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Seis funcionarios de la Registraduría y uno de Migración Colombia fueron capturados en las últimas horas en una operación entre la Dijín de la Policía, la Fiscalía y Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos. Según los detalles que divulgó la Policía, los funcionarios públicos fueron arrestados en medio de una investigación en contra de una red de delincuencia común organizada transnacional dedicada al tráfico de migrantes.
Además de los siete funcionarios, en la operación también fueron capturadas cuatro personas más, entre ellas, una mujer que sería la cabeza de la red: Lucía Parra Rojas, alias Lucy. Los otros tres detenidos son miembros de su núcleo familiar. Mediante un comunicado de prensa, la Policía explicó que esta organización se dedicaba a facilitar la expedición de documentos, como registros civiles, cédulas de ciudadanía y pasaportes con apariencia legítima, pero que en realidad correspondían a identidades de colombianos fallecidos.
Además de falsificar los documentos, la red se encargaba de coordinar “el transporte aéreo y salida segura del país de migrantes venezolanos, cubanos y dominicanos, principalmente con destino a México, Estados Unidos y España”, explicó la Dijín. Aparte de las capturas, las autoridades realizaron cuatro diligencias de registro y allanamiento en contra de esta red que cobraba entre $30 y 35 millones por cada migrante que contrataba sus servicios, que solo tardaban unos 45 días, pues su poder criminal les permitía agilizar los trámites.
“Investigadores de la Dijín conocieron que dentro de las modalidades utilizadas por esta red criminal era falsificar los documentos base o soportes, para la acreditación y expedición de registros civiles de nacimiento colombiano de los padres de los migrantes, falsificación de sellos de cancillerías o consulados, apostillajes, entre otra documentación que también era alterada, así mismo, se pudo determinar que más de 20.000 registros civiles de nacimiento fueron expedidos por esta organización”, señaló la Policía.
Dentro de la investigación, las autoridades también lograron determinar que varios miembros de la red incrementaron sin justificación su patrimonio, por lo que iniciaron procesos de extinción de dominio a cuatro inmuebles, un vehículo y una empresa, propiedad de Lucía Parra Rojas, alias Lucy, y de su núcleo familiar. Los bienes están avaluados en casi $3 mil millones. Ahora, los capturados serán vinculados a un proceso penal por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público, falsedad material en documento público y prevaricato por omisión.
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