Cartagena del Chairá es cálido, tiene bares que no paran la música popular hasta las tres de la mañana, la plaza principal tiene cancha de microfútbol y gran parte de la economía gira en torno al río Caguán, que pasa por un costado ofreciéndose como conexión entre veredas y fuente de peces para la canasta familiar. La violencia está naturalizada hace décadas. El Bloque Sur de las FARC tomó lo que quiso en los noventa. Los paramilitares se llevaron vidas de inocentes en su intento de control en los 2.000. Y milicianos ocupan los territorios que dejaron los guerrilleros que entregaron armas en 2016, tras la firma del Acuerdo de Paz. En zona rural, hay presencia de disidentes de las FARC, Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera, según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC).

Ese tipo de actores armados están presentes en cada aspecto de la vida de los habitantes del departamento. Desde 2016, tener un negocio próspero significa dar una tajada del 10% o 15% a los disidentes, quienes envían sus extorsiones en papeletas debidamente membretadas, cuál cuenta de cobro. Los comandantes más sanguinarios, como José Albeiro Uribe, alias Robledo (muerto durante una operación militar en 2021), enviaban mensajes al exalcalde Molina irrumpiendo juntas de acción, asesinando campesinos considerados falsamente “paracos”.

El Estado paralelo

El control social de las disidencias de las FARC se manifiesta, por ejemplo, en pequeños carnés que, ante la ausencia de institucionalidad oficial en el campo, hacen las veces de cédulas en municipios con fuerte presencia de hombres armados como La Montañita, Cartagena del Chairá o San José del Fragua. Así lo ha constatado la socióloga Estefanía Ciro, directora del centro de pensamiento sobre la Amazonía, A la Orilla del Río: “Atado a la carnetización, está el acceso a los territorios, quién puede entrar o salir. Quién paga y quién no. Quién tiene propiedades y qué tiene. Y todo el control de multas. La carnetización empieza en territorios base donde está el actor armado y va acorde con sus estrategias de expansión. Los carnés circulan donde los disidentes necesitan controlar a la gente”.

“Los soldados están en los batallones y los disidentes en el campo”, se escucha de las autoridades locales. El Gobierno de Gustavo Petro conversa con Iván Mordisco para una futura dejación de armas, que incluye un cese al fuego bilateral extendido hasta mitad de 2024. Ciro, por su parte, profundiza en que las disidencias del Caquetá, para agravar la situación, no están del todo conectadas al del denominado Estado Mayor Central. “Se trata de mucho miliciano que asume unos roles de autoridad. Pero no hay un proceso de formación de cuadros o de tránsito. En las FARC nadie llegaba y se hacía comandante al otro día.  El control lo tienen personas que creen que el oficio de la guerra puede ser de una forma, pero no rinden cuentas a ninguna estructura”, explicó.

Aunque los campesinos de la zona quieren enseñar su carnet entregado por los disidentes, no pueden. Saben que su vida corre riesgo si alguno de sus datos personales, en ese registro a la sombra de la institucionalidad real, se da a conocer. “Pero con eso controlan con quiénes contar”, agrega un labrador del campo, cuyo nombre no puede revelarse. En el último año, como lo registra la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, los retenes disidentes se enfocan en la presentación del “carnet de identidad”.

La economía de la coca

La coca ha sido históricamente una de las economías base de los grupos armados y en Caquetá no es la excepción. Sin embargo, tal como ha pasado en Cauca y Catatumbo, esta economía está cambiando en Caquetá. Los grupos armados no están comprando ni en los precios, ni en las cantidades que solían hacerlo, por lo que se ha dado un fenómeno curioso de erradicación voluntaria sin intervención del gobierno, en varios sectores del departamento, incluyendo El Doncello, La Montañita y Cartagena del Chairá. Sobre todo, en zonas cercanas al casco urbano. Aun así, según el último informe de monitoreo de cultivos de coca de la UNODC, correspondiente a 2022, Cartagena del Chairá creció, de alrededor de 250 hectáreas de coca, a 433 en solo un año. Las zonas de concentración están en las veredas más cercanas a la frontera con Perú, donde solo se puede llegar por el río Caguán o por helicóptero.

De hecho, en 2022, todos los municipios de Caquetá crecieron en hectáreas de cultivos de coca, a excepción de Florencia, que cuenta con un robusto control militar del Ejército, y El Doncello, que apenas registró 32 hectáreas. “Los datos sobre cultivos de coca indican dos tendencias diferenciadas: hacia el norte predomina la desconcentración de los cultivos de coca, en un modelo más parecido a lo que viene sucediendo en Meta y Guaviare, pero hacia el sur predomina la concentración, en un modelo más parecido a Putumayo”, explica Candice Welsch, directora para las Américas de la UNODC. No obstante, el desplome en el mercado de la coca podría marcar, para entendidos en el tema, nuevas tendencias en el informe de monitoreo de 2023, que se espera sea lanzado a mediados de 2024.

Los granos de arena

El Ministerio de Justicia, en el marco de la nueva política de drogas, está implementando cuatro proyectos productivos en Caquetá, El Doncello, La Montañita, El Paujil y Cartagena del Chairá. Aunque se trata de estrategias que ya ha articulado la UNODC en el pasado, como tránsito de la coca al cacao, o ganadería con enfoque ambiental, el Gobierno impulsa programas de elaboración de productos finalizados. Es decir, campesinos que elaboren su propio chocolate o pequeños ganaderos que aumenten su producción de leche, sin deforestar más de lo que ya se ha talado. Según el IDEAM, desde 2012, Caquetá ha perdido alrededor de 200.000 hectáreas de bosque estable. La responsabilidad es compartida entre cocaleros y ganaderos, que llegan a tener solo una cabeza de ganado por hectárea. 

El ejemplo de lo anterior es Luis y Ximena*, una pareja que vive en El Doncello y está asociada al Comité de Cacaoteros del municipio, el cual se ganó uno de los proyectos productivos. Hace años dejaron de sembrar coca, desde que los enfrentamientos entre el Ejército y las FARC por poco les cuesta la vida a sus hijos en el azar de las balas perdidas. En El Doncello ya casi nadie siembra la planta y, al parecer, por ello poco se acercan las disidencias. La UNODC y el Gobierno les entregó, a ellos y a otras 39 familias, materiales para aumentar la calidad de su cacao. “Temíamos mucho que no pudiéramos ver crecer a nuestros hijitos. Ahora vivimos tranquilos, porque queríamos algo que nosotros no tuviéramos miedo de vender”, dijo Ximena. La nueva política de drogas contempla 12 proyectos productivos a nivel nacional y, dependiendo de los resultados, en 2024 aumentará el presupuesto para ello.

La ruta de la marihuana

Las autoridades, ahora, están fijando su atención en otro de los problemas que cruza el departamento: la ruta de marihuana con destino a Brasil. Sobre las 6:00 A.M sale el primer bote del puerto de Cartagena del Chairá. Los vehículos suelen llevar decenas de canecas de leche, distribuidas para el consumo de municipios y ciudades capitales, por el río Caguán. Hacia el norte, cerca de la frontera con Perú y Ecuador, esa afluente se une con el río Caquetá y, entonces, deja de potenciar las economías lícitas, para potenciar las ilícitas. “Ahí es donde el narcotráfico coge fuerza. Ahí es donde el EMC (Estado Mayor Central) obtiene la mayoría de las ganancias”, agregó el exalcalde Molina. La mayoría de las plantaciones están en el Cauca y, por vías terciarias, llega la hoja hasta el río Caguán en el Caquetá. Allí, finalmente, embarcan los alijos camuflados en canecas de leche en botes que cruzan el Amazonas.

“El principal productor de marihuana en el país es el norte del Cauca. Y nosotros hemos sido testigos de una reconfiguración de la guerra y la violencia en ese sector. Nos las quieren plantear como una guerra entre disidencias, pero es un proceso de expansión de unos actores armados, en torno a un modelo de acumulación: el mercado del cannabis, que ha generado esa crisis humanitaria en el norte de Cauca”, agregó Estefanía Ciro. El historial criminal del jefe disidente Iván Mordisco da cuenta de que conoce las rutas del suroriente nacional, con destino a Brasil. Además, solo en Colombia el kilo de marihuana del Cauca se cotiza entre un millón y cuatro millones. El control de la ruta multiplica los réditos.

La UNODC sí tiene evidencia de que, una vez la mercancía tipo “creepy” llega a territorio brasilero, es comercializado como “skunk”, una variedad de cannabis considerada de alta potencia psicoactiva. “Se destaca el interés del Comando Vermelho (grupo criminal más poderoso y antiguo de Brasil) por vender ‘skunk’, especialmente para abastecer los mercados del nordeste de Brasil. Es difícil establecer quién tiene el control o cómo operan en detalle estos grupos, sin embargo, es claro que el río Caquetá, por sus condiciones, obliga a mezclar la ruta fluvial con rutas terrestres para evitar los accidentes geográficos”, agrega Candice Welsch de la UNODC.

Los campesinos consultados para la realización de este reportaje coinciden en que, desde que se negocia la paz total y con la caída de los precios de la coca, su vida es más tranquila. La implementación del cese al fuego trajo un ingrediente adicional: la posibilidad de labrar el campo sin el peligro de las balas pérdidas entre el Ejército y los grupos criminales. Sin embargo, la ausencia de ofensivas militares por obligación del cese al fuego ha significado también un despliegue de control social por parte de las disidencias, palpable en las cédulas que imponen con fusil en mano en su Estado paralelo. Y, ante la caída de los precios de la coca, los criminales cayeron parados aprovechando la demanda de cannabis de Colombia, de Brasil y de Europa.