“El gran aporte que puede hacer América Latina para enfrentar el desafío existencial del cambio climático es proteger la Amazonía”, dice, sin rodeos, Juan Pappier, subdirector en funciones para las Américas de Human Rights Watch. La ONG estadounidense lanzó este jueves su informe global sobre derechos humanos en 2022 y en el capítulo sobre Colombia recoge, entre otras cosas, que, en el camino por proteger los ecosistemas amazónicos, aunque el país ha prometido hacer mucho, los resultados que ha obtenido han sido más bien limitados.
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El informe recoge que, “la deforestación y los incendios forestales están llevando a la selva amazónica, que constituye un baluarte clave para contrarrestar el cambio climático, a un ‘punto de inflexión’ del cual no podrá recuperarse, según advierten científicos”. Hay casos tremendamente preocupantes, como el de Brasil, donde las políticas del ahora expresidente Jair Bolsonaro llevaron a índices de deforestación no vistos en 15 años. O Venezuela, donde la minería ilegal está produciendo graves afectaciones al ambiente y a los pueblos indígenas.
El diagnóstico que Human Rights Watch hace sobre la deforestación en Colombia tampoco es muy alentador. Primero, recuerda que las estadísticas del Gobierno registraron que para 2021, 174.000 hectáreas de bosque fueron deforestadas, un aumento del 1,5% frente al año anterior. En segundo lugar, explica que al menos 9.000 hectáreas del área deforestada son “territorios oficialmente bajo la tenencia de pueblos indígenas, lo cual en algunos casos provocó su desplazamiento forzado”.
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Y, finalmente, recuerda que al menos dos terceras partes del área arrasada se encuentran en la Amazonía. Entretanto, la estrategia insignia del gobierno de Iván Duque para hacerle frente al problema de la deforestación era la Operación Artemisa, una campaña militar criticada y sobre la que constantemente se denunciaron violaciones de derechos humanos. “En la práctica parecía más enfocada en capturar a campesinos que talaban algún árbol y no en desmantelar a las estructuras que estaban detrás de la deforestación masiva en Colombia”, recordó Pappier.
En la problemática de la deforestación, recuerda Human Rights Watch, las autoridades conocen quiénes son los principales actores. “Los productores ganaderos y los grupos disidentes de las Farc son quienes mayormente impulsan la deforestación, y presionan a los residentes para talar árboles, extorsionan a campesinos, promueven los cultivos de hoja de coca para la producción cocaína y amenazan a las personas que defienden la conservación”, escribió la organización en su capítulo sobre Colombia.
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A renglón seguido añade que, en septiembre de 2022, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anunció que el nuevo gobierno tendría otra estrategia frente a la deforestación, centrada en trabajar con las comunidades para prevenir la tala e impulsar investigaciones contra los grandes actores involucrados. “Es valioso el compromiso que tiene el presidente Petro con el tema y estamos muy atentos de cómo se va a implementar”, comentó al respecto Juan Pappier.
Finalmente, Human Rights Watch advirtió en un comunicado que, en las Américas, “la deforestación ilegal desenfrenada está devastando la biodiversidad de la región y los medios de vida de quienes viven en los bosques y, junto a la industria de combustibles fósiles, sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero”. Y en este último frente tampoco hay muchas acciones a destacar por parte de Colombia, pues aunque se comprometió a reducir sus emisiones en el Acuerdo de París, Climate Action Tracker calificó el esfuerzo que ha hecho el país como “muy insuficiente”.
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