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Ya van dos semanas en las que en Cali se vive una situación de orden público crítica. El estallido social que se palpa en la ciudad en medio del paro nacional, más las denuncias y videos que han circulado en redes sociales registrando posibles abusos policiales, tienen a la comunidad caleña en medio de una crisis social, política y de seguridad inédita por los frecuentes y graves disturbios en zonas como la Comuna 20 y en especial en el humilde barrio Siloé, en el oeste de la ciudad. En entrevista con este diario hace unos días, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, señaló que detrás de los disturbios estarían, además del Eln, líderes de las disidencias de las Farc como Iván Mordisco y el Paisa.
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La afirmación del alto oficial conllevaba un gran interrogante: ¿están la Segunda Marquetalia y el Frente Primero de las disidencias tratando de “adueñarse” de la tercera ciudad más importante del país? El Espectador contactó a autoridades locales y departamentales, de la Fuerza Pública y expertos del Estado para indagar si hay sustento en los señalamientos. Dos fuentes de Antinarcóticos de la Policía y una del Ejército advierten que no existe aún evidencia de que los hombres de Iván Márquez -como el Paisa- o de Mordisco -líder del Frente Primero- estén en esa zona del país. Una fuente de la Policía asevera que “se tiene información de que integrantes de la columna Dagoberto Ramos (que sigue órdenes del Frente Primero) vienen con la minga (indígena)”.
Sin embargo, el uniformado no entregó soportes para su señalamiento, mientras la comunidad nasa siempre ha rechazado tajantemente que se le intente ligar con grupos al margen de la ley. Por parte de la Defensoría del Pueblo, los funcionarios consultados por este diario tampoco hallaron indicios de la presencia de hombres de la Segunda Marquetalia, la cual, ha asegurado el Gobierno Nacional, tiene como centro de operaciones a Venezuela. Hasta el momento, la información de la Fuerza Pública, como de las alertas tempranas de la Defensoría, apuntaba a que la Segunda Marquetalia tenía fichas en el sur del Huila, en el Cesar, La Guajira, Arauca y el Meta, principalmente.
Ante las acusaciones que han hecho el fiscal general, Francisco Barbosa y el Gobierno de que los disturbios son coordinados tras bambalinas por grupos ilegales, en Cali hay gente que pide que no se estigmatice la protesta. “Este señalamiento se ha hecho siempre, cuando las comunidades se levantan contra los gobiernos que las han empobrecido, no es solo este. Siempre se acusa y nunca se comprueba, tratan de crear en el ambiente esa sensación y luego los señalamientos no quedan en nada. O capturan a chivos expiatorios para, meses después, soltarlos porque es insostenible llevarlos a juicio”, expresó a El Espectador Harby Mina, un abogado de Siloé que conoce muy de cerca las problemáticas de la comunidad.
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“Aquí no se puede negar que en Cali hubo presencia de grupos armados. Pero lo que ha pasado en estos días es una mezcla de muchas cosas, porque también hay que decir que dentro de los barrios hay luchas por el microtráfico, pero los muchachos en Cali empezaron a manifestarse pacíficamente y la Policía los atacó con armas de fuego, ¿cómo querían que les respondieran? Claro, cuando los muchachos de Siloé se defienden son unos bandidos, pero cuando en Ciudad Jardí, que fue construido con dinero de la mafia, salen civiles a atacar a la minga con armas, son ciudadanos de bien. No entiendo nada”, asegura Alexánder Guerrero, otro líder de Siloé.
Fuentes de la Fiscalía y expertos en seguridad en Cali concuerdan en que cuando el general Vargas, un curtido uniformado en asuntos de inteligencia, dice algo, no son cortinas de humo. Pero advierten que tampoco tienen información de que gente de la Segunda Marquetalia esté participando en los disturbios ajenos a las manifestaciones de los ciudadanos contra el gobierno de Iván Duque. Destacan que puede haber conexiones con hombres del Paisa que llegaron a Tumaco entre 2019 y 2020 y la injerencia que tuvo Romaña –que a su vez es muy cercano a el Paisa– en algunos sectores aledaños al departamento en los últimos años.
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Lo que no entiende un fiscal especializado en crimen organizado en Cali es por qué disidencias de las Farc tendrían algún pacto o propósito común con la Segunda Marquetalia. Un punto de vista que también comparte Alberto Sánchez, exasesor en seguridad de la Alcaldía de Cali, quien dice que desde antes de la pandemia y las movilizaciones de los últimos tres años se desconoce con claridad cuál es el papel que juega la ciudad en el tablero del crimen organizado. “Sería bueno que nos expliquen con claridad, sobre todo, quién controla Jamundí (municipio pegado a Cali). Considero que las disidencias no hacen un control territorial en Cali”, dijo Sánchez.
Lo que sí han dicho fuentes de la Defensoría, como se corrobora en la alerta temprana #85 de 2018, es que en Cali se “identificó la presencia de presuntos integrantes del Eln y disidencia de las Farc, quienes se autodenominan Guerrillas Unidas del Pacífico, cuyo interés es el control del territorio urbano, aprovechando las condiciones de vulnerabilidad social de los habitantes de los barrios referenciados en este documento”. El documento señala que los jóvenes de las comunas 14, 15 y 21 de la ciudad (es decir, del Distrito de Aguablanca, la zona más deprimida de la ciudad junto con Siloé) están en riesgo.
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Un porcentaje importante de los habitantes en esas comunas se caracterizan por tener la condición de víctimas del conflicto armado, no en vano la propia Defensoría del Pueblo ha denominado a Cali la capital del posconflicto. En estas comunas, además, hay excombatientes quienes pertenecieron a grupos armados ilegales que fueron reubicados en varios barrios de estas comunas. “En los barrios de esas comunas las comunidades están expuestas a hechos vulneratorios de derechos humanos, como robos y homicidios, en su mayoría perpetrados por bandas criminales, presuntamente integradas por personas que hicieron parte del proceso de dejación y reincorporación, pero que volvieron a delinquir”, dice la alerta.
Una fuente que maneja asuntos de seguridad en la Alcaldía, además de criticar la manera en que el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, ha encarado la crisis de orden público en Cali, señala que en lo que se vive en Cali hay que contemplar que existen 10.000 hectáreas de coca en zona rural de Jamundí de las que nadie habla, pero que cambian totalmente la dinámica de Cali. El consejero de Seguridad de la Gobernación del Valle, Miguel Yusti, afirma que se están viendo en estos días dinámicas de grupos urbanos como en su momento lo hizo el M-19 en distintas ciudades. “Lo que está pasando en Cali no tiene precedentes, está sitiada”, advirtió el académico caleño.
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El exasesor de seguridad de Cali Alberto Sánchez tampoco ve muy claro qué interés tienen las disidencias de llegar a la capital del Valle, si allí sus enlaces están más destinados es al lavado de dinero que viene del narcotráfico y la minería ilegal. “Las disidencias como el frente Jaime Martínez y la Dagoberto Ramos están interesadas en el narcotráfico, el tema ideológico ya no les importa. Así que no entiendo por qué tendrían que estar allá, mucho menos la Segunda Marquetalia. Cali no es un lugar fundamental para el narcotráfico. Tampoco para ellos es negocio que la Dijín y la inteligencia militar los empiecen a identificar claramente”.
La salida a la crisis que se vive en Cali no se ve cerca y cada jornada de manifestaciones sigue arrojando heridos, muertos y desaparecidos. La llegada de la minga indígena (que se retiró justo ayer) y la falta de espacios de diálogo entre líderes de las marchas y el presidente Iván Duque son hechos que alarman a los habitantes de Cali, que viven en medio de la zozobra luego de dos semanas convulsas de paro nacional.