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La Corte Constitucional tiene en su poder un conflicto de competencias que debe resolver con celeridad. Así lo pidió la procuradora Margarita Cabello. Se trata de definir cuál es el juez competente para conocer una acción de tutela que presentó una comunidad étnica en la que argumentan que no fue consultada previamente para avanzar con la realización de la obra del Canal del Dique.
El megaproyecto que promete controlar el tránsito de sedimentos entre el canal y las bahías de Cartagena y Barbacoas, así como mitigar el riesgo de inundaciones en la costa, se encuentra en stand by porque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dijo que hasta que la Corte Constitucional no resolviera el conflicto de competencia la adjudicación del proyecto por $3.1 billones quedaba suspendido de manera indefinida.
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Esta no es la primera vez que se suspende la adjudicación, con esta ya ha ocurrido cuatro veces. El meollo del asunto en este caso es que la Corte debe definir cuál juez es el competente para conocer y resolver la acción de tutela que presentó el Consejo de las Comunidades Negras del Corregimiento Los Olivos de Hato Viejo. La población reclama que en ningún momento tuvieron en cuenta su postura sobre la realización del megaproyecto a pesar del impacto que tiene en la región. Es decir, reclaman que no hubo una consulta previa.
La acción de tutela quedó en el despacho del juzgado sexto administrativo de Cartagena y este fue remitido al juzgado tercero penal de Sincelejo por solicitud de la ANI y Cormagdalena argumentando que ese despacho había conocido con anterioridad tutelas similares relacionadas con el proyecto del Canal del Dique. En medio de la definición sobre quién conoce el expediente se presentó un conflicto de competencia que llegó a la Corte Constitucional.
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Así las cosas, este viernes se conoció que la procuradora Cabello envió una petición al alto tribunal en la que señaló que el caso es “asunto de especial trascendencia social”, razón por la que “debe resolverse de manera preferente”. Además, porque como lo anunció la ANI, el proceso de adjudicación se encuentra suspendido indefinidamente. De acuerdo con la procuradora es importante que se defina cuál es la autoridad para conocer el caso, y de esa forma se adopte una decisión para que no haya más dilación.
Esta no es la primera vez que el megaproyecto se enfrenta a temas jurídicos. La obra ha tenido críticas de toda índole, desde inquietudes sobre sus impactos ambientales, la efectiva participación de las comunidades de la zona, hasta una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz que ordenó que se garantice la búsqueda desaparecidos en esta zona. La justicia transicional adelantó audiencia pública en la que dejó claro que se debe tener medidas de protección y recuperación de los cuerpos que puedan estar en esa zona por cuenta del conflicto armado.
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En materia fiscal, la Contraloría en su momento alertó sobre algunos inquietudes respecto del licenciamiento ambiental, el riesgo arqueológico y la obligación de dragar el canal sin tener definido el nivel de servicio que se le exigirá al concesionario que se le adjudique el proyecto. De momento, la pelota está en manos de la Corte Constitucional que debe resolver el conflicto de competencia. Una vez ocurra, tanto la ANI, como demás entidades deberán avanzar con la adjudicación del proyecto.
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