Carlos Caicedo afrontará en libertad proceso por obras inconclusas
El gobernador es investigado en este caso por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento privado, por presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil.
El Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión domiciliaria al gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, dentro de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. Por estos hechos el mandatario se declaró inocente.
Lea aquí: Gobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, seguirá en libertad
La investigación de la Fiscalía revela que este contrato se firmó el 1 de abril de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos, pero, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, por sobrecostos. Adicionalmente, según el ente acusador, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022.
El pasado 17 de mayo, el Tribunal Superior de Bogotá también negó una solicitud de la Fiscalía de enviarlo a prisión domiciliaria. En este caso, dentro de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en contratación para construir una megabiblioteca en el colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino en Santa Marta.
Lea: Recusación contra fiscal Barbosa no prosperó en procesos de gobernador de Magdalena
La investigación de la Fiscalía indica que Caicedo presuntamente tramitó una licitación pública en calidad de alcalde de Santa Marta que derivó en la celebración del contrato en diciembre de 2015 por más de $10.004 millones. Lo que reprocha el ente acusador es que el proceso de planificación público se realizó sin la debida planeación por parte del entonces mandatario.
De acuerdo con la Fiscalía, la construcción de la megabiblioteca debía estar bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura y no bajo el radar del Ministerio de Educación, como ocurrió en esa ocasión. Para el ente acusador, está claro que se identificó una “inconsistencia sustancial que afectó toda la cadena de inversión, toda vez que esta no era compatible con una biblioteca escolar, sino con una biblioteca pública estatal y, por tanto, no debía estar articulado como forzosamente se hizo con el sector educativo sino con el de cultura”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
El Tribunal Superior de Bogotá negó la solicitud de la Fiscalía de enviar a prisión domiciliaria al gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo, dentro de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. Por estos hechos el mandatario se declaró inocente.
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La investigación de la Fiscalía revela que este contrato se firmó el 1 de abril de 2015, por un valor de 6.954 millones de pesos, pero, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, por sobrecostos. Adicionalmente, según el ente acusador, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022.
El pasado 17 de mayo, el Tribunal Superior de Bogotá también negó una solicitud de la Fiscalía de enviarlo a prisión domiciliaria. En este caso, dentro de la investigación que se le sigue por presuntas irregularidades en contratación para construir una megabiblioteca en el colegio Normal Distrital San Pedro Alejandrino en Santa Marta.
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La investigación de la Fiscalía indica que Caicedo presuntamente tramitó una licitación pública en calidad de alcalde de Santa Marta que derivó en la celebración del contrato en diciembre de 2015 por más de $10.004 millones. Lo que reprocha el ente acusador es que el proceso de planificación público se realizó sin la debida planeación por parte del entonces mandatario.
De acuerdo con la Fiscalía, la construcción de la megabiblioteca debía estar bajo responsabilidad del Ministerio de Cultura y no bajo el radar del Ministerio de Educación, como ocurrió en esa ocasión. Para el ente acusador, está claro que se identificó una “inconsistencia sustancial que afectó toda la cadena de inversión, toda vez que esta no era compatible con una biblioteca escolar, sino con una biblioteca pública estatal y, por tanto, no debía estar articulado como forzosamente se hizo con el sector educativo sino con el de cultura”.
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