Capturan a Raúl Hasbún, enlace entre Chiquita Brands y las Auc

De igual forma, el ente acusador abrió investigación preliminar contra los representantes de las compañías bananeras Unibán, Probán y Sunisa-DelMonte, que al parecer también donaban parte de la venta de la caja de banano.

Raúl Emilio Hasbún Mendoza estuvo al frente del Bloque Bananero e hizo parte de la desmovilización el 25 de noviembre de 2004, en el corregimiento Dos, del municipio de Turbo, en Antioquia. El 18 de diciembre del año pasado, la Fiscalía había dictado orden de captura en su contra.

Sobre él hicieron mención Salvatore Mancuso y Éver Veloza García, alias ‘H.H.' quienes le entregaron la responsabilidad por los crímenes perpetrados por las autodefensas en el Urabá desde 1996.

La labor como enlace entre los empresarios bananeros y las autodefensas se dejó en manos de Hasbún, según Mancuso, en una reunión que se realizó en el Urabá. Se le conocía con los alias de ‘Pedro Bonito' o ‘Pedro Ponte' y se le responsabiliza de haber creado la convivir ‘Papagayo, a través de la cual la multinacional Chiquita Brands y otras empresas bananeras financiaron a las Auc.

De acuerdo con las investigaciones, Hasbún fue quien se ideó el sistema de cobro de tres centavos de dólar por cada caja de banano que entrara a Colombia la multinacional Chiquita Brands.

La multinacional admitió que pagó, entre 1997 y 2004, un total de 1,7 millones de dólares a los paramilitares, acusados de múltiples crímenes de lesa humanidad. El 17 de septiembre de 2007 un juez federal en Washington autorizó una multa de 25 millones de dólares a la bananera, que ésta accedió a pagar a plazos, en marzo pasado, dentro de un arreglo judicial.

Pero los directivos de Chiquita Brands no fueron castigados penalmente, lo que causó malestar en Colombia, donde se interpretó como una muestra de impunidad. "Necesito mantener contacto con las víctimas y decirles a mis clientes que todo está bien", manifestó el letrado estadounidense.

El 13 de diciembre pasado, Chiquita Brands le pidió a un juez de su país no tener en cuenta la demanda interpuesta por 140 víctimas de estos. La multinacional bananera Chiquita Brands presentó ante una corte de Washington una moción en la que pide al juez que desestime la demanda colectiva civil interpuesta por 140 familiares de víctimas de los paramilitares.

La moción es la respuesta de Chiquita a una demanda interpuesta el 7 de junio pasado por familiares de 173 ciudadanos colombianos asesinados por las Auc, que de ese modo protestaron por los vínculos entre esa compañía y los paramilitares, delito que pagaron con dinero y no con cárcel.

Frente a esta situación, desde Colombia se ha estudiado la posibilidad de solicitar en extradición de los directivos de Chiquita Brands para que respondan por el delito con cárcel y no con dinero, como lo hicieron en su país, Estados Unidos.

Sin embargo, un acuerdo de confidencialidad entre la multinacional Chiquita Brands y una Corte Federal de Estados Unidos, se convirtió en el principal impedimento para la extradición de los directivos de esa industria.
Ese acuerdo de confidencialidad del que habló Iguarán no permite individualizar ni judicializar a los directivos de esa entidad estadounidense que entregaron dinero a grupos paramilitares de Colombia.

El acuerdo de confidencialidad fue suscrito por Chiquita tras cancelar una multa de 25 millones de dólares, después de reconocer sus vínculos con la ilegalidad.

Chiquita, que antes se llamó United Fruit Company, opera en la región bananera de Urabá, situada en el departamento de Antioquia. En esa zona los paramilitares fueron acusados de cometer innumerables crímenes de lesa humanidad, especialmente en las décadas de 1980 y 90, para desterrar de la región a los guerrilleros, sindicalistas y activistas de los derechos humanos.

De igual forma, el ente acusador abrió investigación preliminar contra los representantes de las compañías bananeras Unibán, Probán y Sunisa-DelMonte, que al parecer también donaban parte de la venta de la caja de banano.

Raúl Emilio Hasbún Mendoza estuvo al frente del Bloque Bananero e hizo parte de la desmovilización el 25 de noviembre de 2004, en el corregimiento Dos, del municipio de Turbo, en Antioquia. El 18 de diciembre del año pasado, la Fiscalía había dictado orden de captura en su contra.

Sobre él hicieron mención Salvatore Mancuso y Éver Veloza García, alias ‘H.H.' quienes le entregaron la responsabilidad por los crímenes perpetrados por las autodefensas en el Urabá desde 1996.

La labor como enlace entre los empresarios bananeros y las autodefensas se dejó en manos de Hasbún, según Mancuso, en una reunión que se realizó en el Urabá. Se le conocía con los alias de ‘Pedro Bonito' o ‘Pedro Ponte' y se le responsabiliza de haber creado la convivir ‘Papagayo, a través de la cual la multinacional Chiquita Brands y otras empresas bananeras financiaron a las Auc.

De acuerdo con las investigaciones, Hasbún fue quien se ideó el sistema de cobro de tres centavos de dólar por cada caja de banano que entrara a Colombia la multinacional Chiquita Brands.

La multinacional admitió que pagó, entre 1997 y 2004, un total de 1,7 millones de dólares a los paramilitares, acusados de múltiples crímenes de lesa humanidad. El 17 de septiembre de 2007 un juez federal en Washington autorizó una multa de 25 millones de dólares a la bananera, que ésta accedió a pagar a plazos, en marzo pasado, dentro de un arreglo judicial.

Pero los directivos de Chiquita Brands no fueron castigados penalmente, lo que causó malestar en Colombia, donde se interpretó como una muestra de impunidad. "Necesito mantener contacto con las víctimas y decirles a mis clientes que todo está bien", manifestó el letrado estadounidense.

El 13 de diciembre pasado, Chiquita Brands le pidió a un juez de su país no tener en cuenta la demanda interpuesta por 140 víctimas de estos. La multinacional bananera Chiquita Brands presentó ante una corte de Washington una moción en la que pide al juez que desestime la demanda colectiva civil interpuesta por 140 familiares de víctimas de los paramilitares.

La moción es la respuesta de Chiquita a una demanda interpuesta el 7 de junio pasado por familiares de 173 ciudadanos colombianos asesinados por las Auc, que de ese modo protestaron por los vínculos entre esa compañía y los paramilitares, delito que pagaron con dinero y no con cárcel.

Frente a esta situación, desde Colombia se ha estudiado la posibilidad de solicitar en extradición de los directivos de Chiquita Brands para que respondan por el delito con cárcel y no con dinero, como lo hicieron en su país, Estados Unidos.

Sin embargo, un acuerdo de confidencialidad entre la multinacional Chiquita Brands y una Corte Federal de Estados Unidos, se convirtió en el principal impedimento para la extradición de los directivos de esa industria.
Ese acuerdo de confidencialidad del que habló Iguarán no permite individualizar ni judicializar a los directivos de esa entidad estadounidense que entregaron dinero a grupos paramilitares de Colombia.

El acuerdo de confidencialidad fue suscrito por Chiquita tras cancelar una multa de 25 millones de dólares, después de reconocer sus vínculos con la ilegalidad.

Chiquita, que antes se llamó United Fruit Company, opera en la región bananera de Urabá, situada en el departamento de Antioquia. En esa zona los paramilitares fueron acusados de cometer innumerables crímenes de lesa humanidad, especialmente en las décadas de 1980 y 90, para desterrar de la región a los guerrilleros, sindicalistas y activistas de los derechos humanos.