Ocho personas señaladas de participar en la financiación, planeación y ejecución en el atentado criminal que se perpetró el pasado 17 de enero de 2019, en las instalaciones de la Escuela de Policía General Santander. Ese día, la explosión de un carro bomba dentro de las instalaciones del resguardo policial causó la muerte de 22 jóvenes cadetes de la institución, posteriormente ascendidos de manera póstuma al grado de subteniente. Otros 89 uniformados resultaron heridos.
Se trata de Andrés Felipe Oviedo Espinel, alias Jesús; Carlos Arturo Marín Ríos, alias Marín; Angie Lorena Solano Cortés, alias Maco; Miguel Antonio Castillo Rodríguez, alias Toño; Anyi Daniela Martínez, alias Dani; Jessica Catherine Barrientos; Carlos Felipe Mateus Vargas, alias Carlitos; y Luis Sebastián Mateus Vargas, alias Sebas. La Fiscalía indicó que los responsables deberán responder por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio, actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y rebelión. Estas capturas se suman a las cinco que ya se habían realizado desde el inicio de la investigación en 2019.
El director de la Policía Nacional, coronel Oscar Atehortúa, indicó que la operación “22 héroes”, que permitió dar con el paradero de los ocho capturados (5 hombres y tres mujeres) señalados miembros de los frentes de guerra “Urbano Nacional” y “Oriental” del Eln, tuvo lugar en Bogotá, Manizales, Zipaquirá (Cundinamarca), Tuta (Boyacá) y Arauquita (Arauca). “Esta es nuestra respuesta de honor por la muerte de nuestros héroes de la patria”, expresó.
Dentro de los capturados figura el hombre conocido como “Jesús” o “Barbas”, presunto integrante desde el 2009 del grupo de radicalización violenta autodenominado “Llamaradas Mentes Libertarias”, y coordinador de un comando urbano del “Frente de Guerra Urbano Nacional” que delinque en Bogotá y Cundinamarca. Este sujeto habría recibido órdenes directas de “Culebro Viejo”, cabecilla del “Frente de Guerra Oriental” (que estaría en Venezuela y sobre el cual se expidió en los últimos días una nueva orden de captura con notificación azul de Interpol), para planificar y coordinar las actividades criminales que condujeron a la ejecución de la acción terrorista contra la Escuela General Santander.
Además, la investigación arrojó que, a comienzos de 2016 “Barbas” habría encabezado labores de instrucción en las denominadas escuelas de entrenamiento guerrillero del Eln, ubicadas en el departamento de Arauca y en zona de frontera con Venezuela, sobre observación delictiva, adaptación de espacios para el desarrollo de actividades terroristas y seguimiento de objetivos.
la DIJIN también adelantó una diligencia de allanamiento que permitió la captura de la mujer conocida como “Maco”, igualmente integrante del grupo “Llamaradas Mentes Libertarias” y presunta militante activa del “Frente de Guerra Urbano Nacional”. Las informaciones recaudadas señalan que habría participado en la construcción de los lineamientos y directrices del IV y V congreso del Eln. Alias Barbas y “Maco” eran, presuntamente, los tripulantes de la motocicleta que escoltó el vehículo que transportó los explosivos desde la bodega en la que se encontraba, en la localidad de Usme, hasta la Escuela General Santander. Además, estas dos personas habrían tenido participación activa en múltiples acciones terroristas, como la instalación de artefactos explosivos y bombas panfletarias en Bogotá, durante los últimos ocho años.
Otro de los capturados en este golpe estructural al Eln fue el sujeto conocido como “Marín”, presunto integrante del comando urbano del “Frente de Guerra Urbano Nacional”, quien, según la información recopilada, habría participado en el atentado terrorista contra las instalaciones de la escuela de la oficialidad, al ser el encargado de conducir, desde el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca) hasta Bogotá, la motocicleta utilizada para escoltar el automotor utilizado en la acción criminal.
También cayeron “Toño” y “Jessica”, señalados de sostener vínculos con la estructura de finanzas del “Frente de Guerra Oriental”, particularmente con Álvaro José Mateus Vargas o “el Quesero” y Wilson Arévalo Hernández, ambos capturados en 2019, por, presuntamente, haber financiado la acción terrorista contra la Escuela de Cadetes. “Jessica” habría efectuado actividades de observación delictiva antes y durante la ejecución del atentado, que se le facilitaban debido a su actividad comercial desarrollada en los alrededores de las instalaciones policiales, mediante una fachada de venta de productos lácteos.
Alias Dani, también capturada por la Policía Nacional en las últimas horas, era la presunta encargada de administrar dineros obtenidos a través de la empresa “Lácteos El Arauqueño” y, a la vez, compañera sentimental de su propietario, el capturado Álvaro Mateus o “el Quesero”. “Dani” tenía acceso a toda la información financiera y terrorista de la red de apoyo al terrorismo del “Frente de Guerra Oriental”, según los investigadores.
Los otros dos capturados son hermanos de alias El Quesero. Por un lado, está “Carlitos”, quien gracias a su relación con la producción de lácteos estaría transportando entre Arauca y Bogotá dineros, armamento y explosivos para el “Frente de Guerra Oriental”. Por otro, está “Sebas”, exintegrante del “Cartel de los Suizos”, organización delincuencial desmantelada a finales de 2018 y que estaba dedicada al contrabando de productos lácteos desde Venezuela hacia Colombia. Alias Sebas estaría lavando dinero como persona natural a través de un establecimiento de comercio perteneciente a la estructura terrorista.
La Fiscalía anunció que se formulará nueva imputación contra Álvaro José Mateus Vargas, alias El Quesero, por los delitos de homicidio en persona protegida y actos de terrorismo. Este hombre, capturado en mayo de 2019, fue condenado a finales del año pasado por un juez de Yopal (Casanare) a más de ocho años de prisión por los delitos de rebelión, concierto para delinquir agravado, y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.
En la operación se incautaron 15 celulares, cinco computadores portátiles, ocho memorias, dos tablets, una cámara fotográfica, 50 cartuchos 99 mm para fogueo, 15 millones de pesos en efectivo y documentación alusiva a la ideología del Eln, entre otros elementos.
Bienes con fines de extinción de dominio
El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, agregó que se logró identificar las bases financieras que patrocinaron a las milicias en Arauca y zonas de fronteras con Venezuela y se están afectando nueve bienes con fines de extinción de dominio en Bogotá, Zipaquirá (Cundinamarca), Manizales (Caldas); y en el corregimiento La Esmeralda, en Arauquita (Arauca). Las propiedades afectadas son cuatro establecimientos de comercio, una sociedad comercial y cuatro vehículos, a través de los cuales se lavaba dinero para dar apariencia de legalidad a ingresos provenientes de extorsiones y otras actividades delictivas.
Las propiedades afectadas son:
• Sociedad Inversiones y Comercializadora Aldama S.A.S., registrada como una empresa dedicada a la distribución de productos lácteos.
• Cuatro establecimientos de comercio: Lácteos Villa Yulita, Quesera Los Andes, Distriquesos F.F y Lácteos Villa Esperanza.
• Cuatro vehículos.
El valor de los bienes asciende a más de $2.000 millones. De acuerdo con el material de prueba, la empresa de razón social Quesera Los Andes, ubicada en el barrio El Carmen (Bogotá), fue utilizada para acondicionar el vehículo que explotó en la escuela de cadetes. En suma, a través del rastreo financiero, la Fiscalía logró establecer transacciones financieras por más de $ 2.200 millones, las cuales no cuentan con soportes contables. Asimismo, figura la omisión de declaración de impuestos ante la DIAN por un valor de $100 millones de pesos.
“Vamos a seguirlos enfrentando, hoy le mostramos a los colombianos que frente a este hecho el que la hace la paga y la van a pagar bien caro”, advirtió el presidente Iván Duque.
Cabe recordar que, en un primer momento, lo que se supo del ataque terrorista fue que el hombre que conducía el carro, identificado como Aldemar Rojas, conocido como “alias el mocho” (porque había perdido una mano manipulando explosivos en la zona fronteriza con Venezuela) murió en el momento en que detonaron los 80 kilos de pentolita que transportaba en el campero Nissan Patrol que ingresó a la escuela y cumplió su cometido.
Desde que inició la investigación, la Fiscalía General encontró relación entre el atentado y el Eln. El 21 de enero de 2019, el mismo grupo subversivo confirmó las pesquisas y se atribuyó el hecho. Posteriormente, se pudo establecer que, en noviembre de 2018, el vehículo había sido trasladado desde Arauca hacia Bogotá por Wilson Arévalo Hernández (presunto integrante del Eln). Ya en la capital, el campero fue guardado en una bodega, en el sur de la ciudad, desde donde salió con destino a la Escuela.
A la fecha, las autoridades ya habían adelantado cinco capturas por estos hechos:
* En mayo de 2019 fue capturado Álvaro José Mateus, alias El Quesero. Pertenecería al Frente de Guerra Oriental del Eln. Fue capturado en Cúcuta (Norte de Santander) y es señalado por las autoridades de haber financiado el ataque contra la Escuela.
* El 30 de enero de 2019 fue capturado Wilson Arévalo Hernández, señalado integrante del Eln. Fue acusado por los delitos de terrorismo, homicidio agravado y concierto para delinquir. No aceptó los cargos y su proceso está en etapa de juicio.
* Ricardo Andrés Carvajal fue capturado y acusado de pagar el arrendamiento en la bodega en la que estuvo guardado el carro bomba antes del atentado. Se le imputaron los delitos de terrorismo agravado, daño en bien ajeno, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, uso de material privativo de las fuerzas militares. Se declaró inocente y su proceso ya está en etapa de juicio.
* José Eusebio Sánchez fue señalado de tener en su poder las placas de la motocicleta roja que escoltó el carro bomba. Fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento mientras se transcurre el proceso en su contra.
*Wilson Arévalo Hernández aparentemente fue la persona que hizo el contrato de venta del vehículo a José Aldemar Rojas, alias El Mocho, el 20 de abril de 2018. En la audiencia en su contra, el fiscal del caso dijo ante el estrado que “el 8 de mayo de 2018, se tramitó mediante poder especial dado por Wilson Arévalo dirigido a la oficina de Tránsito y Transporte de Bello (Antioquia), para que realizara el traspaso del vehículo a José Aldemar Rojas y autenticado en la Notaría Única de Fortul (Arauca)”.
También, lo señalan de ser la persona que movilizó el carro hasta la bodega del sur de Bogotá para adecuarle el material explosivo que detonó en la Escuela de policiales del país, pues se constató que viajó entre Arauca y Bogotá durante el 23 y 24 de noviembre de 2018. Incluso, habría registros de llamadas desde la bodega en la que permaneció el carro bomba en Bogotá antes del atentado.