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La cárcel de Villahermosa, en Cali, además de ser una de las más hacinadas del país, ahora ocupa el segundo lugar entre las cárceles con más casos del nuevo coronavirus. En el penal hay 5.253 reclusos, que viven en una sobrepoblación del 156 %, y por lo menos 687 de ellos tienen COVID-19. Los contagios comenzaron el pasado 29 de mayo, pero en un mes aumentaron a una velocidad que no se había visto en otra cárcel y ya tres internos con enfermedades previas han fallecido tras contraer el virus. Sin embargo, las autoridades confían en sus decisiones y consideran que “podría ser mucho peor”, como le dijo a este diario un guardia del Inpec que pidió reserva.
(En contexto: COVID-19 en las cárceles: hay 1.264 casos, 166 recuperados y cuatro muertos)
Desde que inició la pandemia y se comenzaron a encender las alarmas por un eventual contagio masivo en las cárceles, en Cali se pusieron manos a la obra para evitar una catástrofe. Así lo recuerda la secretaria de Salud de la ciudad, Miyerlandi Torres: “Estamos acompañando al establecimiento desde marzo en reuniones con el Inpec, la Uspec, la Fiduprevisora, la red hospitalaria y la dirección del penal para revisar cuáles eran las condiciones de bioseguridad, dándoles capacitación. Como veníamos trabajando desde antes de la identificación del primer caso apenas tuvimos que reaccionar, lo hicimos”.
El primer contagio que se identificó fue el de un guardia, pero días antes la enfermera de la cárcel había informado que su padre tenía COVID-19 y las alarmas ya estaban encendidas, le contó un dragoneante a este diario. Comenzaron a hacer pruebas a funcionarios de la cárcel y los casos positivos se fueron multiplicando. Entre las personas contagiadas estaba nada más y nada menos que el director de la cárcel, Édgar Iván Pérez. Junio comenzó con cifras confusas, familiares enfurecidos que exigían respuestas y una cárcel hacinada sin alguien a la cabeza, en la que crecían los casos del virus que confinó al mundo entero.
En ese escenario asumió la vocería de la situación el personero de Cali, Hárold Cortés. “Si el Inpec no salía a dar la cara, era caldo de cultivo para que creciera la incertidumbre y se generaran amotinamientos”, le dijo el funcionario a El Espectador. Es él quien en la capital del Valle ha atendido los llamados de los medios de comunicación para hablar de la crisis de la cárcel y quien les ha confirmado información a familiares de los reclusos. “Se han venido haciendo las cosas bien, pero hay algo claro: la responsabilidad inicial es del Inpec y al comienzo fue complejo porque estaban muy herméticos y no teníamos datos”, añadió Cortés.
Una de las primeras medidas que se tomó en la cárcel, que ya tenían lista cuando el virus comenzó a extenderse, fue aislar a las personas más vulnerables. “A los adultos mayores de sesenta años, en un patio exclusivo para ellos; a las personas con enfermedades previas identificadas, en otro, y aquellos casos positivos con algún tema de salud que no les permitiera estar en el patio inicial también fueron trasladados”, dice la secretaria Torres. Otra de las vías fue intentar reducir al máximo la mortalidad del coronavirus. A la fecha, han muerto tres reclusos que tenían otras enfermedades, tras contraer COVID-19 y trece internos más están en unidades de cuidado intensivo.
“Intentar detener el contagio ya es inocuo, se deben concentrar esfuerzos es en reducir la letalidad de esos contagios”, aseguró en esta línea el personero Cortés. Y en eso coincide la secretaria de Salud, que explicó la estrategia con estas palabras: “Nuestras recomendaciones han sido centrarse en la identificación de riesgos. Las personas, por ejemplo, que reciben diálisis fueron retiradas de la cárcel. Recomendamos el seguimiento exclusivo del personal médico a las personas de alto riesgo; implementar la telemedicina; así como terminar la evaluación de los internos de la cárcel con enfermedades previas y de los adultos mayores”.
El primer contagiado fue un guardia y entre el personal del Inpec han ido creciendo los casos. De director encargado enviaron al mayor Wilson Leal, un funcionario que viene de estar al frente de la crisis de la cárcel de Villavicencio, la que tiene más casos de COVID-19 en el país. De los 250 dragoneantes que trabajan en Villahermosa, unos 45 están aislados, otros en vacaciones y un grupo se acuarteló de manera voluntaria. “Estamos trabajando con las uñas, pero estamos trabajando”, dijo un funcionario. Las soluciones han ido llegando, y en los últimos días, por ejemplo, les enviaron refuerzos de las cárceles de Popayán y Jamundí.
Además, con colectas y recursos del fondo de empleados, los guardianes instalaron cámaras de desinfección a la entrada del penal y compran constantemente elementos de protección personal, como tapabocas y batas quirúrgicas, especiales para los funcionarios que tienen que trasladar a internos al hospital. “Todo lo que hemos hecho de pronto es psicológico, pero yo creo que influye”, reflexionó un dragoneante, que además dijo: “La situación del COVID-19 es delicada, pero era tanto el miedo de que llegara que finalmente nos llegó, nos tocó vivir con él y cada vez lo vemos más normal. Nos acostumbramos”.
Mientras el COVID-19 transforma la normalidad en el mundo y en la cárcel de Villahermosa, donde los internos ahora andan con tapabocas, la Fiduprevisora logró aumentar el número de médicos y enfermeras del penal. Asimismo, “se estableció una comunicación virtual con las familias de los internos, de manera que estén siempre informados; lo que ha permitido bajar el estrés”, agrega la secretaria Torres. Incluso, la gestión de la pandemia en este centro le mereció a Cali y al Inpec una felicitación del Ministerio de Salud, comenta el personero Cortés. En últimas, como resumió un dragoneante: “Aquí la emergencia no ha sido tan grave, teniendo en cuenta que tenemos casi 6.000 privados de la libertad. La cosa podría ser mucho peor”.