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La Fiscalía ha desarticulado las actividades de ocho fundaciones privadas en Santander dedicadas a la rehabilitación de personas con problemas de adicción, acusadas de prácticas de abuso y maltrato contra sus internos. Estas instituciones, ubicadas en Bucaramanga, Piedecuesta y Girón, están bajo investigación por presuntamente haber sometido a los pacientes a condiciones inhumanas que habrían causado la muerte de al menos ocho personas y dejado un saldo preliminar de más de 500 víctimas.
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En una serie de operativos realizados de manera conjunta por la Seccional Santander de la Fiscalía, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y el Ejército, 21 personas fueron capturadas en las ciudades de Cartago (Valle del Cauca), Bucaramanga (Santander) y Bogotá. Las investigaciones apuntan a que estas personas formaban parte de una red delictiva que, bajo la apariencia de centros de rehabilitación para población vulnerable, incurrieron en delitos graves, incluyendo homicidio, tortura, secuestro, abuso sexual, e inducción a la prostitución.
Las víctimas de estos abusos provenían de diversos municipios de Santander, Norte de Santander y Atlántico. Se ha documentado que los internos eran mantenidos en condiciones de hacinamiento extremo y sin acceso adecuado a alimentación y medicinas. Testimonios de los afectados y pruebas recogidas señalan que estas instituciones suministraban tratamientos psiquiátricos sin control médico, manteniendo a los internos sedados y, en ocasiones, incomunicados durante largos periodos. En algunos casos, las personas en tratamiento eran llevadas a ‘cuartos de reflexión’, donde recibían baños de agua fría, eran golpeadas y amarradas.
Asimismo, se ha denunciado que algunos de los empleados abusaron sexualmente de menores de edad, quienes permanecían sedados debido a la administración de medicamentos. Las investigaciones también revelaron que los presuntos responsables se hacían pasar por autoridades en múltiples ocasiones, amenazando a los internos con falsas acusaciones de tráfico de estupefacientes y otros delitos, con el fin de intimidarlos y evitar que denunciaran los abusos.
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Tras las capturas, los detenidos han sido presentados ante un juez de control de garantías en Bucaramanga, donde se les imputaron cargos por homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de secuestro y tortura, acceso carnal con incapaz de resistir, y acto sexual violento, entre otros delitos. Las audiencias de control de garantías continúan mientras las autoridades avanzan en la recolección de pruebas y el proceso judicial contra esta red.
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