Un grano de arena en el expediente por falsos positivos de indígenas wayuú

El desierto de La Guajira, hogar del pueblo wayuú, ha visto cómo la violencia ha atravesado cada granito de la arena que lo cubre. Por ello, buscar los nombres de las víctimas es como escarbar en su aridez, entre los montones de testimonios, uno que nombre la esperanza y la justicia. La historia de la familia indígena Ipuana es hoy ese granito de arena que, en medio del proceso de justicia transicional en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encontró en el perdón una forma de aferrarse. De volver a ser desierto y hogar. De unirse, tras ser víctimas del conflicto armado colombiano.

El desierto de La Guajira, hogar del pueblo wayuú, ha visto cómo la violencia ha atravesado cada granito de la arena que lo cubre. Por ello, buscar los nombres de las víctimas es como escarbar en su aridez, entre los montones de testimonios, uno que nombre la esperanza y la justicia. La historia de la familia indígena Ipuana es hoy ese granito de arena que, en medio del proceso de justicia transicional en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encontró en el perdón una forma de aferrarse. De volver a ser desierto y hogar. De unirse, tras ser víctimas del conflicto armado colombiano.

Alfredo Uriana Ipuana no era un guerrillero. Lo mató el Ejército el 5 de septiembre de 2004. La noticia que en su momento publicó el Diario del Norte decía que un indígena murió en medio de un combate. Pero todo resultó falso. El indígena padre de familia dedicado al pastoreo y el campo. El Ejército lo había señalado varias veces, decían que él transportaba alimentos y comida para la guerrilla en la parte alta de las montañas. Lo señalaron tanto, hasta que un día lo asesinaron.

Pasaron 20 años para que, hasta que este 26 de abril de 2024, públicamente la historia registrara que alguien agachó la mirada y ofreció sus disculpas. Gracias a la búsqueda de justicia de la familia y el trabajo de la JEP, en frente de primos y vecinos de Alfredo Uriana Ipuana, el capitán (r) del Ejército, Camilo Rodríguez, se presentó para reconocer responsabilidad por su participación en el asesinato del indígena, presentado falsamente como una baja en combate.

Justo un día antes de esta diligencia, en una reunión privada entre el militar y el núcleo familiar más cercano de la víctima, se dio un diálogo y la entrega por parte de Rodríguez de una ofrenda de cinco chivos. Un símbolo del poder, la riqueza y la resolución de conflictos en este pueblo. A esto se sumó que el acto restaurativo fue traducido en lengua wayuunaiki en una ranchería cerca al municipio de Albania (La Guajira). El espacio fue recibido con lluvia, como si la misma naturaleza fertilizara el suelo para sembrar de nuevo esos lazos comunitarios que rompió el conflicto armado.

Mientras más de dos decenas de niños pintaban máscaras, llenas de elementos que han sido representados por su pueblo, este compareciente, un hombre alto, rubio, de ojos azul claro y contextura gruesa, agarró con fuerza el documento de lo que luego leería ante la familia de Alfredo. Aquí, los pequeños fueron testigos para aprender y transmitir esta forma de justicia, una centrada en la paz y el perdón. Una, en la que no fue necesario relatar aquellos hechos, ni la memoria violenta, siendo una forma de justicia que no reitera para evitar revictimizar.

Aunque todos los presentes escucharon atentos, en sus rostros se reflejaba que entendían ni media palabra del wayuunaiki, y esa fue la metáfora de todo aquello que se rompió cuando la violencia entró a estos territorios a inicios de los 2000. Acusaron y mataron a Alfredo, que ni su misma lengua hablaba, y ahora la comunidad traduce un perdón, con los rostros serios y atentos, observando a los hombres que hablan bajo un rancho donde cuelgan de fondo hamacas y una tela de la JEP. El diálogo tan justo como simbólico. Uno que llevó al perdón y hasta la corrección del Diario del Norte con la verdad de lo que dijo en su momento sobre Alfredo.

El capitán (r) Camilo Rodríguez se desempeñó como oficial del Gaula Guajira en grado de teniente. Entre 2001 y 2004, su cargo tuvo diversas funciones como aquellas antiextorsión y secuestro del departamento, y ejercía operativos con base en información suministrada por las redes de inteligencia y los organismos del Estado. “Hoy en medio de la más grande deshonra que pudiera sentir un soldado, pero con la frente en alto”, dijo el compareciente, quien, manifestando el mayor respeto por el daño causado, reconoció los hechos que él mismo ejecutó en 2004. “Siento impotencia y me avergüenzo por haber utilizado los recursos y el nombre del Ejército para participar en un hecho que careció de todo oficio moral y ético”, fueron parte de sus declaraciones.

Fue así que, Alfredo Ipuana Uriana fue asesinado por tropas del Grupo de Caballería Mecanizada No. 2 Juan José Rondón y del Gaula Militar de La Guajira. El primer grupo, para el momento de los hechos, estaba bajo el mando de Jorge Enrique Navarrete Jadeth, mientras que el Gaula estaba comandado por Óscar Rey Linares. Fueron estas autoridades las que enviaron al entonces teniente Rodríguez a ejecutar la supuesta baja con información de inteligencia sin confirmar. A pesar de esto, ninguno de los altos oficiales fue investigado por los hechos que, tras declaraciones en la JEP, se ha revelado que se trató de una ejecución extrajudicial.

Desde que se encendió un fogón en la mañana comenzó la armonización de este territorio, es decir, la búsqueda por el equilibrio y la apertura para escuchar y ritualizar el proceso restaurativo del pueblo indígena. Luego, en una danza tradicional wayuú, nueve mujeres vestidas de rojo corrieron hasta forzar a caer a un hombre persiguiéndolo al ritmo de un tambor. “Los espíritus están diciendo: lo malo queda aquí”, dice una de las lideresas invitadas a la ceremonia. Así, los mensajes negativos que pudieran llegar al evento ya están recogidos, se han ido con la tierra. Entra la paz, el viento sopla un saúco, ubicado en medio del público y los representantes, y desprende sus pequeñas flores.

En esta acción restaurativa no solo participaron las víctimas del pueblo Wayuú; a su petición y el compareciente, asistieron el magistrado Óscar Parra, correlator del caso 03 y el magistrado auxiliar, Camilo Bernal; la gobernación de la Guajira, en cabeza de Jairo Aguilar y la alcaldesa Nera Eloísa Robles —quien es la primera mujer wayuú en ejercer este cargo— del municipio Albania. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, también prometió asistir a la diligencia, pero finalmente no fue posible su presencia por una reunión con el presidente Gustavo Petro.

José Eduardo Paz, líder de la familia, quien era tío de la víctima, le hizo entrega de un sombrero a los magistrados y el representante de la Procuraduría como símbolo de compromiso de la justicia restaurativa. A él, fue quien el compareciente le dirigió su agradecimiento por buscar la verdad y reconstruir la dignidad de su familia y su comunidad. “Este es un día que no vamos a olvidar, así como la comunidad no va a olvidar lo que pasó”, dijo, en medio de la diligencia, la alcaldesa de Albania.

A través de estos reconocimientos, comparecientes como el capitán (r) Rodríguez contribuyen a restaurar el daño causado, recomponer los lazos rotos y generar condiciones de vida digna para las víctimas, comunidades y territorios. Además, se da en el marco del caso 03, el cual investiga los más de 6.402 asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Puntualmente, del subcaso Costa Caribe, una de las seis zonas que la Sala de Reconocimiento de Verdad priorizó en la investigación.

A su vez, el magistrado Parra, agradeció a la comunidad la apertura de un espacio tan valioso para su tejido social indígena. “Probablemente, la justicia no había venido antes aquí, de igual manera en que las instituciones y el Estado le han fallado a la comunidad wayúu”, resaltó el jurista. Parra reconoció la necesidad de las formas de proceder tradicionalmente para poder ejercer justicia con un enfoque étnico. “Estos daños están asociados al rompimiento del tejido comunitario, un tejido que se ha roto y desbalanceado. Por ello, estamos aquí como justicia para aportar, para restablecer el equilibrio de ese territorio atacado”, añadió Parra.

Por su parte, la comunidad manifestó su necesidad de acceder a la tierra, uno de los principales reclamos, junto con la baja calidad educativa y la falta de oportunidades laborales. No pueden producir alimentos, porque no tienen la potestad del rancherío donde habitan. Aunque hay esperanza en la paz, el camino de justicia, para ellos, apenas empieza. “El territorio para nosotros es cultivar la vida”, como dice lideresa wayuú.

Al final, los niños con sus máscaras puestas, ya terminadas, presentaron unos pequeños árboles. El arbolito de la paz, el de la esperanza, el del amor con semillas de cariño, un pájaro por la paz. Con timidez, se acercaron al compareciente y al magistrado. Hablaron del perdón, de quitar cargas del corazón para dar paso al crecimiento de esos árboles que fueron entregados. Este viernes, el desierto de La Guajira fue esa casa, rodeada de tierra arada, para sembrar un futuro de paz.

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