Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En sudadera, dependiendo de un pequeño tanque de oxigeno y en su departamento en el norte de Bogotá, así fue capturado un funcionario de la Procuraduría, quien trabajó hasta el pasado 15 de enero en el despacho del exprocurador Fernando Carrillo. Ese mismo día fue suspendido de su cargo por tres meses, pues hay denuncias en su contra de que ofreció servicios en el ente de control a cambio de millonarias sumas de dinero.
Le puede interesar: Las peticiones que hizo el presidente Duque a la procuradora Margarita Cabello
De acuerdo con la Fiscalía, Jesús Alejandro Garzón, cuya captura no se ha legalizado aún por parte de la institución, estaría implicado en el delito de concusión: cuando un funcionario público en uso de su cargo exige a una persona contribuciones por debajo de la mesa. Hasta hace unos días el capturado trabajaba como sustanciador en la oficina de Carrillo, cargo en el cual debía tramitar procesos que culminaran en decisiones en firme.
En concreto, la Fiscalía lo vinculó a una investigación penal por, presuntamente, a través de dos personas, exigirle $300 millones al senador Richard Aguilar con el objetivo de resolver a su favor un proceso disciplinario que se abrió por algunas actuaciones mientras Aguilar era gobernador de Santander. El caso, al final, resultó en sanción para el político santandereano, pues en 2018 fue multado con casi $40 millones a raíz de las irregularidades que se hallaron en un contrato de vigilancia privada.
Según ha manifestado públicamente el propio Aguilar, el funcionario de la Procuraduría llegó a pedirle dinero hasta por chat y él mismo puso en conocimiento del entonces procurador Fernando Carrillo el asunto, quien, a su vez, en 2019 reportó el tema en la Dijín de la Policía y en la Fiscalía. El proceso contra este funcionario, al parecer, va más allá de ese episodio: se investiga si estaba trabajando incluso en contra de la Procuraduría, pues podría haberse asociado con terceros para obtener sentencias de tutela que afectaran el órgano de control.
“La investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción desde el primer semestre de 2020, a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y otras labores de policía judicial, permitió recopilar elementos probatorios y evidencia física que evidenciarían la probable actuación irregular del servidor en los hechos ocurridos en diciembre de 2019”, agregó la Fiscalía.
El pasado 15 de enero, último día del periodo de Carrillo, la Procuraduría anunció que este funcionario en cuestión quedaba suspendido de su cargo. “Luego de varios meses de investigaciones solicitadas por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, la Veeduría abrió proceso disciplinario y suspendió de su cargo por tres meses a un funcionario quien presuntamente se dedicaba a exigir dinero a servidores públicos, contra quienes la entidad adelantaba acciones disciplinarias.sin decir su nombre”.
Fuentes cercanas a la Procuraduría de Carrillo aseguran que se trataba de un funcionario de carrera, razón por la cual no podían simplemente removerlo de la entidad. “Lo trasladaron de oficina mientras la Fiscalía avanzaba en la investigación. Sacar a alguien así sin comprobar antes que ha cometido una falta o un delito es un lío”, explicaron.
Este diario conoció que Jesús Alejandro Garzón ingresó a la institución en 1993 y desde 2005 trabajaba en la seccional auxiliar de Asuntos Disciplinarios. Además, entre el 1 de octubre de 2010 y el 8 de agosto de 2011 fue procurador regional en Santander. Después de pasar por varios despachos dentro de la misma entidad, en 2018 el capturado regresó a la oficina donde habría cometido el delito de concusión.
“El 17 de diciembre de 2019 luego de que el procurador general Carrillo tuviera conocimiento de la denuncia sobre una presunta exigencia de dinero por parte del funcionario, dio instrucción de solicitar a la Fiscalía General de la Nación y se pidió apoyo al Área Anticorrupción de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía”, explicaron fuentes en el órgano de control. .
De acuerdo con el ente investigador, se está indagando por otros funcionarios del despacho del exprocurador Carrillo. Además, dentro de las pesquisas se tienen los nombres de dos abogados que habrían participado en la exigencia económica del sustanciador, así como una abogada que se encargaría de presentar las tutelas en contra de la Procuraduría.
Lea también: “No tiene sentido tener órganos de control arrodillados”: Fernando Carrillo.
“No nos temblará la mano”: Margarita Cabello
Tras conocerse la detención, la Procuraduría General emitió un comunicado de prensa asegurando que este es el “primer resultado contundente en relación con las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación contra funcionarios y empleados que presuntamente y en compañía de personas externas conforman una estructura delincuencial, dedicada a realizar actos de corrupción al interior de la institución y que afectarían de manera seria a la misma y sus resultados”.
Luego de indicar que el exfuncionario detenido fue suspendido el 15 de enero pasado, la nueva procuradora, Margarita Cabello, señaló que habló con el fiscal Francisco Barbosa y que le solicitó continuar trabajando de manera armónica para adelantar las investigaciones que sean necesarias y tomar de manera oportuna las acciones que se requieran para depurar la entidad. “La Procuraduría cuenta con servidores ejemplares, pero sabemos que siempre habrá corruptos y delincuentes al acecho, a quienes les decimos que nosotros estaremos vigilantes, que no nos temblará la mano y que no les vamos a permitir cometer sus fechorías¨, dijo Cabello.