Cacería a los bienes del carrusel de Bogotá

Un duro golpe dio la Fiscalía a los concejales y exconcejales de Bogotá que se han visto salpicados en el carrusel de la contratación. El vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, anunció que se ordenó el embargo con fines de extinción de dominio de 189 bienes que, al parecer, habrían sido adquiridos gracias a los dineros que se apropiaron los funcionarios tras recibir millonarias coimas. El avalúo de estos bienes que realizó el ente investigador es de $19.229 millones, sin embargo, Perdomo precisó que es un valor aproximado, basado en estudios catastrales y no comerciales, aspecto que incrementaría considerablemente la cifra.

Se trata de 21 bienes inmuebles (apartamentos, casas y fincas), 24 vehículos, 10 establecimientos de comercio y 32 productos financieros (cuentas de ahorro y corriente) que los nueve concejales no podrán utilizar para fines comerciales. Es decir, la Fiscalía les congeló toda oportunidad de sacar provecho de sus propiedades y obtener algún lucro. Las autoridades buscan asegurar que estas fortunas no terminen en manos de terceros sino como recursos que retornen a las arcas del Distrito.

En la lista de nueve concejales y exconcejales están Julio César Acosta, Fernando López Gutiérrez, Ómar Mejía Báez, Javier Manuel Palacio Mejía, Jorge Ernesto Salamanca, Orlando Parada Díaz, Rafael Alberto Escrucería Lorza, José Fernando Rojas Rodríguez y Édgar Alfonso Torrado García. Cabe recordar que todos ellos han rendido ya interrogatorio ante la Fiscalía y otros están en etapa de juicio, pero los procesos por extinción de dominio no dependen en absoluto de los procesos penales. El vicefiscal Perdomo recordó que en el caso del cartel de contratos ya se han adelantado 30 procesos de este tipo, entre ellos el realizado al excontratista Emilio Tapia, a quien le embargaron 27 bienes que tendrían un valor de $20.000 millones.

Jorge Ernesto Salamanca

Según la Fiscalía, Salamanca, quien renunció la semana pasada a su curul en el Concejo de Bogotá, fue uno de los cabildantes que más injerencia tuvo en la apropiación del 9% del contrato de ambulancias que tenía un valor de $69.000 millones. En palabras del propio exsecretario de Salud de la capital, Héctor Zambrano, y del ingenio Federico Gaviria –ambos condenados por este caso–, Salamanca habría recibido $500 millones para no realizar debates de control político y además, en varias reuniones con Gaviria, se habría encargado de imponer las condiciones para la licitación. En varias oportunidades han intentado realizar la audiencia de imputación de cargos, sin embargo, por inasistencia del excabildante o de su abogado ha sido imposible. Asimismo, en su contra se adelantan investigaciones relacionadas con temas de salud, contratos en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Mujer (IDIPRON), en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Acueducto. La Fiscalía le embargó 57 inmuebles, en su mayoría a nombre de familiares o terceros y que están avaluados en $1.900 millones. Entre ellos está una lujosa casa ubicada en La Calera.

Fernando López Gutierrez

Al actual concejal de Bogotá por Cambio Radical la Fiscalía le ha seguido la pista desde finales del 2011, cuando resultó salpicado en las declaraciones de testigos claves en el carrusel de la contratación como Julio Gómez y Emilio Tapia. Al parecer, López Gutierrez es investigado por irregularidades en la contratación en distintas dependencias de la Alcaldía como la Empresa de Renovación Urbana (ERU), la Empresa de Acueducto, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Movilidad. Asimismo, ante la Fiscalía ha rendido varios interrogatorios por denuncias que advierten que recibió dineros públicos a cambio de no realizar debates de control político. Desde 1997, cuando pertenecía al partido Conservador, ocupa una curul en el Concejo de Bogotá, del que fue presidente entre 2003 y 2004. En 2013, a la par que era investigado, denunció que en el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) se habían generado una serie de sobrecostos en los contratos de construcción de escenarios deportivos y en los de mantenimiento administración de parques distritales. La unidad de Extinción de Dominio le dictó medias cautelares a cuatro de sus bienes avaluados en $800 millones.

Omar Mejía Báez

Es uno de los caciques políticos del Concejo: lleva 26 años allí. Desde el principio fue salpicado por uno de los testigos del carrusel: Emilio Tapia. Desde finales de 2013 la Fiscalía ha intentado realizar la audiencia de imputación de cargos, pero se ha aplazado ya que sus abogados han pedido más tiempo para estudiar el caso. La investigación más avanzada que existe en su contra es por el contrato de ambulancias, ya que el exsecretario Héctor Zambrano lo acusó de ser uno de los concejales que iba a su oficina para reclamar el pago. La Fiscalía le embargó siete propiedades por un valor de $250 millones. Se investigan posibles testaferros suyos para esconder su fortuna.

Orlando Parada Díaz

Mientras continúa su juicio por las irregularidades que se presentaron en la contratación en la Unidad de Malla Vial (UMV), al exconcejal le embargaron ocho inmuebles, ocho vehículos y dos establecimientos de comercio que tienen un avalúo de $5.599 millones. Parada no sólo ha sido señalado por los exconcejales Hipólito Moreno y Andrés Camacho y el excontratista Julio Gómez, sino que el abogado Manuel Sánchez su socio más cercano, también reconoció que el excabildante era uno de los hombres que manejaba a su antojo a Iván Hernández, exdirector de la UMV. Entre otros señalamientos se ha dicho que Parada tenía una fuerte influencia en el Fondo de Vigilancia Distrital, ya que en esa entidad también tenía fichas claves que manejaban la contratación de la capital.

Javier Palacio Mejía

Es concejal de Bogotá desde el año 2003. En las investigaciones de la Fiscalía resultó salpicado por las irregularidades que rodearon la contratación en el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito durante la administración de Samuel Moreno. Personajes como Emilio Tapia lo han señalado de ser uno de los hombres que se ‘apoderó’ de esta entidad, ya que la empresa Derca SAS, propiedad de su hermano Alberto Alexis Palacio Mejía, obtuvo un jugoso contrato por $1.910 millones para suministrar guantes y pasamontañas a la Brigada XIII del Ejército, con una adición de $938 millones. En su defensa, el concejal ha sostenido que él no tiene ninguna relación comercial con su hermano y que si su familiar cometió algún delito le debe caer todo el peso de la ley. La Fiscalía le embargó siete inmuebles que tienen un valor catastral de $1.300 millones.

Rafael Alberto Escrucería

Quien llegó al Concejo de Bogotá en el 2007 y se convirtió en el cabildante más joven de la historia de la capital con 22 años, hoy es uno de los blancos de la Fiscalía por la estrecha relación que tuvo con el polémico empresario Emilio Tapia. Y es que el propio Escrucería ha aceptado su estrecha relación con el excontratista, quien no lo ha dejado de salpicar ante las autoridades por sus supuestas relaciones comerciales. Ya ha asistido a varios interrogatorios en la Fiscalía para explicar sus nexos con Tapia. Desde que su nombre salió a la luz pública, el exconcejal ha manifestado que está colaborando con las autoridades y su acuerdo está por definirse . El ente investigador le embargó cinco inmuebles que tendrían un valor de $1.000 millones.

Jose Fernando Rojas Rodríguez

Desde que se empezaron a realizar las denuncias por el carrusel de la contratación, el nombre del exconcejal José Fernando Rojas Rodríguez empezó a ventilarse. El excabildante del Polo Democrático no sólo ha sido señalado por Julio Gómez y su excompañero Hipólito Moreno como una de las fichas claves del exalcalde Samuel Moreno en el Concejo de Bogotá, sino como uno de los que impedía que se realizaran debates de control político a las entidades que tenían en sus manos los contratos más jugosos del Distrito. Ya son varios los interrogatorios que ha rendido ante la Fiscalía, que le dictó medidas cautelares a tres de sus propiedades avaluadas en $180 millones.

Julio Cesar Acosta

Desde el 2007 es concejal de Bogotá por el partido Cambio Radical. Desde que Hipólito Moreno prendió su ventilador, le ha permitido a la Fiscalía corroborar algunos datos que les han suministrado testigos como Julio Gómez y Emilio Tapia, quienes han sostenido que Acosta hacía parte de los cabildantes que recibían comisión a cambio de su silencio. En 2011 fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía para explicar sus relaciones con los contratistas. En esa época su propio partido estudió la posibilidad de que se le quitara el aval por los señalamientos en su contra. Cabe recordar que el cabildante es hijo de Julio Acosta, quien está condenado por parapolítica. Sin embargo, niega cualquier vínculo con organizaciones ilegales. En la más reciente decisión de la Fiscalía, le embargaron cinco inmuebles, siete vehículos y dos establecimientos de comercio que tienen un valor aproximado de $1.200 millones.

Édgar Torrado

Mientras las investigaciones contra este concejal avanzan, por las irregularidades en la adjudicación de contratos para comedores comunitarios, la Fiscalía le embargó alrededor de $7.000 millones, distribuidos en 15 inmuebles, 9 vehículos y 6 establecimientos de comercio. Torrado es fundador y miembro de Cooprosperar, una cooperativa de alimentos que desde la alcaldía de Lucho Garzón tenía contratos con el Distrito. Además, para noviembre de 2010, este cabildante –hermano del senador Efraín Torrado¬– figuraba como el presidente de la junta directiva de Internacional de Negocios, una empresa dedicada al manejo de alimentos. Los testimonios de Emilio Tapia y Julio Gómez lo han puesto en la mira delas autoridades.

Un duro golpe dio la Fiscalía a los concejales y exconcejales de Bogotá que se han visto salpicados en el carrusel de la contratación. El vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, anunció que se ordenó el embargo con fines de extinción de dominio de 189 bienes que, al parecer, habrían sido adquiridos gracias a los dineros que se apropiaron los funcionarios tras recibir millonarias coimas. El avalúo de estos bienes que realizó el ente investigador es de $19.229 millones, sin embargo, Perdomo precisó que es un valor aproximado, basado en estudios catastrales y no comerciales, aspecto que incrementaría considerablemente la cifra.

Se trata de 21 bienes inmuebles (apartamentos, casas y fincas), 24 vehículos, 10 establecimientos de comercio y 32 productos financieros (cuentas de ahorro y corriente) que los nueve concejales no podrán utilizar para fines comerciales. Es decir, la Fiscalía les congeló toda oportunidad de sacar provecho de sus propiedades y obtener algún lucro. Las autoridades buscan asegurar que estas fortunas no terminen en manos de terceros sino como recursos que retornen a las arcas del Distrito.

En la lista de nueve concejales y exconcejales están Julio César Acosta, Fernando López Gutiérrez, Ómar Mejía Báez, Javier Manuel Palacio Mejía, Jorge Ernesto Salamanca, Orlando Parada Díaz, Rafael Alberto Escrucería Lorza, José Fernando Rojas Rodríguez y Édgar Alfonso Torrado García. Cabe recordar que todos ellos han rendido ya interrogatorio ante la Fiscalía y otros están en etapa de juicio, pero los procesos por extinción de dominio no dependen en absoluto de los procesos penales. El vicefiscal Perdomo recordó que en el caso del cartel de contratos ya se han adelantado 30 procesos de este tipo, entre ellos el realizado al excontratista Emilio Tapia, a quien le embargaron 27 bienes que tendrían un valor de $20.000 millones.

Jorge Ernesto Salamanca

Según la Fiscalía, Salamanca, quien renunció la semana pasada a su curul en el Concejo de Bogotá, fue uno de los cabildantes que más injerencia tuvo en la apropiación del 9% del contrato de ambulancias que tenía un valor de $69.000 millones. En palabras del propio exsecretario de Salud de la capital, Héctor Zambrano, y del ingenio Federico Gaviria –ambos condenados por este caso–, Salamanca habría recibido $500 millones para no realizar debates de control político y además, en varias reuniones con Gaviria, se habría encargado de imponer las condiciones para la licitación. En varias oportunidades han intentado realizar la audiencia de imputación de cargos, sin embargo, por inasistencia del excabildante o de su abogado ha sido imposible. Asimismo, en su contra se adelantan investigaciones relacionadas con temas de salud, contratos en el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Mujer (IDIPRON), en el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y el Acueducto. La Fiscalía le embargó 57 inmuebles, en su mayoría a nombre de familiares o terceros y que están avaluados en $1.900 millones. Entre ellos está una lujosa casa ubicada en La Calera.

Fernando López Gutierrez

Al actual concejal de Bogotá por Cambio Radical la Fiscalía le ha seguido la pista desde finales del 2011, cuando resultó salpicado en las declaraciones de testigos claves en el carrusel de la contratación como Julio Gómez y Emilio Tapia. Al parecer, López Gutierrez es investigado por irregularidades en la contratación en distintas dependencias de la Alcaldía como la Empresa de Renovación Urbana (ERU), la Empresa de Acueducto, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Movilidad. Asimismo, ante la Fiscalía ha rendido varios interrogatorios por denuncias que advierten que recibió dineros públicos a cambio de no realizar debates de control político. Desde 1997, cuando pertenecía al partido Conservador, ocupa una curul en el Concejo de Bogotá, del que fue presidente entre 2003 y 2004. En 2013, a la par que era investigado, denunció que en el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) se habían generado una serie de sobrecostos en los contratos de construcción de escenarios deportivos y en los de mantenimiento administración de parques distritales. La unidad de Extinción de Dominio le dictó medias cautelares a cuatro de sus bienes avaluados en $800 millones.

Omar Mejía Báez

Es uno de los caciques políticos del Concejo: lleva 26 años allí. Desde el principio fue salpicado por uno de los testigos del carrusel: Emilio Tapia. Desde finales de 2013 la Fiscalía ha intentado realizar la audiencia de imputación de cargos, pero se ha aplazado ya que sus abogados han pedido más tiempo para estudiar el caso. La investigación más avanzada que existe en su contra es por el contrato de ambulancias, ya que el exsecretario Héctor Zambrano lo acusó de ser uno de los concejales que iba a su oficina para reclamar el pago. La Fiscalía le embargó siete propiedades por un valor de $250 millones. Se investigan posibles testaferros suyos para esconder su fortuna.

Orlando Parada Díaz

Mientras continúa su juicio por las irregularidades que se presentaron en la contratación en la Unidad de Malla Vial (UMV), al exconcejal le embargaron ocho inmuebles, ocho vehículos y dos establecimientos de comercio que tienen un avalúo de $5.599 millones. Parada no sólo ha sido señalado por los exconcejales Hipólito Moreno y Andrés Camacho y el excontratista Julio Gómez, sino que el abogado Manuel Sánchez su socio más cercano, también reconoció que el excabildante era uno de los hombres que manejaba a su antojo a Iván Hernández, exdirector de la UMV. Entre otros señalamientos se ha dicho que Parada tenía una fuerte influencia en el Fondo de Vigilancia Distrital, ya que en esa entidad también tenía fichas claves que manejaban la contratación de la capital.

Javier Palacio Mejía

Es concejal de Bogotá desde el año 2003. En las investigaciones de la Fiscalía resultó salpicado por las irregularidades que rodearon la contratación en el Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito durante la administración de Samuel Moreno. Personajes como Emilio Tapia lo han señalado de ser uno de los hombres que se ‘apoderó’ de esta entidad, ya que la empresa Derca SAS, propiedad de su hermano Alberto Alexis Palacio Mejía, obtuvo un jugoso contrato por $1.910 millones para suministrar guantes y pasamontañas a la Brigada XIII del Ejército, con una adición de $938 millones. En su defensa, el concejal ha sostenido que él no tiene ninguna relación comercial con su hermano y que si su familiar cometió algún delito le debe caer todo el peso de la ley. La Fiscalía le embargó siete inmuebles que tienen un valor catastral de $1.300 millones.

Rafael Alberto Escrucería

Quien llegó al Concejo de Bogotá en el 2007 y se convirtió en el cabildante más joven de la historia de la capital con 22 años, hoy es uno de los blancos de la Fiscalía por la estrecha relación que tuvo con el polémico empresario Emilio Tapia. Y es que el propio Escrucería ha aceptado su estrecha relación con el excontratista, quien no lo ha dejado de salpicar ante las autoridades por sus supuestas relaciones comerciales. Ya ha asistido a varios interrogatorios en la Fiscalía para explicar sus nexos con Tapia. Desde que su nombre salió a la luz pública, el exconcejal ha manifestado que está colaborando con las autoridades y su acuerdo está por definirse . El ente investigador le embargó cinco inmuebles que tendrían un valor de $1.000 millones.

Jose Fernando Rojas Rodríguez

Desde que se empezaron a realizar las denuncias por el carrusel de la contratación, el nombre del exconcejal José Fernando Rojas Rodríguez empezó a ventilarse. El excabildante del Polo Democrático no sólo ha sido señalado por Julio Gómez y su excompañero Hipólito Moreno como una de las fichas claves del exalcalde Samuel Moreno en el Concejo de Bogotá, sino como uno de los que impedía que se realizaran debates de control político a las entidades que tenían en sus manos los contratos más jugosos del Distrito. Ya son varios los interrogatorios que ha rendido ante la Fiscalía, que le dictó medidas cautelares a tres de sus propiedades avaluadas en $180 millones.

Julio Cesar Acosta

Desde el 2007 es concejal de Bogotá por el partido Cambio Radical. Desde que Hipólito Moreno prendió su ventilador, le ha permitido a la Fiscalía corroborar algunos datos que les han suministrado testigos como Julio Gómez y Emilio Tapia, quienes han sostenido que Acosta hacía parte de los cabildantes que recibían comisión a cambio de su silencio. En 2011 fue llamado a interrogatorio por la Fiscalía para explicar sus relaciones con los contratistas. En esa época su propio partido estudió la posibilidad de que se le quitara el aval por los señalamientos en su contra. Cabe recordar que el cabildante es hijo de Julio Acosta, quien está condenado por parapolítica. Sin embargo, niega cualquier vínculo con organizaciones ilegales. En la más reciente decisión de la Fiscalía, le embargaron cinco inmuebles, siete vehículos y dos establecimientos de comercio que tienen un valor aproximado de $1.200 millones.

Édgar Torrado

Mientras las investigaciones contra este concejal avanzan, por las irregularidades en la adjudicación de contratos para comedores comunitarios, la Fiscalía le embargó alrededor de $7.000 millones, distribuidos en 15 inmuebles, 9 vehículos y 6 establecimientos de comercio. Torrado es fundador y miembro de Cooprosperar, una cooperativa de alimentos que desde la alcaldía de Lucho Garzón tenía contratos con el Distrito. Además, para noviembre de 2010, este cabildante –hermano del senador Efraín Torrado¬– figuraba como el presidente de la junta directiva de Internacional de Negocios, una empresa dedicada al manejo de alimentos. Los testimonios de Emilio Tapia y Julio Gómez lo han puesto en la mira delas autoridades.