Campesino de 80 años entutela a la Unidad de Víctimas y reclama su indemnización

Enrique del Carmen Castillo es un octogenario campesino que toda la vida se untó las manos de tierra para sobrevivir. Hace unos días, el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta admitió la tutela que le ayudaron a hacer “amistades”, para acceder a la indemnización que le ha prometido la Unidad de Víctimas desde 2020. Su hijo fue asesinado en 1997 por grupos armados y el Estado está en la obligación de tenderle la mano.

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En los noventa, Enrique Castillo cultivaba café y trabajaba en huertas en el Magdalena. En julio de 1997, su hijo Rulver Castillo apareció asesinado en el municipio de Aracataca. “Lo mataron. Eso no se sabe quiénes fueron y por qué. Él no tenía cuentas pendientes con nadie. Ni pertenecía a ningún grupo. Solo trabajábamos juntos como campesinos y en el pueblo por ahí manejando carros viejos”, le dijo a este diario.

Castillo cuenta que la Fiscalía no le ha dado razón después de 25 años y que en 2012, una vez conocida la Ley de Víctimas, se acercó a la Defensoría del Pueblo para contar su caso. La institución remitió el expediente a la Unidad de Víctimas, la cual le avaló su indemnización en dos oportunidades. En junio de 2020, por un 50% y en noviembre de 2021, por un 25%, luego de que la madre de la víctima participara en el trámite. A pesar de ello, no ha podido obtener un solo peso y, por tanto, entuteló a la Unidad.

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“Yo no sé qué ha pasado con la indemnización. Uno es analfabeto. Uno no sabe si lo engañan o no lo engañan. Nunca me han llamado pa’ pagos ni nada. Eso es una mentira. En ningún banco ha habido plata a nombre mío. A mí me la familia me regala plata. Los amigos me dan diez, me dan cinco. Me dan el pasaje. Unos me dan la comida, otros me dan la dormida”, agregó.

El Juzgado de Santa Marta aceptó estudiar la petición y verificar si han sido vulnerados los derechos de Castillo de petición, debido proceso y mínimo vital. Vinculó al director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, para que en conjunto con despachos de la institución elabore un informe completo y detallado respecto de la acción de tutela.

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Según presentó Castillo en su tutela, en una resolución de la Unidad, del 19 de noviembre de 2021, la institución priorizó el pago y además lo reconoció como persona altamente vulnerable. El padre de la víctima aportó su historia clínica, en la cual quedo demostrado que sufre afecciones respiratorias graves. La entrevista con este diario tuvo que ser suspendida por los mismos motivos.

“En diversas conversaciones realizadas con el centro de atención en línea (chat) de la Unidad de Víctimas se me informo que el giro correspondiente a mi indemnización había sido enviado y luego devuelto debido a que no se había cobrado. Esta situación ya se ha presentado tres veces. En ningún momento me notificaron de dicho giro ni por vía de mensaje de texto, llamada y email, mis datos han sido siempre los mismos y no han tenido ningún tipo de modificación”, señaló Castillo en el documento.

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En la resolución del 19 de noviembre de 2021, la Unidad de Víctimas señala que desde junio de 2020 Castillo ha podido obtener su indemnización, sin embargo, el porcentaje asignado “no fue cobrado”. Por lo cual, los recursos regresaron al Ministerio de Hacienda. Lo último que le respondieron a Castillo, a través del chat en línea, el pasado 1 de abril, fue que “el recurso asignado a su nombre a título de indemnización no fue cobrado en los tiempos establecidos y ahora debe iniciarse un trámite de reprogramación”.

A pesar de ello, el octogenario Castillo asegura que nunca ha recibido una sola llamada o correo en el que le indiquen que ya había podido acceder al resarcimiento del Estado. Pide, vía tutela, que la Unidad de Víctimas le comunique de forma clara el desarrollo de su proceso, pues en dos años nunca supo que podía acceder a la reparación. A este diario, aparte, le preguntó si su trámite “se demora mucho”. Y finalizó así: “Ya no puede uno ni con las patas. Ya solo queda el recuerdo apenas”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Enrique del Carmen Castillo es un octogenario campesino que toda la vida se untó las manos de tierra para sobrevivir. Hace unos días, el Juzgado Primero de Familia de Santa Marta admitió la tutela que le ayudaron a hacer “amistades”, para acceder a la indemnización que le ha prometido la Unidad de Víctimas desde 2020. Su hijo fue asesinado en 1997 por grupos armados y el Estado está en la obligación de tenderle la mano.

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En los noventa, Enrique Castillo cultivaba café y trabajaba en huertas en el Magdalena. En julio de 1997, su hijo Rulver Castillo apareció asesinado en el municipio de Aracataca. “Lo mataron. Eso no se sabe quiénes fueron y por qué. Él no tenía cuentas pendientes con nadie. Ni pertenecía a ningún grupo. Solo trabajábamos juntos como campesinos y en el pueblo por ahí manejando carros viejos”, le dijo a este diario.

Castillo cuenta que la Fiscalía no le ha dado razón después de 25 años y que en 2012, una vez conocida la Ley de Víctimas, se acercó a la Defensoría del Pueblo para contar su caso. La institución remitió el expediente a la Unidad de Víctimas, la cual le avaló su indemnización en dos oportunidades. En junio de 2020, por un 50% y en noviembre de 2021, por un 25%, luego de que la madre de la víctima participara en el trámite. A pesar de ello, no ha podido obtener un solo peso y, por tanto, entuteló a la Unidad.

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“Yo no sé qué ha pasado con la indemnización. Uno es analfabeto. Uno no sabe si lo engañan o no lo engañan. Nunca me han llamado pa’ pagos ni nada. Eso es una mentira. En ningún banco ha habido plata a nombre mío. A mí me la familia me regala plata. Los amigos me dan diez, me dan cinco. Me dan el pasaje. Unos me dan la comida, otros me dan la dormida”, agregó.

El Juzgado de Santa Marta aceptó estudiar la petición y verificar si han sido vulnerados los derechos de Castillo de petición, debido proceso y mínimo vital. Vinculó al director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, para que en conjunto con despachos de la institución elabore un informe completo y detallado respecto de la acción de tutela.

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Según presentó Castillo en su tutela, en una resolución de la Unidad, del 19 de noviembre de 2021, la institución priorizó el pago y además lo reconoció como persona altamente vulnerable. El padre de la víctima aportó su historia clínica, en la cual quedo demostrado que sufre afecciones respiratorias graves. La entrevista con este diario tuvo que ser suspendida por los mismos motivos.

“En diversas conversaciones realizadas con el centro de atención en línea (chat) de la Unidad de Víctimas se me informo que el giro correspondiente a mi indemnización había sido enviado y luego devuelto debido a que no se había cobrado. Esta situación ya se ha presentado tres veces. En ningún momento me notificaron de dicho giro ni por vía de mensaje de texto, llamada y email, mis datos han sido siempre los mismos y no han tenido ningún tipo de modificación”, señaló Castillo en el documento.

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A pesar de ello, el octogenario Castillo asegura que nunca ha recibido una sola llamada o correo en el que le indiquen que ya había podido acceder al resarcimiento del Estado. Pide, vía tutela, que la Unidad de Víctimas le comunique de forma clara el desarrollo de su proceso, pues en dos años nunca supo que podía acceder a la reparación. A este diario, aparte, le preguntó si su trámite “se demora mucho”. Y finalizó así: “Ya no puede uno ni con las patas. Ya solo queda el recuerdo apenas”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.