Camilo Ruiz no acepta cargos por escándalo del cartel de la toga

La Fiscalía le imputó cargos al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Camilo Ruíz por su presunta participación en el escándalo del Cartel de la Toga. De acuerdo con el ente acusador, Ruíz habría exigido cerca de $400 millones para entorpecer dos procesos que estaba en el despacho del suspendido magistrado Gustavo Malo, también vinculado al presunto entramado de corrupción de la rama judicial. Por estos hechos, se le imputó el cargo de cohecho. Ante los señalamientos, Ruíz se declaró inocente.

Ruíz fue señalado por la Fiscalía de haber participado de la red de corrupción al interior del alto tribunal, de esta red también habrían participado los exmagistrados José Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Luis Pinilla y el magistrado suspendido, Gustavo Malo Fernández. Estos habrían cambiado decisiones y engavetado decisiones a cambio de millonarias coimas.

(Puede ver: Exrepresentante Argenis Velázquez habría pagado $200 millones al cartel de la toga)

En el caso de Ruíz, el ente acusador lo señaló de haber recibido $400 millones para entorpecer dos procesos que estaban surtiendo su camino en el despacho del magistrado Malo: el del senador Nilton Córdoba y el de la excongresista Argenis Velásquez. El intermediario de ambas entregas -de $200 millones cada una- habría sido el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, cuando este se encontraba todavía litigando.

En el caso de la exrepresentante por el Putumayo, el ente acusador aseguró en diferentes oportunidades que Ruíz habría recibido una millonaria suma para dilatar la investigación que tenía Velásquez en la Corte Suprema por presunta malversación de recursos cuando fue alcaldesa de Orito, Putumayo.

(También: Procuraduría abre investigación formal a Camilo Ruiz por cartel de la toga)

Según el ente investigador, Moreno se comunicó con Ruíz para conocer qué había pasado en el proceso en contra de Velásquez, que estaba bajo la competencia del magistrado Gustavo Malo. Al saber que existía una inminente orden de captura en contra de la representante, Luis Gustavo Moreno habría concertado con el magistrado auxiliar para torpedear el proceso y ralentizarlo.

“La principal forma de retardar la investigación fue ordenar prácticas de prueba, incluso repetidas, y la defensa solicitaba aplazamientos. Algunos de esos aplazamientos iban de acuerdo con la defensa y proponían fechas que se cruzaban con eventos que tenía anteriormente Luis Gustavo Moreno”, declaró la Fiscalía en la audiencia contra Argenis Velásquez. Gracias a la acción de Camilo Ruíz, supuestamente el proceso se dilató por dos años: de noviembre de 2014 a noviembre de 2016.

(Vea: Cartel de la toga: la Fiscalía investigará a exmagistrado del despacho de Gustavo Malo)

En el caso de Nilton Córdoba, también se le habrían entregado $200 millones a Camilo Ruíz para que dilatara el proceso en contra del senador originario del Chocó. A cambio de esta suma, Ruíz, según aseguró Luis Gustavo Moreno, se habría comprometido a que la investigación por vínculos con paramilitares en contra de Córdoba no pasara al “grupo de parapolítica” al interior de la corte y que se ordenarían innumerables pruebas en fechas en las que Moreno, en ese momento defensor del congresista, no podía asistir para aplazarlas.

Asimismo, las investigaciones hechas por la Fiscalía y testimonios como el de Gustavo Malo señalarían que Ruiz se reunió con los exsenadores Bernardo Elías y Musa Besaile, cuando ya tenían procesos en el despacho de Malo. Días después de estas reuniones, se habría emitido una decisión a favor de Besaile.

(También: Corte Suprema abre investigación a Nilton Córdoba por cartel de la toga)

Además de las investigaciones en la Fiscalía por presunto cohecho, a Camilo Ruíz tiene una investigación formal en la Procuraduría por el presunto cobro de coimas para enlentecer los procesos en la Corte Suprema. En octubre del 2017, la entidad abrió indagación preliminar contra Ruiz, así como contra sus colegas Raúl Acero y Luz Mabel Parra -quienes trabajaron con el exmagistrado José Leónidas Bustos-.

La Fiscalía le imputó cargos al exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Camilo Ruíz por su presunta participación en el escándalo del Cartel de la Toga. De acuerdo con el ente acusador, Ruíz habría exigido cerca de $400 millones para entorpecer dos procesos que estaba en el despacho del suspendido magistrado Gustavo Malo, también vinculado al presunto entramado de corrupción de la rama judicial. Por estos hechos, se le imputó el cargo de cohecho. Ante los señalamientos, Ruíz se declaró inocente.

Ruíz fue señalado por la Fiscalía de haber participado de la red de corrupción al interior del alto tribunal, de esta red también habrían participado los exmagistrados José Leónidas Bustos, Francisco Ricaurte, el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, el abogado Leonardo Luis Pinilla y el magistrado suspendido, Gustavo Malo Fernández. Estos habrían cambiado decisiones y engavetado decisiones a cambio de millonarias coimas.

(Puede ver: Exrepresentante Argenis Velázquez habría pagado $200 millones al cartel de la toga)

En el caso de Ruíz, el ente acusador lo señaló de haber recibido $400 millones para entorpecer dos procesos que estaban surtiendo su camino en el despacho del magistrado Malo: el del senador Nilton Córdoba y el de la excongresista Argenis Velásquez. El intermediario de ambas entregas -de $200 millones cada una- habría sido el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, cuando este se encontraba todavía litigando.

En el caso de la exrepresentante por el Putumayo, el ente acusador aseguró en diferentes oportunidades que Ruíz habría recibido una millonaria suma para dilatar la investigación que tenía Velásquez en la Corte Suprema por presunta malversación de recursos cuando fue alcaldesa de Orito, Putumayo.

(También: Procuraduría abre investigación formal a Camilo Ruiz por cartel de la toga)

Según el ente investigador, Moreno se comunicó con Ruíz para conocer qué había pasado en el proceso en contra de Velásquez, que estaba bajo la competencia del magistrado Gustavo Malo. Al saber que existía una inminente orden de captura en contra de la representante, Luis Gustavo Moreno habría concertado con el magistrado auxiliar para torpedear el proceso y ralentizarlo.

“La principal forma de retardar la investigación fue ordenar prácticas de prueba, incluso repetidas, y la defensa solicitaba aplazamientos. Algunos de esos aplazamientos iban de acuerdo con la defensa y proponían fechas que se cruzaban con eventos que tenía anteriormente Luis Gustavo Moreno”, declaró la Fiscalía en la audiencia contra Argenis Velásquez. Gracias a la acción de Camilo Ruíz, supuestamente el proceso se dilató por dos años: de noviembre de 2014 a noviembre de 2016.

(Vea: Cartel de la toga: la Fiscalía investigará a exmagistrado del despacho de Gustavo Malo)

En el caso de Nilton Córdoba, también se le habrían entregado $200 millones a Camilo Ruíz para que dilatara el proceso en contra del senador originario del Chocó. A cambio de esta suma, Ruíz, según aseguró Luis Gustavo Moreno, se habría comprometido a que la investigación por vínculos con paramilitares en contra de Córdoba no pasara al “grupo de parapolítica” al interior de la corte y que se ordenarían innumerables pruebas en fechas en las que Moreno, en ese momento defensor del congresista, no podía asistir para aplazarlas.

Asimismo, las investigaciones hechas por la Fiscalía y testimonios como el de Gustavo Malo señalarían que Ruiz se reunió con los exsenadores Bernardo Elías y Musa Besaile, cuando ya tenían procesos en el despacho de Malo. Días después de estas reuniones, se habría emitido una decisión a favor de Besaile.

(También: Corte Suprema abre investigación a Nilton Córdoba por cartel de la toga)

Además de las investigaciones en la Fiscalía por presunto cohecho, a Camilo Ruíz tiene una investigación formal en la Procuraduría por el presunto cobro de coimas para enlentecer los procesos en la Corte Suprema. En octubre del 2017, la entidad abrió indagación preliminar contra Ruiz, así como contra sus colegas Raúl Acero y Luz Mabel Parra -quienes trabajaron con el exmagistrado José Leónidas Bustos-.