Canciller Leyva toma acciones judiciales contra la Procuraduría: radica tutela

Tres semanas después de que la Procuraduría apartara del cargo, por tres meses, al canciller Álvaro Leyva, la defensa de uno de los alfiles del gobierno de Gustavo Petro tomó las primeras acciones de respuesta. En este caso, el abogado Yefferson Dueñas presentó una acción de tutela contra la Procuraduría, por lo que considera una grave violación a los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso y a ejercer cargos públicos. Leyva está suspendido mientras la Procuraduría lo investiga por sus acciones durante la declaratoria desierta del millonario contrato para pasaportes que, si no fuera por el “no” rotundo de Leyva, hubiese quedado en manos de la firma Thomas Greg and Sons.

En contexto: Canciller Álvaro Leyva se apartará del cargo: asume suspensión de Procuraduría

La Procuraduría, en fallos de primera y segunda instancia, el último firmado por la procuradora Margarita Cabello, consideró que Leyva podría reincidir en conductas que laceren la función pública y, por tanto, consideró suspenderlo provisionalmente, sin derecho a remuneración. Entre las consideraciones del órgano de control está el reproche por la declaratoria desierta de la millonaria licitación, cuando el comité de contratación de la misma Cancillería se mantenía firme en contratar con Thomas Greg. La defensa de Leyva, de otro lado, explica que, al ser una licitación pública, no tenía sentido que a la final solo se presentara un oferente y que, entre las facultades de Leyva, está ordenar el gasto de la Cancillería. Y, en ese cruce de posiciones, la Procuraduría sacó del puesto a Leyva provisionalmente, considerando que evita un peligro futuro.

En consecuencia, en la tutela, la defensa de Leyva explica lo siguiente: “En un Estado social de Derecho, la medida de suspensión provisional de servidores públicos, especialmente de quienes conforman el Gobierno, debe responder a criterios rigurosos y adoptarse sobre la base de pruebas sólidas que demuestren la necesidad y urgencia de una medida tan gravosa. Representa un verdadero peligro para la institucionalidad que las medidas cautelares en el ejercicio de la función disciplinaria sean adoptadas sin ningún rigor jurídico y probatorio”.

Editorial: En una democracia las reglas del juego se cumplen

La defensa de Leyva agregó que hoy es Leyva, pero mañana puede ser cualquier servidor público al que se le vulneren sus derechos. Por tanto, solicitó al juez que, por reparto, conozca el expediente, que anule la disposición de la Procuraduría que lo tiene por fuera del ministerio de las relaciones exteriores. De mantenerse la suspensión, sugiere el abogado de Leyva, se estaría dando vía libre a una especie de “cuota inicial” de un fallo sancionatorio. Esto violaría el debido proceso, dado que Leyva no ha sido sancionado formalmente y apenas su juicio disciplinario iniciará este 15 de febrero.

De un lado, la defensa de Leyva argumentó que “no están acreditadas las condiciones fácticas (es decir, no hay pruebas) que sustenten en el caso concreto, más allá de afirmaciones genéricas e inconexas, por qué la permanencia en el cargo del señor Canciller, mientras avanza la investigación disciplinaria, posibilita la reiteración de una presunta falta”.

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Y agregó que: “el ‘patrón de comportamiento’ invocado por la Procuraduría es inexistente. Solo se ha declarado desierta una única licitación de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores y obedeció a la necesidad de hacer prevalecer la legalidad y evitar la adjudicación en un proceso adelantado con un pliego de condiciones que comprometía en forma grave principios de la contratación estatal”.

Entre otras consideraciones, la defensa de Álvaro Leyva plasmó en su tutela que la Procuraduría no ha justificado la proporcionalidad de su medida, tal como se lo advirtió la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un oficio hace dos semanas. La defensa invitó al juzgado del caso a evaluar si, en realidad, se trataría de una severa restricción a los derechos fundamentales de Leyva, que incluso está “perturbando” las normales relaciones internacionales de Colombia. Tampoco hay beneficios en concreto, pues Leyva dejó un contrato de urgencia manifiesta que permitió a Colombia seguir teniendo pasaportes, mientras se desarrolla la nueva licitación.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Tres semanas después de que la Procuraduría apartara del cargo, por tres meses, al canciller Álvaro Leyva, la defensa de uno de los alfiles del gobierno de Gustavo Petro tomó las primeras acciones de respuesta. En este caso, el abogado Yefferson Dueñas presentó una acción de tutela contra la Procuraduría, por lo que considera una grave violación a los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso y a ejercer cargos públicos. Leyva está suspendido mientras la Procuraduría lo investiga por sus acciones durante la declaratoria desierta del millonario contrato para pasaportes que, si no fuera por el “no” rotundo de Leyva, hubiese quedado en manos de la firma Thomas Greg and Sons.

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La Procuraduría, en fallos de primera y segunda instancia, el último firmado por la procuradora Margarita Cabello, consideró que Leyva podría reincidir en conductas que laceren la función pública y, por tanto, consideró suspenderlo provisionalmente, sin derecho a remuneración. Entre las consideraciones del órgano de control está el reproche por la declaratoria desierta de la millonaria licitación, cuando el comité de contratación de la misma Cancillería se mantenía firme en contratar con Thomas Greg. La defensa de Leyva, de otro lado, explica que, al ser una licitación pública, no tenía sentido que a la final solo se presentara un oferente y que, entre las facultades de Leyva, está ordenar el gasto de la Cancillería. Y, en ese cruce de posiciones, la Procuraduría sacó del puesto a Leyva provisionalmente, considerando que evita un peligro futuro.

En consecuencia, en la tutela, la defensa de Leyva explica lo siguiente: “En un Estado social de Derecho, la medida de suspensión provisional de servidores públicos, especialmente de quienes conforman el Gobierno, debe responder a criterios rigurosos y adoptarse sobre la base de pruebas sólidas que demuestren la necesidad y urgencia de una medida tan gravosa. Representa un verdadero peligro para la institucionalidad que las medidas cautelares en el ejercicio de la función disciplinaria sean adoptadas sin ningún rigor jurídico y probatorio”.

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La defensa de Leyva agregó que hoy es Leyva, pero mañana puede ser cualquier servidor público al que se le vulneren sus derechos. Por tanto, solicitó al juez que, por reparto, conozca el expediente, que anule la disposición de la Procuraduría que lo tiene por fuera del ministerio de las relaciones exteriores. De mantenerse la suspensión, sugiere el abogado de Leyva, se estaría dando vía libre a una especie de “cuota inicial” de un fallo sancionatorio. Esto violaría el debido proceso, dado que Leyva no ha sido sancionado formalmente y apenas su juicio disciplinario iniciará este 15 de febrero.

De un lado, la defensa de Leyva argumentó que “no están acreditadas las condiciones fácticas (es decir, no hay pruebas) que sustenten en el caso concreto, más allá de afirmaciones genéricas e inconexas, por qué la permanencia en el cargo del señor Canciller, mientras avanza la investigación disciplinaria, posibilita la reiteración de una presunta falta”.

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Y agregó que: “el ‘patrón de comportamiento’ invocado por la Procuraduría es inexistente. Solo se ha declarado desierta una única licitación de los numerosos procesos contractuales que ha adelantado el Ministerio de Relaciones Exteriores y obedeció a la necesidad de hacer prevalecer la legalidad y evitar la adjudicación en un proceso adelantado con un pliego de condiciones que comprometía en forma grave principios de la contratación estatal”.

Entre otras consideraciones, la defensa de Álvaro Leyva plasmó en su tutela que la Procuraduría no ha justificado la proporcionalidad de su medida, tal como se lo advirtió la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en un oficio hace dos semanas. La defensa invitó al juzgado del caso a evaluar si, en realidad, se trataría de una severa restricción a los derechos fundamentales de Leyva, que incluso está “perturbando” las normales relaciones internacionales de Colombia. Tampoco hay beneficios en concreto, pues Leyva dejó un contrato de urgencia manifiesta que permitió a Colombia seguir teniendo pasaportes, mientras se desarrolla la nueva licitación.

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