“Carpetas secretas”: después de la denuncia, el silencio

“¿Quién dio la orden?” es una pregunta que sigue sin respuesta en el caso de las llamadas “Carpetas secretas” del Ejército, en las que se encontraron perfiles de periodistas construidos a través de seguimientos ilegales. La evidencia, sin embargo, sugiere una acción coordinada, con una cadena de mando identificada y consciente de la ilegalidad de sus acciones. Una cadena que incluye coroneles, mayores y generales, líderes de los comandos de apoyo de inteligencia y contrainteligencia y batallones de ciberinteligencia, entre otras unidades.

(Le puede interesar: Los “trabajos especiales” de inteligencia por los que irán a juicio disciplinario 13 militares)

Esta evidencia se encuentra en la investigación de la Procuraduría, que es la que más avances ha logrado y que en mayo de 2020 mandó formular pliego de cargos a militares con pruebas de los equipos, las personas, las órdenes y la información recuperada. Demostró la existencia de documentos oficiales del Ejército con solicitudes explícitas de seguimiento a periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, y Nicholas Casey, del New York Times, así como pantallazos de tuits, enlaces a Facebook, información personal, de más de once periodistas y dos medios. Sin embargo, hasta el momento no se sabe en qué van estos procesos disciplinarios ni han tenido lugar las audiencias públicas ordenadas.

Es conocida la mirada sospechosa de los militares hacia los periodistas que acceden a fuentes que están en la ilegalidad y bajo su mira. Sin embargo, esto no explica las acciones de espionaje ilegal que llevaron a cabo ni parece una razón suficiente para hacerlo. No está claro si existió alguna otra razón para iniciar los seguimientos, ni tampoco cuál fue el criterio para elegir a los periodistas que terminaron en las carpetas.

(En contexto: Las “carpetas secretas” de inteligencia militar: ¿a quiénes iban dirigidas y para qué?)

Actualmente hay investigaciones abiertas en la Procuraduría y en la Fiscalía General de la Nación que no coinciden en sus hallazgos. El 20 de mayo la Procuraduría pidió formular pliego de cargos disciplinarios a trece militares. Entonces identificó como víctimas a veintinueve personas, más los miembros de cuatro organizaciones, entre las que está La Liga Contra el Silencio, que agrupa a veinte medios de comunicación, y el medio digital Rutas del Conflicto. Meses después, el 11 de agosto, la Fiscalía respondió a un derecho de petición de la FLIP en el que asegura que “no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los veinte”.

Ante los pocos avances en los procesos disciplinarios y las garantías de no repetición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en enero y mayo del 2020, llamando al Estado colombiano a investigar “la posible vinculación de altas autoridades dentro y fuera de la cadena de mando con intereses particulares o políticos como destinatarios finales de la información recolectada ilegalmente, con ese fin, disponer de todos los mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación”.

(Lea también: El reporte de lo que se halló en el Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá)

Se desconocen los avances en el proceso disciplinario y la formulación de pliego de cargos establecido por la Procuraduría a trece militares y la audiencia pública que debía suceder. Las víctimas de los perfilamientos siguen a la espera de que se esclarezcan los hechos, se abra la totalidad de las carpetas y la Fiscalía cumpla lo que ha repetido varias veces: “No se admitirá que a través de las instituciones del Estado se violen los derechos humanos ni la libertad de expresión de ningún colombiano”.

Casos

Incertidumbre, miedo e indignación es tal vez lo que mejor define el ambiente que hay entre las víctimas de este nuevo capítulo de chuzadas. Ante el panorama de impunidad, crecen las dudas del impacto de esos perfiles sobre sus víctimas: cada vez que se les cae una llamada, hay un militar cerca o aparece un error en un archivo de su computador, resurgen las sospechas de que los seguimientos pueden seguir.

(Le puede interesar: Dos generales y 11 oficiales del Ejército, a juicio disciplinario por escándalo de “carpetas secretas”)

Conversamos con dos de las víctimas de los perfilamientos: Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto (el único medio del que se conoce una carpeta completa) y con María Alejandra Villamizar, la única periodista local de la que se conoce el documento que ordena su seguimiento. Esto con el fin de ahondar en el impacto individual y colectivo que tienen estas acciones de intimidación y estigmatización sobre la libertad de expresión, la calidad periodística y el acceso a la información.

“Rutas del Conflicto”: el medio que Nicacio Martínez tenía entre ojos*

Aunque la Fiscalía alega que las personas perfiladas no son más de veinte, el caso de Rutas del Conflicto lo desmiente. De este medio se publicó una foto en la que dieciocho personas tienen flechas en la cabeza y cuya información personal había sido recolectada. Rutas del Conflicto es un medio nativo, digital e independiente con siete años de existencia, cuyo trabajo incluye la construcción de la mayor base de datos sobre masacres ocurridas en Colombia. Este trabajo tiene más de 700 registros de eventos con sus responsables, entre los que identifican a las guerrillas, los paramilitares y las FF. AA.

Antes de que lo denunciara revista Semana, en Rutas del Conflicto ya tenían la sospecha de que los estaban siguiendo. En febrero del 2019 el Ejército les había negado un derecho de petición bajo la excusa de la reserva y el asunto terminó con un fallo que declaró en desacato a su entonces comandante, Nicacio Martínez. La información en cuestión era para una investigación sobre los gastos en los convenios de empresas minero-energéticas con el propio Ejército, la Fiscalía y la Policía. La investigación de Rutas del Conflicto para La Liga Contra el Silencio fue publicada el 24 de julio de ese año. Fue entonces cuando empezaron a tener problemas con sus teléfonos celulares y de repente los perfiles de la red LinkedIn de varios de los reporteros empezaron a registrar visitas de militares.

(Le puede interesar: CIDH pide garantizar imparcialidad en investigaciones por “carpetas secretas”)

La publicación de la investigación “Chuzadas sin cuartel”, en Semana, confirmó las sospechas. El equipo de Rutas, conformado principalmente por periodistas menores de treinta años, se enfrentaba por primera vez a perfilamientos por parte de las FF. AA. Mientras que para algunos reporteros veteranos son más claros los efectos y las sospechas que despiertan en la fuente militar al cubrirlos o cubrir a quienes ellos buscan, en este equipo de jóvenes desencadenó problemas personales y familiares, la protección de sus datos mediante bloqueos o eliminación de las redes sociales.

Algunos incluso ya no trabajan en el medio. Óscar Parra, su director, contó a la FLIP que ciertas fuentes dejaron de hablarles después de la denuncia o les pidieron formas alternativas de comunicación. Desconfiaron de continuar hablando con ellos por el celular y se hizo evidente que varias de las personas se empezaron a comportar de manera diferente con los periodistas. Desde entonces, han modificado sus formas de comunicación interna y reforzaron sus protocolos de seguridad digital.

Mientras esperan avances, y sin conocer exactamente las implicaciones de lo que les ocurrió, continúan cubriendo la fuente militar. Un mes y medio después publicaron, junto con el portal Colombia 2020, un especial sobre líderes sociales en el Catatumbo, en el que señalan las acciones de los militares en su contra. Después, produjeron una investigación sobre cómo el Ejército repartía mercados donados por el prófugo Carlos Mattos en el departamento del Cesar.

*El abogado del general (r) Nicacio Martínez, Jaime Granados, le aclaró a El Espectador que ni la Fiscalía ni la Procuraduría han abierto investigación alguna contra el alto oficial en retiro y excomandante del Ejército por este asunto. “Ni siquiera lo han llamado a interrogatorio”, aseguró Granados, recordando que su defendido goza del principio de presunción de inocencia y que él, además, ya no hace parte del Ejército. Luego expidió el siguiente comunicado:

(Le puede interesar: FLIP le pone la lupa al caso “carpetas secretas” a cuatro meses de destaparse)

María Alejandra Villamizar: bitácora de una sospecha

El trabajo de María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol, es bien conocido por los servicios de inteligencia colombianos. Villamizar tiene una trayectoria profesional de más de veinte años de trabajo periodístico en el que se incluye un cubrimiento sistemático de los procesos de paz en el país, desde los diálogos del Caguán hasta los acuerdos con grupos paramilitares a comienzos de la primera década del 2000. En su carrera, Villamizar ha tenido acceso a fuentes que están en la ilegalidad. Una de esas fuentes es Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de la guerrilla y del equipo negociador en el proceso de paz con el Gobierno, a quien Villamizar ha entrevistado varias veces. Fue justamente por estas entrevistas que el Ejército decidió hacerle seguimientos.

Entre los eufemismos y el tecnicismo del lenguaje militar se identifica la orden específica de seguirla. El mismo documento, en las páginas siguientes, muestra el material que entregaron con información personal no relacionada con su entrevista con Pablo Beltrán, del Eln, como la dirección de su residencia y su fecha y lugar de matrimonio. Hoy Villamizar no termina de entender por qué, luego de dos décadas de trabajo, decidieron hacerle este seguimiento. Para obtener respuestas, en 2020 Villamizar dio poder a sus abogados para ser parte en la investigación.

No ha hecho ninguna demanda al Estado y aguarda avances de un proceso que vaya más allá de lo instrumental. ¿Para quién es esta información? Sobre el caso dirigió una carta al Ministerio de Defensa que recibió como respuesta una plantilla tipo de respuesta con lugares comunes y ninguna novedad. Villamizar le dijo a la FLIP que le cuesta creer que los generales y tenientes asociados a la investigación pongan en juego sus carreras para investigarla: “No tengo ningún interés en darle el beneficio de la duda al Gobierno sobre mi caso. Era claro lo que querían”.

(Le puede interesar: Los dos generales que saldrán del Ejército por cuenta del escándalo de “carpetas secretas”)

También confirmó que el proceso desembocó en una forma de autocensura. Si bien en este momento no realiza labores de reportería, hasta no saber más de este proceso tan opaco, es inevitable un desinterés por cubrir la agenda que la puso en las carpetas.

*Nota de la Editora: La versión digital de este artículo se actualizó con la versión que dio Jaime Granados, abogado del general (r) Nicacio Martínez, con respecto al episodio en que el alto oficial (r) sale mencionado.

“¿Quién dio la orden?” es una pregunta que sigue sin respuesta en el caso de las llamadas “Carpetas secretas” del Ejército, en las que se encontraron perfiles de periodistas construidos a través de seguimientos ilegales. La evidencia, sin embargo, sugiere una acción coordinada, con una cadena de mando identificada y consciente de la ilegalidad de sus acciones. Una cadena que incluye coroneles, mayores y generales, líderes de los comandos de apoyo de inteligencia y contrainteligencia y batallones de ciberinteligencia, entre otras unidades.

(Le puede interesar: Los “trabajos especiales” de inteligencia por los que irán a juicio disciplinario 13 militares)

Esta evidencia se encuentra en la investigación de la Procuraduría, que es la que más avances ha logrado y que en mayo de 2020 mandó formular pliego de cargos a militares con pruebas de los equipos, las personas, las órdenes y la información recuperada. Demostró la existencia de documentos oficiales del Ejército con solicitudes explícitas de seguimiento a periodistas como María Alejandra Villamizar, de Caracol, y Nicholas Casey, del New York Times, así como pantallazos de tuits, enlaces a Facebook, información personal, de más de once periodistas y dos medios. Sin embargo, hasta el momento no se sabe en qué van estos procesos disciplinarios ni han tenido lugar las audiencias públicas ordenadas.

Es conocida la mirada sospechosa de los militares hacia los periodistas que acceden a fuentes que están en la ilegalidad y bajo su mira. Sin embargo, esto no explica las acciones de espionaje ilegal que llevaron a cabo ni parece una razón suficiente para hacerlo. No está claro si existió alguna otra razón para iniciar los seguimientos, ni tampoco cuál fue el criterio para elegir a los periodistas que terminaron en las carpetas.

(En contexto: Las “carpetas secretas” de inteligencia militar: ¿a quiénes iban dirigidas y para qué?)

Actualmente hay investigaciones abiertas en la Procuraduría y en la Fiscalía General de la Nación que no coinciden en sus hallazgos. El 20 de mayo la Procuraduría pidió formular pliego de cargos disciplinarios a trece militares. Entonces identificó como víctimas a veintinueve personas, más los miembros de cuatro organizaciones, entre las que está La Liga Contra el Silencio, que agrupa a veinte medios de comunicación, y el medio digital Rutas del Conflicto. Meses después, el 11 de agosto, la Fiscalía respondió a un derecho de petición de la FLIP en el que asegura que “no fueron 130 blancos los objetos de acciones ilegales de monitoreo, seguimientos, interceptaciones, perfilaciones, trabajos especiales por el Ejército Nacional, sino un número de personas que no supera los veinte”.

Ante los pocos avances en los procesos disciplinarios y las garantías de no repetición, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció en enero y mayo del 2020, llamando al Estado colombiano a investigar “la posible vinculación de altas autoridades dentro y fuera de la cadena de mando con intereses particulares o políticos como destinatarios finales de la información recolectada ilegalmente, con ese fin, disponer de todos los mecanismos legales e institucionales a su alcance para dotar de garantías de independencia e imparcialidad a la investigación”.

(Lea también: El reporte de lo que se halló en el Batallón de Ciberinteligencia de Facatativá)

Se desconocen los avances en el proceso disciplinario y la formulación de pliego de cargos establecido por la Procuraduría a trece militares y la audiencia pública que debía suceder. Las víctimas de los perfilamientos siguen a la espera de que se esclarezcan los hechos, se abra la totalidad de las carpetas y la Fiscalía cumpla lo que ha repetido varias veces: “No se admitirá que a través de las instituciones del Estado se violen los derechos humanos ni la libertad de expresión de ningún colombiano”.

Casos

Incertidumbre, miedo e indignación es tal vez lo que mejor define el ambiente que hay entre las víctimas de este nuevo capítulo de chuzadas. Ante el panorama de impunidad, crecen las dudas del impacto de esos perfiles sobre sus víctimas: cada vez que se les cae una llamada, hay un militar cerca o aparece un error en un archivo de su computador, resurgen las sospechas de que los seguimientos pueden seguir.

(Le puede interesar: Dos generales y 11 oficiales del Ejército, a juicio disciplinario por escándalo de “carpetas secretas”)

Conversamos con dos de las víctimas de los perfilamientos: Óscar Parra, director de Rutas del Conflicto (el único medio del que se conoce una carpeta completa) y con María Alejandra Villamizar, la única periodista local de la que se conoce el documento que ordena su seguimiento. Esto con el fin de ahondar en el impacto individual y colectivo que tienen estas acciones de intimidación y estigmatización sobre la libertad de expresión, la calidad periodística y el acceso a la información.

“Rutas del Conflicto”: el medio que Nicacio Martínez tenía entre ojos*

Aunque la Fiscalía alega que las personas perfiladas no son más de veinte, el caso de Rutas del Conflicto lo desmiente. De este medio se publicó una foto en la que dieciocho personas tienen flechas en la cabeza y cuya información personal había sido recolectada. Rutas del Conflicto es un medio nativo, digital e independiente con siete años de existencia, cuyo trabajo incluye la construcción de la mayor base de datos sobre masacres ocurridas en Colombia. Este trabajo tiene más de 700 registros de eventos con sus responsables, entre los que identifican a las guerrillas, los paramilitares y las FF. AA.

Antes de que lo denunciara revista Semana, en Rutas del Conflicto ya tenían la sospecha de que los estaban siguiendo. En febrero del 2019 el Ejército les había negado un derecho de petición bajo la excusa de la reserva y el asunto terminó con un fallo que declaró en desacato a su entonces comandante, Nicacio Martínez. La información en cuestión era para una investigación sobre los gastos en los convenios de empresas minero-energéticas con el propio Ejército, la Fiscalía y la Policía. La investigación de Rutas del Conflicto para La Liga Contra el Silencio fue publicada el 24 de julio de ese año. Fue entonces cuando empezaron a tener problemas con sus teléfonos celulares y de repente los perfiles de la red LinkedIn de varios de los reporteros empezaron a registrar visitas de militares.

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La publicación de la investigación “Chuzadas sin cuartel”, en Semana, confirmó las sospechas. El equipo de Rutas, conformado principalmente por periodistas menores de treinta años, se enfrentaba por primera vez a perfilamientos por parte de las FF. AA. Mientras que para algunos reporteros veteranos son más claros los efectos y las sospechas que despiertan en la fuente militar al cubrirlos o cubrir a quienes ellos buscan, en este equipo de jóvenes desencadenó problemas personales y familiares, la protección de sus datos mediante bloqueos o eliminación de las redes sociales.

Algunos incluso ya no trabajan en el medio. Óscar Parra, su director, contó a la FLIP que ciertas fuentes dejaron de hablarles después de la denuncia o les pidieron formas alternativas de comunicación. Desconfiaron de continuar hablando con ellos por el celular y se hizo evidente que varias de las personas se empezaron a comportar de manera diferente con los periodistas. Desde entonces, han modificado sus formas de comunicación interna y reforzaron sus protocolos de seguridad digital.

Mientras esperan avances, y sin conocer exactamente las implicaciones de lo que les ocurrió, continúan cubriendo la fuente militar. Un mes y medio después publicaron, junto con el portal Colombia 2020, un especial sobre líderes sociales en el Catatumbo, en el que señalan las acciones de los militares en su contra. Después, produjeron una investigación sobre cómo el Ejército repartía mercados donados por el prófugo Carlos Mattos en el departamento del Cesar.

*El abogado del general (r) Nicacio Martínez, Jaime Granados, le aclaró a El Espectador que ni la Fiscalía ni la Procuraduría han abierto investigación alguna contra el alto oficial en retiro y excomandante del Ejército por este asunto. “Ni siquiera lo han llamado a interrogatorio”, aseguró Granados, recordando que su defendido goza del principio de presunción de inocencia y que él, además, ya no hace parte del Ejército. Luego expidió el siguiente comunicado:

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María Alejandra Villamizar: bitácora de una sospecha

El trabajo de María Alejandra Villamizar, periodista de Caracol, es bien conocido por los servicios de inteligencia colombianos. Villamizar tiene una trayectoria profesional de más de veinte años de trabajo periodístico en el que se incluye un cubrimiento sistemático de los procesos de paz en el país, desde los diálogos del Caguán hasta los acuerdos con grupos paramilitares a comienzos de la primera década del 2000. En su carrera, Villamizar ha tenido acceso a fuentes que están en la ilegalidad. Una de esas fuentes es Pablo Beltrán, miembro del Comando Central de la guerrilla y del equipo negociador en el proceso de paz con el Gobierno, a quien Villamizar ha entrevistado varias veces. Fue justamente por estas entrevistas que el Ejército decidió hacerle seguimientos.

Entre los eufemismos y el tecnicismo del lenguaje militar se identifica la orden específica de seguirla. El mismo documento, en las páginas siguientes, muestra el material que entregaron con información personal no relacionada con su entrevista con Pablo Beltrán, del Eln, como la dirección de su residencia y su fecha y lugar de matrimonio. Hoy Villamizar no termina de entender por qué, luego de dos décadas de trabajo, decidieron hacerle este seguimiento. Para obtener respuestas, en 2020 Villamizar dio poder a sus abogados para ser parte en la investigación.

No ha hecho ninguna demanda al Estado y aguarda avances de un proceso que vaya más allá de lo instrumental. ¿Para quién es esta información? Sobre el caso dirigió una carta al Ministerio de Defensa que recibió como respuesta una plantilla tipo de respuesta con lugares comunes y ninguna novedad. Villamizar le dijo a la FLIP que le cuesta creer que los generales y tenientes asociados a la investigación pongan en juego sus carreras para investigarla: “No tengo ningún interés en darle el beneficio de la duda al Gobierno sobre mi caso. Era claro lo que querían”.

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También confirmó que el proceso desembocó en una forma de autocensura. Si bien en este momento no realiza labores de reportería, hasta no saber más de este proceso tan opaco, es inevitable un desinterés por cubrir la agenda que la puso en las carpetas.

*Nota de la Editora: La versión digital de este artículo se actualizó con la versión que dio Jaime Granados, abogado del general (r) Nicacio Martínez, con respecto al episodio en que el alto oficial (r) sale mencionado.