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Más de dos semanas después de haber detenido al empresario colombiano Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro, el país africano de Cabo Verde iniciará el estudio de la solicitud de extradición de Estados Unidos. Así se lo confirmó a la agencia española EFE una fuente judicial caboverdiana y al diario El Tiempo una fuente estadounidense. Saab es requerido por el país norteamericano para que responda en un proceso en el que se le acusa utilizar esquemas de importaciones falsas para lavar millones de dólares en favor del régimen de Maduro en Venezuela.
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Según informó EFE este martes, el Gobierno de Cabo Verde ha recibido ya la solicitud formal de Estados Unidos para la extradición del empresario de nacionalidad colombiana. Y según le dijo una fuente de Estados Unidos a el diario El Tiempo: “La semana pasada se terminaron de traducir todos los documentos y Cabo Verde ya le notificó a Estados Unidos que aceptó el proceso de extradición, el cual se resolverá en los próximos días”. Así las cosas, comienza el pulso por extraditar al contratista favorito del chavismo, requerido en varios países, entre ellos Colombia, por supuestos delitos financieros que le habrían ayudado a amasar su fortuna y la de su socio, Álvaro Pulido.
En medio de especulaciones sobre su paradero, el 12 de junio fue detenido en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de la isla de Sal (el más importante de Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una alerta roja de la Interpol para que respondiera por los delitos de blanqueo de dinero. Desde entonces, Saab ya ha interpuesto dos recursos de habeas corpus, uno de los cuales ya fue negado, pidiéndole a la justicia del país africano que lo deje en libertad.
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Según su abogado, José Manuel Pinto Monteiro, Saab “estaba cubierto por inmunidad de jurisdicción penal y tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”. Venezuela, recordó Pinto, “nunca eliminó el estatus de enviado especial al señor Saab, así que cuando hizo una escala en la isla de Sal, esa condición era válida y tenía inmunidad diplomática y no podía ser detenido bajo esas condiciones”. No obstante, el Supremo Tribunal de Justicia caboverdiano negó la solicitud. Ante la negativa, Pinto Monteiro presentó un nuevo recurso en favor de su cliente, que apenas está en estudio.
La solicitud de extradición de Estados Unidos se da porque desde el 25 de julio de 2019, él y su socio también colombiano Álvaro Pulido Vargas, fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocho cargos relacionados con el lavado de cerca de US$350 millones a través de esquemas de falsas importaciones y exportaciones. Según el indictment (escrito de acusación), los dos empresarios habrían lavado dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas localizadas en Estados Unidos, aprovechando el sistema de cambio regulado que existe en el vecino país. Operaciones que, al parecer, favorecieron además a personalidades del régimen de Maduro.
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También terminando el año pasado, Saab fue incluido en la llamada “Lista Clinton” junto con sus empresas, sus hijos, su socio Álvaro Pulido y su hijo; y los hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Todos supuestamente participaron de un esquema que lavó millones de dólares producto de la corrupción en el programa de subsidio alimenticio que creó el gobierno de Nicolás Maduro en 2016. Según el portal venezolano Armando.Info, en 2017, a través de un complejo entramado societario se apropiaron de los denominados los Comités Locales de Alimentación y Producción (CLAP), importando a Venezuela alimentos de malísima calidad para quedarse con los recursos.
En Colombia también fue llamado a juicio desde diciembre de 2019, acusado de un fraude similar. Según la Fiscalía de nuestro país, Saab utilizó su empresa Shatex para “invertir, transformar y administrar bienes dándoles apariencia de legalidad a estos dineros encaminada a ocultar la procedencia ilícita del dinero con el propósito de posteriormente obtener un provecho ilícito con actividades de exportaciones e importaciones ficticias utilizadas”. Por esto, el ente investigador radicó el escrito de acusación en contra del empresario por lavado de activos.