.
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USAID lleva un buen tiempo trabajando sobre justicia en Colombia. ¿Qué aprendizajes están plasmados en el programa de Justicia Inclusiva?
En suma, el aprendizaje principal es la importancia de que la justicia llegue a los habitantes en todos los rincones de Colombia. Esto incluye no solo mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones, aumentando la inversión y el alcance que hace el Estado colombiano, sino hacer que los ciudadanos conozcan las rutas de acceso y hacerlos más conscientes de su potencial como agentes de cambio.
Justicia Inclusiva va a trabajar en el nivel local, fortaleciendo la capacidad de respuesta de la justicia en esos lugares, abriendo espacios de coordinación entre la justicia ordinaria y la indígena, promoviendo un enfoque de género capaz de atender las necesidades de las víctimas, y fortaleciendo los mecanismos de resolución de conflictos y la justicia restaurativa para prevenir la violencia y dar respuestas apropiadas a los contextos regionales.
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Usted dijo en la presentación del proyecto que la justicia colombiana ha avanzado mucho. ¿Cuáles son los desafíos de hoy?
Hay muchos desafíos aún que enfrentar para garantizar el acceso de las comunidades a los servicios de justicia. Colombia cuenta con instituciones sofisticadas y una legislación avanzada en materia de derechos y acceso a la justicia. Sin embargo, muchas de las capacidades humanas y técnicas que vemos en las grandes ciudades no llegan a los municipios más apartados del país. Además, hay una brecha entre los servidores del sector justicia y la realidad que viven las comunidades en los territorios. Por eso, hablamos de un nuevo enfoque: el de la justicia centrada en las personas.
¿Por qué ven la necesidad de impulsar un enfoque diferencial en la justicia?
El enfoque diferencial es una herramienta para que el sector justicia pueda interpretar y actuar de acuerdo con la realidad que se vive en los territorios, para que reconozca las vulnerabilidades y los riesgos de los usuarios según las características de cada uno. Justicia Inclusiva busca evitar que el acceso a la justicia genere sufrimientos adicionales para las víctimas y superar situaciones de discriminación por razones de género, orientación sexual o identidad étnica. Consideramos que es el camino para lograr un sistema más eficiente y fortalecer la confianza de los ciudadanos en la justicia.
¿Cómo fueron escogidos los 76 municipios donde estarán?
Los municipios escogidos son en un 96 % aquellos donde hay Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), en los cuales la ciudadanía ha tenido dificultades históricas para acceder a la justicia y construir una cultura de legalidad y confianza en el Estado de derecho. Estos municipios tienen en común la ocurrencia de crímenes en contra de líderes y lideresas sociales, una alta incidencia de violencia basada en género y una presencia importante de pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. Además, son zonas afectadas por la violencia y el conflicto armado, en donde apoyaremos la labor de las instituciones de justicia transicional, es decir la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
¿Qué esperan haber logrado en los próximos cinco años con este proyecto?
En cinco años, esperamos que la justicia sea más asequible en las zonas donde estamos trabajando. Esto significa contar con instituciones más sólidas que logren avanzar en la resolución de conflictos, la investigación y persecución de los crímenes que más afectan a las comunidades y la garantía de derechos de los ciudadanos. Con personas conocedoras de las rutas de acceso a la justicia en sus territorios, que tengan confianza en acercarse a los jueces, a los fiscales, a los conciliadores, a la justicia étnica; con víctimas que han sido reconocidas en sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación por el Sistema Integral para la Paz. Y lograr con todo esto una sociedad con una cultura de la legalidad y una conexión más profunda con el Estado de derecho.