Carlos Figueroa, el enigmático coronel (r) imputado por falsos positivos en la JEP

El coronel (r) Juan Carlos Figueroa es uno de los primeros militares en ser señalado como máximo responsable de “falsos positivos” por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En concreto, por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas, entre 2002 y 2005, por el Batallón La Popa, ubicado en Valledupar (Cesar). Figueroa fue comandante de batallón entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005, periodo en que sus hombres reportaron 113 bajas en combate, de las cuales 51 serían “falsos positivos”, según la última gran imputación de la JEP. De acuerdo con el órgano de justicia, Figueroa habría llegado para abanderar el siniestro fenómeno de guerra, tras la salida del coronel retirado Publio Hernán Mejía.

En contexto: Falsos positivos del Batallón La Popa: ¿quiénes son los 15 imputados en la JEP?

El expediente Figueroa se destaca por lo que se le acusa y por su rechazo a la JEP. En calidad de “compareciente forzoso”, fue convocado el 3 de octubre de 2019 a versión voluntaria, pues testimonios de militares en retiro coinciden en que habría presionado a su batallón y estimulado el reporte de bajas en combate, otorgando permisos y premios sin importar quiénes eran los muertos. Presuntamente siguió el camino de Publio Hernán Mejía, sentenciado por aliarse con el Bloque Norte de las Auc para las ejecuciones, imputado por la muerte de 75 inocentes.

Figueroa nunca se presentó a la JEP. El órgano ubicó a su madre, quien respondió que, “no desea asistir a la diligencia de versión voluntaria”. Intentaron hallarlo en Bucaramanga y Bogotá, pero solo se recibió noticias de que estaba “fuera del país”. Funcionarios de la JEP se comunicaron con Migración Colombia, la cual respondió que desde el mes de julio de 2019 había salido a París (Francia), y desde entonces no ha vuelto. El 15 de octubre de ese año se pidió a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares entregar datos para ubicarlo y le respondieron con dos direcciones y un teléfono celular incompleto. En noviembre de 2019 se le notificó de nuevo y, a partir de allí, a falta de respuesta, la JEP hizo su trabajo sin contar con su presencia.

“Como comandante de la unidad contaba (…) con medios logísticos para la protección de los bienes jurídicos que se vieron afectados; sin embargo, intencionalmente decidió omitir cualquier tipo de control efectivo sobre la forma en la que dichas bajas eran finalmente obtenidas, como medio para facilitar el trabajo de la organización criminal que operaba en el batallón y, con ello, encubrir el origen real de los supuestos resultados por los cuales él y su unidad eran reconocidos”, le imputa, de todas formas, la JEP. Una fuente cercana al expediente le explicó a El Espectador que el imputado vive en los Emiratos Árabes Unidos.

En contexto: La imputación de la JEP por falsos positivos atribuidos al batallón La Popa

Ahora bien, en la imputación se relaciona al Batallón La Popa con la muerte de indígenas Kankuamos. Y en particular a Figueroa. Según un informe sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en el Caribe, del CAJAR y la Fundación Comité de Solidad con los Presos Políticos, el 19 de marzo de 2004 el entonces teniente coronel Figueroa emitió un comunicado titulado: “Sociológicamente las comunidades indígenas del Cesar se empeñan a continuar siendo un sistema cerrado de civilización”. El imputado habría dicho que “las comunidades indígenas son una minoría frente a la sociedad colombiana que hábilmente son manipulados y con intereses desconocidos, tienen una estrategia de mostrarse ante la luz pública internacional como los más afectados por el conflicto”.

Human Rights Watch recuperó un documento que data del 23 de marzo de 2005 y suscrito por Figueroa como comandante del Batallón La Popa. En el mismo papel se explica que a un informante se le dieron $500.000 por concepto de “pago de información de inteligencia, que condujo al desarrollo de la Misión Táctica FORTALEZA”. Según lo firmó Figueroa, ese día fueron “dados de baja” un sujeto NN de sexo femenino y un sujeto NN de sexo masculino, “al parecer pertenecientes al Frente 59” de las extintas Farc. Se incautó una pistola, proveedores, tres cartuchos calibre 7,65 mm, un revolver, dos granadas y hasta un pantalón de uso privativo de la Policía.

Según la JEP, esos muertos no eran NN y no fueron ningunos “excelentes resultados tangibles”. En realidad, ese día resultaron asesinados la niña del pueblo indígena Wiwa Nohemí Esther Pacheco y el joven del pueblo Kankuamo Hermes Enrique Carrillo. Tiempo después, el viernes 3 de junio de 2005, El Tiempo publicó la nota “Mi hijo no era un guerrillero”, en el cual una madre de nombre Astrid Martínez denuncia como Frank Enrique Martínez, de 17 años, fue asesinado y presentado como guerrillero en combate el 14 de mayo de ese año. Tenía retardo mental, a causa de una meningitis. No obstante, fue hallado muerto, vestido de camuflado y con un arma en la mano en La Paz (Cesar).

Lea también: Los indígenas: las víctimas invisibles de falsos positivos en el Cesar

Figueroa expidió un comunicado asegurando que los Juzgados 21 y 90 Penal Militar estaban a cargo de la investigación y pidió a quienes tuvieran pruebas, aportarlas para el expediente. Todos los testigos coincidieron en que El Bola, como le decían al menor de edad, solía perseguir camiones de basura por diversión. “Para obtener los resultados que le eran exigidos y lograr el propósito de superar a su predecesor, por lo cual fue felicitado y reconocido, Figueroa Suárez empleó un complejo dispositivo de incentivos y presiones para estimular la presentación de resultados operacionales que dio lugar a la búsqueda, selección y homicidio de civiles”, agrega la JEP.

El entonces coronel salió del batallón en julio de 2005, días después de la muerte de El Bola. De él no se tuvieron noticias sino hasta el 10 de julio de 2008, cuando resolvió las constantes peticiones del sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, quien exigió vía derecho de petición el Reglamento de Combate de Contraguerrillas, un controvertido documento que el Ejército siempre catalogó de reservado. Para entonces, Figueroa se desempeñaba como Director de Instrucción y Entrenamiento, una sección que busca que todos los soldados de Colombia estén “debidamente capacitados para el combate”.

(Lea también: Falsos positivos del Batallón La Popa: ¿quiénes son los 15 imputados en la JEP?)

Figueroa, luego respaldado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le respondió en diversas ocasiones al sacerdote que el contenido del manual es restringido, pues allí se encuentran todas las “tácticas y estrategias que la Fuerza ha empleado para neutralizar y contrarrestar el accionar de las organizaciones al margen de la Ley”. El militar (r) imputador agregó que hacer publica esa información sería un error estratégico, del cual los criminales podrían aprovecharse. El 24 de julio de 2008, el tribunal le dio la razón pues, en asuntos de seguridad nacional, prima el interés general sobre el particular.

Historia de vida: “Sabía que esas bajas eran falsos positivos”: cabo Mora tras imputación de la JEP

Luego, el 16 de agosto de 2011, el Ministerio del Defensa del Perú le dio la bienvenida al país inca, para que asistiera a la Conferencia de Comandantes de los Ejércitos Americanos (CCEA), el cual reunió a 20 fuerzas del conteniente. Figueroa participó del evento junto al también coronel Carlos Arturo Rueda, de quien se sabe que trabajó para la Dirección de Ciencia del Ejército colombiano. Quizás fue una de sus últimas acciones como militar, pues según consta en su hoja de vida, se retiró del servicio por solicitud propia el 19 de diciembre de 2011, de acuerdo con el Decreto 4774 en poder de la JEP.

El único avance que la justicia ordinaria registra contra Figueroa data del 13 de septiembre de 2017, cuando la Fiscalía 90 de Derechos Humanos de Bucaramanga le abrió una instrucción y lo llamó a indagatoria por su posible responsabilidad en la muerte de cinco ciudadanos. Nunca fue. En la Procuraduría lo han absuelto una vez y le han archivado el proceso en dos oportunidades.

Ahora, el magistrado de la JEP Óscar Javier Parra describe su caso como “excepcionalísimo”. Pues la gran mayoría de militares que se han acogido a la justicia transicional están en el país, así como quienes han salido salpicados y decidieron no comparecer. “Lo que tiene que hacer la Sala es analizar este caso como un precedente para las situaciones similares. ¿Qué ocurriría con aquellas personas renuentes? Nosotros hemos recibido solicitudes de organizaciones de víctimas sobre diversos cursos de acción. Algunas solicitudes nos piden activar rutas en Interpol u otras rutas de comparecencia”, dijo Parra en una rueda de prensa en la que la JEP presentó la imputación por los falsos positivos del batallón La Popa.

El coronel (r) Juan Carlos Figueroa es uno de los primeros militares en ser señalado como máximo responsable de “falsos positivos” por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En concreto, por las ejecuciones extrajudiciales perpetradas, entre 2002 y 2005, por el Batallón La Popa, ubicado en Valledupar (Cesar). Figueroa fue comandante de batallón entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005, periodo en que sus hombres reportaron 113 bajas en combate, de las cuales 51 serían “falsos positivos”, según la última gran imputación de la JEP. De acuerdo con el órgano de justicia, Figueroa habría llegado para abanderar el siniestro fenómeno de guerra, tras la salida del coronel retirado Publio Hernán Mejía.

En contexto: Falsos positivos del Batallón La Popa: ¿quiénes son los 15 imputados en la JEP?

El expediente Figueroa se destaca por lo que se le acusa y por su rechazo a la JEP. En calidad de “compareciente forzoso”, fue convocado el 3 de octubre de 2019 a versión voluntaria, pues testimonios de militares en retiro coinciden en que habría presionado a su batallón y estimulado el reporte de bajas en combate, otorgando permisos y premios sin importar quiénes eran los muertos. Presuntamente siguió el camino de Publio Hernán Mejía, sentenciado por aliarse con el Bloque Norte de las Auc para las ejecuciones, imputado por la muerte de 75 inocentes.

Figueroa nunca se presentó a la JEP. El órgano ubicó a su madre, quien respondió que, “no desea asistir a la diligencia de versión voluntaria”. Intentaron hallarlo en Bucaramanga y Bogotá, pero solo se recibió noticias de que estaba “fuera del país”. Funcionarios de la JEP se comunicaron con Migración Colombia, la cual respondió que desde el mes de julio de 2019 había salido a París (Francia), y desde entonces no ha vuelto. El 15 de octubre de ese año se pidió a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares entregar datos para ubicarlo y le respondieron con dos direcciones y un teléfono celular incompleto. En noviembre de 2019 se le notificó de nuevo y, a partir de allí, a falta de respuesta, la JEP hizo su trabajo sin contar con su presencia.

“Como comandante de la unidad contaba (…) con medios logísticos para la protección de los bienes jurídicos que se vieron afectados; sin embargo, intencionalmente decidió omitir cualquier tipo de control efectivo sobre la forma en la que dichas bajas eran finalmente obtenidas, como medio para facilitar el trabajo de la organización criminal que operaba en el batallón y, con ello, encubrir el origen real de los supuestos resultados por los cuales él y su unidad eran reconocidos”, le imputa, de todas formas, la JEP. Una fuente cercana al expediente le explicó a El Espectador que el imputado vive en los Emiratos Árabes Unidos.

En contexto: La imputación de la JEP por falsos positivos atribuidos al batallón La Popa

Ahora bien, en la imputación se relaciona al Batallón La Popa con la muerte de indígenas Kankuamos. Y en particular a Figueroa. Según un informe sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en el Caribe, del CAJAR y la Fundación Comité de Solidad con los Presos Políticos, el 19 de marzo de 2004 el entonces teniente coronel Figueroa emitió un comunicado titulado: “Sociológicamente las comunidades indígenas del Cesar se empeñan a continuar siendo un sistema cerrado de civilización”. El imputado habría dicho que “las comunidades indígenas son una minoría frente a la sociedad colombiana que hábilmente son manipulados y con intereses desconocidos, tienen una estrategia de mostrarse ante la luz pública internacional como los más afectados por el conflicto”.

Human Rights Watch recuperó un documento que data del 23 de marzo de 2005 y suscrito por Figueroa como comandante del Batallón La Popa. En el mismo papel se explica que a un informante se le dieron $500.000 por concepto de “pago de información de inteligencia, que condujo al desarrollo de la Misión Táctica FORTALEZA”. Según lo firmó Figueroa, ese día fueron “dados de baja” un sujeto NN de sexo femenino y un sujeto NN de sexo masculino, “al parecer pertenecientes al Frente 59” de las extintas Farc. Se incautó una pistola, proveedores, tres cartuchos calibre 7,65 mm, un revolver, dos granadas y hasta un pantalón de uso privativo de la Policía.

Según la JEP, esos muertos no eran NN y no fueron ningunos “excelentes resultados tangibles”. En realidad, ese día resultaron asesinados la niña del pueblo indígena Wiwa Nohemí Esther Pacheco y el joven del pueblo Kankuamo Hermes Enrique Carrillo. Tiempo después, el viernes 3 de junio de 2005, El Tiempo publicó la nota “Mi hijo no era un guerrillero”, en el cual una madre de nombre Astrid Martínez denuncia como Frank Enrique Martínez, de 17 años, fue asesinado y presentado como guerrillero en combate el 14 de mayo de ese año. Tenía retardo mental, a causa de una meningitis. No obstante, fue hallado muerto, vestido de camuflado y con un arma en la mano en La Paz (Cesar).

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Figueroa expidió un comunicado asegurando que los Juzgados 21 y 90 Penal Militar estaban a cargo de la investigación y pidió a quienes tuvieran pruebas, aportarlas para el expediente. Todos los testigos coincidieron en que El Bola, como le decían al menor de edad, solía perseguir camiones de basura por diversión. “Para obtener los resultados que le eran exigidos y lograr el propósito de superar a su predecesor, por lo cual fue felicitado y reconocido, Figueroa Suárez empleó un complejo dispositivo de incentivos y presiones para estimular la presentación de resultados operacionales que dio lugar a la búsqueda, selección y homicidio de civiles”, agrega la JEP.

El entonces coronel salió del batallón en julio de 2005, días después de la muerte de El Bola. De él no se tuvieron noticias sino hasta el 10 de julio de 2008, cuando resolvió las constantes peticiones del sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno, quien exigió vía derecho de petición el Reglamento de Combate de Contraguerrillas, un controvertido documento que el Ejército siempre catalogó de reservado. Para entonces, Figueroa se desempeñaba como Director de Instrucción y Entrenamiento, una sección que busca que todos los soldados de Colombia estén “debidamente capacitados para el combate”.

(Lea también: Falsos positivos del Batallón La Popa: ¿quiénes son los 15 imputados en la JEP?)

Figueroa, luego respaldado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, le respondió en diversas ocasiones al sacerdote que el contenido del manual es restringido, pues allí se encuentran todas las “tácticas y estrategias que la Fuerza ha empleado para neutralizar y contrarrestar el accionar de las organizaciones al margen de la Ley”. El militar (r) imputador agregó que hacer publica esa información sería un error estratégico, del cual los criminales podrían aprovecharse. El 24 de julio de 2008, el tribunal le dio la razón pues, en asuntos de seguridad nacional, prima el interés general sobre el particular.

Historia de vida: “Sabía que esas bajas eran falsos positivos”: cabo Mora tras imputación de la JEP

Luego, el 16 de agosto de 2011, el Ministerio del Defensa del Perú le dio la bienvenida al país inca, para que asistiera a la Conferencia de Comandantes de los Ejércitos Americanos (CCEA), el cual reunió a 20 fuerzas del conteniente. Figueroa participó del evento junto al también coronel Carlos Arturo Rueda, de quien se sabe que trabajó para la Dirección de Ciencia del Ejército colombiano. Quizás fue una de sus últimas acciones como militar, pues según consta en su hoja de vida, se retiró del servicio por solicitud propia el 19 de diciembre de 2011, de acuerdo con el Decreto 4774 en poder de la JEP.

El único avance que la justicia ordinaria registra contra Figueroa data del 13 de septiembre de 2017, cuando la Fiscalía 90 de Derechos Humanos de Bucaramanga le abrió una instrucción y lo llamó a indagatoria por su posible responsabilidad en la muerte de cinco ciudadanos. Nunca fue. En la Procuraduría lo han absuelto una vez y le han archivado el proceso en dos oportunidades.

Ahora, el magistrado de la JEP Óscar Javier Parra describe su caso como “excepcionalísimo”. Pues la gran mayoría de militares que se han acogido a la justicia transicional están en el país, así como quienes han salido salpicados y decidieron no comparecer. “Lo que tiene que hacer la Sala es analizar este caso como un precedente para las situaciones similares. ¿Qué ocurriría con aquellas personas renuentes? Nosotros hemos recibido solicitudes de organizaciones de víctimas sobre diversos cursos de acción. Algunas solicitudes nos piden activar rutas en Interpol u otras rutas de comparecencia”, dijo Parra en una rueda de prensa en la que la JEP presentó la imputación por los falsos positivos del batallón La Popa.