El próximo 13 de agosto de 2021 será el día en que las autoridades de Cabo Verde decida si extradita a Estados Unidos al empresario colombiano Alex Saab, quien está detenido en ese país insular desde junio de 2020. El barranquillero es señalado de lavar millones de dólares para el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y el gobierno de los Estados Unidos le imputan ocho cargos y que según el Departamento del Tesoro de EE.UU. Saab se benefició de contratos sobrevaluados, incluido el programa gubernamental de subsidios alimentarios de Venezuela. Mientras llega esa fecha, la defensa de Saab emitió un comunicado en el que resalta las supuestas irregularidades que ha tenido el caso.
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Baltasar Garzón, exjuez español y cabeza del equipo jurídico de Saab aseguró que las acusaciones norteamericanas remitidas a Cabo Verde se redujeron de ocho cargos a uno y que ese, justamente, no es motivo de extradición. “Estados Unidos no tiene indicios delictivos contra Saab (...) Cabo Verde es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Primer Protocolo que reconoce la competencia del Comité (...) agentes extranjeros han accedido a su celda y golpeado requiriéndole que aceptara su entrega, como él mismo ha denunciado, además de haber sido encerrado en condiciones inhumanas, sin acceso a estándares mínimos de salud”, dice el abogado
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El proceso contra Alex Saab se remonta a junio de 2019, cuando, junto con su socio Álvaro Pulido, fueron incluidos en la Lista Clinton, señalados de ser testaferros del oficialismo en Venezuela. Para esa época, el Departamento de Justicia de EE. UU. hizo público el indictment (escrito de acusación) contra Saab y Pulido por ocho cargos relacionados con el lavado de activos por $350 millones producto de la corrupción en contratos de construcción y otros relacionados con la importación de alimentos, venta de petróleo y oro.
Por otra parte, para la defensa, en este enrevesado caso, se desatendieron resoluciones internacionales provenientes de los principales mecanismos de protección de derechos humanos a nivel internacional, tales como el de la CEDEAO que ordenó su liberación inmediata o el del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que le otorgó una medida cautelar hasta que se evalúe de manera independiente todo el proceso judicial que se le ha seguido.
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En junio de 2021, El Tribunal de la CEDEAO, conformado por Estados de África Occidental, confirmó la sentencia que había publicado el pasado 15 de marzo: la aprehensión del presunto testaferro de Nicolás Maduro fue ilegal y, por tanto, debía quedar en libertad inmediata. Además, señaló que no puede ser extraditado a Estados Unidos. La ONU se metió al caso Saab para responder sobre la determinación del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde en el que autorizaba la extradición el pasado 17 de marzo.
“Cabo Verde y el Tribunal Constitucional están en una encrucijada. Si cede en el caso de la extradición de Alex Saab, en la que la motivación política es el único elemento constatable y permanente que trasciende, todo el proceso humilla al pueblo caboverdiano y a todos los que necesitamos creer que existe un orden establecido y protegido por el derecho internacional de los derechos humanos”, puntualizó Garzón.