Las autoridades judiciales acaban de dar el primer paso para hacer cumplir la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia, por el expediente Fonade, en contra de los excongresistas Musa Besaile Fayad y Bernardo Miguel Elías, más conocido como el Ñoño Elías. El primero fue enviado a prisión y el segundo acaba de ser capturado.
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El pasado 17 de julio, la Sala Penal confirmó la condena impuesta en febrero pasado en contra de los excongresistas del Partido de la U. Aunque ambos aceptaron cargos por corrupción, la alta corte determinó que Besaile pagara dos años y seis meses de prisión por el delito de tráfico de influencias, y el Ñoño Elías, tres años y dos meses de cárcel por ese delito e interés indebido en la celebración de contratos.
El expediente está relacionado con hechos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Según denuncias que datan desde 2017, y que fueron confirmadas por los mismos procesados, los contratos de esa entidad los manejaban, a cambio de coimas, Armando Benedetti, quien todavía no ha sido sentenciado, y los también exsenadores Besaile y Ñoño Elías.
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La génesis del caso se remonta a las declaraciones de Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la gerencia de Fonade y que está colaborando con la Fiscalía con el objetivo de tener beneficios judiciales. Al parecer, Henao movió sus hilos en la extinta entidad para que le entregaran un contrato a una compañía llamada Certicámara.
Durante la investigación, la Fiscalía reveló que la misión de ambos comenzó tras “reunirse en 2016, en el Congreso, con el senador Armando Benedetti, reunión en la cual, por solicitud del senador, se convino buscar un contrato en Fonade, ajustado al objeto de la empresa Certicámara para que le fuera adjudicado de manera directa”. Por estos hechos, Henao fue llamado a juicio junto a cinco personas más, entre las que hay una exasesora de la UTL de Benedetti, Elsy Mireya Pinzón.
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En el caso de Besaile y Elías las irregularidades que se presentaron en esa institución se deben a que, según han dicho, les fue entregada por el gobierno Santos como cuota burocrática. Los excongresistas se apropiaron un porcentaje de un contrato por $16.000 millones, de 2017, relacionado con viviendas de interés social.
Se trataba de toda una red de corrupción la cual direccionó al consorcio Interviviendas el contrato de interventoría para el diseño y la construcción de proyectos de la fase II del programa “Vivienda Gratuita”, que lideró el gobierno Santos. Este plan contemplaba la construcción de 4.678 hogares en Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila. Por estos hechos ya han sido procesadas 11 personas.
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Según la Fiscalía, este tipo de prácticas irregulares se lograron gracias al sistema de contratación opaco y “arbitrario” del Fonade para seleccionar las empresas que participaban en los procesos de convocatoria privada. Además, el ente investigador indicó que Fonade, unilateralmente, determinaba a quién invitar sin criterios objetivos. En el caso en particular, antes de direccionar el contrato, hubo un acuerdo entre los senadores cordobeses Ñoño Elías y Musa Besaile en el que se pactó que el contrato de interventoría lo establecería Besaile.
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