Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La defensa de los derechos humanos en Colombia está en crisis, con el alarmante dato de que, en promedio, cada dos días un líder social es asesinado. Esta grave situación, que afecta principalmente a las regiones más vulnerables del país, está estrechamente vinculada a la presencia de grupos armados ilegales y la lucha por el control territorial. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de agosto de 2024, se han registrado 1.420 homicidios de líderes sociales, lo que subraya la urgencia de implementar acciones contundentes y eficaces para enfrentar este fenómeno.
Lea también: Encontraron muerto a líder campesino que fue secuestrado en Cajibío, Cauca
En respuesta a esta problemática, la Procuraduría General de la Nación se reunió con Greg Howell, administrador asistente adjunto superior para América Latina y el Caribe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el pasado 9 de octubre. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la cooperación entre ambas entidades y buscar soluciones que garanticen la seguridad de los líderes sociales en el país.
Durante la reunión, la Procuraduría presentó recomendaciones al Gobierno Nacional, centradas en mejorar la protección de los defensores de derechos humanos, incrementar la presencia estatal en las zonas más afectadas y coordinar esfuerzos interinstitucionales para desmantelar las estructuras criminales que amenazan la vida de estos líderes. La colaboración con USAID fue destacada como esencial para promover una respuesta integral y efectiva ante la creciente violencia contra líderes sociales.
La Procuraduría también señaló que la falta de avances en la implementación de medidas de seguridad ha llevado a la Corte Constitucional a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, reconociendo que las políticas actuales no son suficientes para proteger a los líderes sociales en regiones como Cauca, Chocó, Norte de Santander, Arauca y Antioquia. Este fallo ha impulsado la creación de herramientas como el Índice de Prevención del Riesgo de Amenazas (IPRA) y la Directiva 005 de 2024, lanzada el 9 de septiembre, que buscan mejorar las condiciones de seguridad para los defensores de derechos humanos.
Relacionado: Imputados cuatro presuntos miembros del Clan del Golfo por asesinato en Bolívar
La Procuraduría ha insistido en la necesidad de diseñar e implementar planes de prevención integral y rutas de protección tanto individuales como colectivas, con el fin de frenar la ola de violencia que afecta a quienes dedican su vida a la defensa de los derechos humanos.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.