Carranza, el zar sin condenas

Durante décadas la justicia, lánguidamente, estuvo tras los pasos de Víctor Carranza Niño. Fue él, sin embargo, quien ganó cada una de las batallas que emprendió. En 1989, según documentaron el jesuita Javier Giraldo y el representante Iván Cepeda en el libro que lanzaron el año pasado sobre el zar de las esmeraldas, alcanzó a tener 18 procesos por un sinnúmero de delitos, pero todos fueron archivado. Entre 1998 y 2001 estuvo detenido, investigado por el patrocinio y financiación de grupos paramilitares, y no sólo resultó absuelto, sino que en 2008 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Estado indemnizarlo por su injusta pérdida de libertad.

En ese expediente, la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez indagaba si el zar esmeraldero había respaldado la conformación de grupos de autodefensa en el Cesar. Para esa época, además, había por lo menos 26 indagaciones preliminares en su contra en el departamento del Meta, con base en testimonios de la región que aseguraban que hombres a su mando habían, por ejemplo, perpetrado la masacre de Caño Sivajo, en la que murieron siete personas. En Meta, además, era donde tenía la finca La 60, en la cual se encontró en 1990 una fosa común con más de 50 cuerpos. Este descubrimiento le causó un arresto de 24 horas.

Fue uno de los personajes fundamentales para acabar con la llamada ‘guerra verde’ —que, según el investigador Pedro Claver Tellez, dejó unos 3.500 muertos entre los años 60 y finales de los 80— en Boyacá y Cundinamarca. Por eso, esmeralderos de la región temían que su ausencia fuera la chispa que alimentara el fuego de nuevos enfrentamientos, pues en ambos departamentos, en los últimos meses, se han presentado de nuevo asesinatos y atentados. Carranza le había pedido al Gobierno, hacía menos de dos semanas, que no permitiera el resurgimiento de la violencia, aunque el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, declaró hace dos días en RCN Radio que “lo sucedido es importante, pero no es sinónimo de guerra”.

Al tiempo que Granados hablaba en esa emisora, en Blu Radio monseñor Héctor Gutiérrez, obispo de Engativá (localidad de Bogotá) pedía para el zar esmeraldero una “segunda oportunidad”. Según él, Carranza era “un caballero interesado por la paz, por el bien de la comunidad”, y no estaba relacionado con la ilegalidad. “Yo le pregunté directamente a él sobre sus vinculaciones con el crimen —agregó monseñor Gutiérrez—, con el mundo del narcotráfico, el paramilitarismo o la guerrilla. Don Víctor fue enfático en decirme que no, que tenía un grupo de hombres que lo cuidan. Algunos los llaman paramilitares, pero él me dijo que jamás ha tenido paramilitares con ideología”.

En febrero de 2010, Carranza Niño le concedió una entrevista a este diario en la que expresó que la finca La 60 no era de su propiedad; que los paramilitares se habían asentado en Puerto Boyacá, lejos de las minas esmeraldíferas; que hasta ante la Embajada de Estados Unidos había denunciado el narcotráfico que se había infiltrado en el negocio de las piedras preciosas; resaltó que nunca había gambeteado la justicia y aseguró tajantemente: “El poder mío es que tengo unos pesos ganados con el sudor de mi frente, trabajados limpiamente. Se lo he dicho a los paramilitares y a la guerrilla: yo no les suelto un peso, porque lo mío es mío”.

Durante décadas la justicia, lánguidamente, estuvo tras los pasos de Víctor Carranza Niño. Fue él, sin embargo, quien ganó cada una de las batallas que emprendió. En 1989, según documentaron el jesuita Javier Giraldo y el representante Iván Cepeda en el libro que lanzaron el año pasado sobre el zar de las esmeraldas, alcanzó a tener 18 procesos por un sinnúmero de delitos, pero todos fueron archivado. Entre 1998 y 2001 estuvo detenido, investigado por el patrocinio y financiación de grupos paramilitares, y no sólo resultó absuelto, sino que en 2008 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Estado indemnizarlo por su injusta pérdida de libertad.

En ese expediente, la Fiscalía de Alfonso Gómez Méndez indagaba si el zar esmeraldero había respaldado la conformación de grupos de autodefensa en el Cesar. Para esa época, además, había por lo menos 26 indagaciones preliminares en su contra en el departamento del Meta, con base en testimonios de la región que aseguraban que hombres a su mando habían, por ejemplo, perpetrado la masacre de Caño Sivajo, en la que murieron siete personas. En Meta, además, era donde tenía la finca La 60, en la cual se encontró en 1990 una fosa común con más de 50 cuerpos. Este descubrimiento le causó un arresto de 24 horas.

Fue uno de los personajes fundamentales para acabar con la llamada ‘guerra verde’ —que, según el investigador Pedro Claver Tellez, dejó unos 3.500 muertos entre los años 60 y finales de los 80— en Boyacá y Cundinamarca. Por eso, esmeralderos de la región temían que su ausencia fuera la chispa que alimentara el fuego de nuevos enfrentamientos, pues en ambos departamentos, en los últimos meses, se han presentado de nuevo asesinatos y atentados. Carranza le había pedido al Gobierno, hacía menos de dos semanas, que no permitiera el resurgimiento de la violencia, aunque el gobernador de Boyacá, Juan Carlos Granados, declaró hace dos días en RCN Radio que “lo sucedido es importante, pero no es sinónimo de guerra”.

Al tiempo que Granados hablaba en esa emisora, en Blu Radio monseñor Héctor Gutiérrez, obispo de Engativá (localidad de Bogotá) pedía para el zar esmeraldero una “segunda oportunidad”. Según él, Carranza era “un caballero interesado por la paz, por el bien de la comunidad”, y no estaba relacionado con la ilegalidad. “Yo le pregunté directamente a él sobre sus vinculaciones con el crimen —agregó monseñor Gutiérrez—, con el mundo del narcotráfico, el paramilitarismo o la guerrilla. Don Víctor fue enfático en decirme que no, que tenía un grupo de hombres que lo cuidan. Algunos los llaman paramilitares, pero él me dijo que jamás ha tenido paramilitares con ideología”.

En febrero de 2010, Carranza Niño le concedió una entrevista a este diario en la que expresó que la finca La 60 no era de su propiedad; que los paramilitares se habían asentado en Puerto Boyacá, lejos de las minas esmeraldíferas; que hasta ante la Embajada de Estados Unidos había denunciado el narcotráfico que se había infiltrado en el negocio de las piedras preciosas; resaltó que nunca había gambeteado la justicia y aseguró tajantemente: “El poder mío es que tengo unos pesos ganados con el sudor de mi frente, trabajados limpiamente. Se lo he dicho a los paramilitares y a la guerrilla: yo no les suelto un peso, porque lo mío es mío”.