Capturan en Carurú a dos presuntos reclutadores de menores en el Vaupés
Los sujetos habrían facilitado encuentros clandestinos entre menores y miembros de grupos armados organizados, con el objetivo de adoctrinarlos y llevarlos a las filas del frente primero Armando Ríos, disidencias de las Farc.
El Ejército, en una operación conjunta con la Policía Nacional, capturó a dos individuos en flagrancia en el municipio de Carurú (Vaupés) señalados de participar en el reclutamiento forzado de menores, principalmente niños indígenas mayores de 14 años.
Lea también: Crece la grave situación de reclutamiento a menores de edad por grupos armados
Estos sujetos facilitaban encuentros clandestinos entre menores y miembros de grupos armados organizados, con el objetivo de adoctrinarlos y llevarlos a las filas de las disidencias de las Farc, frente primero Armando Ríos, en el departamento del Guaviare.
La operación fue desarrollada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho, con el despliegue de tropas de la Cuarta División y la Trigésima Primera Brigada de Selva, pertenecientes al Batallón de Selva Coronel José Dolores Solano. La captura se produjo en flagrancia cuando los criminales intentaban subir a un menor en una embarcación motorizada para trasladarlo a un destino desconocido.
El menor, quien había sido engañado con promesas de una alta remuneración, fue rescatado por los soldados y actualmente se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se le están restituyendo sus derechos. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y enfrentarán cargos por reclutamiento ilícito, un delito que conlleva penas de 8 a 15 años de prisión.
El reclutamiento de menores, especialmente de jóvenes indígenas, por parte de grupos armados continúa siendo una grave preocupación en Colombia. En el primer semestre de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó 159 casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado. De estos, 125 se registraron en el departamento del Cauca, seguido por Arauca con ocho casos; Nariño y Putumayo, con siete cada uno; Norte de Santander con cinco; Cundinamarca con tres; y Amazonas, Guaviare, Huila y Vaupés, con uno en cada región.
El 51 % de los casos corresponde a menores de pueblos indígenas, mientras que el 31 % no pertenecen a ningún grupo étnico, el 5 % provienen de comunidades afrocolombianas, y en el 13 % de los casos, no se cuenta con información detallada.
La Defensoría advierte también sobre un posible subregistro, ya que muchas personas no denuncian por miedo a represalias de los grupos armados ilegales. Este temor incluye ser víctimas de desplazamientos, amenazas o incluso homicidios, lo que podría elevar significativamente las cifras reales de menores reclutados en el país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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La operación fue desarrollada en el marco del Plan de Campaña Ayacucho, con el despliegue de tropas de la Cuarta División y la Trigésima Primera Brigada de Selva, pertenecientes al Batallón de Selva Coronel José Dolores Solano. La captura se produjo en flagrancia cuando los criminales intentaban subir a un menor en una embarcación motorizada para trasladarlo a un destino desconocido.
El menor, quien había sido engañado con promesas de una alta remuneración, fue rescatado por los soldados y actualmente se encuentra bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se le están restituyendo sus derechos. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales y enfrentarán cargos por reclutamiento ilícito, un delito que conlleva penas de 8 a 15 años de prisión.
El reclutamiento de menores, especialmente de jóvenes indígenas, por parte de grupos armados continúa siendo una grave preocupación en Colombia. En el primer semestre de 2024, la Defensoría del Pueblo reportó 159 casos de niñas, niños y adolescentes (NNA) víctimas de reclutamiento forzado. De estos, 125 se registraron en el departamento del Cauca, seguido por Arauca con ocho casos; Nariño y Putumayo, con siete cada uno; Norte de Santander con cinco; Cundinamarca con tres; y Amazonas, Guaviare, Huila y Vaupés, con uno en cada región.
El 51 % de los casos corresponde a menores de pueblos indígenas, mientras que el 31 % no pertenecen a ningún grupo étnico, el 5 % provienen de comunidades afrocolombianas, y en el 13 % de los casos, no se cuenta con información detallada.
La Defensoría advierte también sobre un posible subregistro, ya que muchas personas no denuncian por miedo a represalias de los grupos armados ilegales. Este temor incluye ser víctimas de desplazamientos, amenazas o incluso homicidios, lo que podría elevar significativamente las cifras reales de menores reclutados en el país.
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