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Luego de que el Tribunal Constitucional de Cabo Verde diera vía libre a la extradición a Estados Unidos de Alex Saab, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, su equipo de defensa presentó una carta expresando su descontento con la decisión. Para lo abogados de Saab, lo dispuesto por el alto tribunal de ese país era “jurídicamente incoherente”.
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“El contenido de la sentencia puede resumirse en una palabra: `¡No!´”, dice la carta que presentó la defensa del barranquillero. Para los abogados del supuesto testaferro de Maduro, el Tribunal caboverdiano desistió de todas las peticiones hechas por Saab y también, según ellos, no buscaron justicia para el detenido. Así mismo, sostuvo la defensa, el alto tribunal desconoció también los derechos humanos.
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“La consecuencia de esta sentencia es la validación de la detención puramente arbitraria de un diplomático extranjero, privado de todos los derechos y garantías, a manos de agentes de policía de Cabo Verde”, se sostiene en la misiva redactada por la defensa de Alex Saab. Así mismo, el grupo de abogados reiteró algo en lo que ha insistido en el proceso que ha afrontado su cliente en el país africano, que, “el Tribunal de Justicia de la CEDEAO que desde el 15 de marzo de 2021 ha afirmado que la detención era arbitraria y ha ordenado la liberación inmediata”.
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Según lo manifestado por el grupo de defensores en el documento, la actuación del alto tribunal no fue acorde con la ley y, “los detalles de la sentencia dejarán boquiabierto a cualquier jurista razonable que vea, a lo largo de esta decisión, los derechos humanos, las garantías judiciales, los derechos de la defensa, el principio de inmunidad diplomática, el principio de buena fe en el derecho internacional, y el derecho internacional en su conjunto, descompuestos y aniquilados por quienes, evidentemente, sirven a un propósito político”.
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En lo dicho por el equipo de abogados, “al decidir en contra de Alex Saab, el Tribunal Constitucional también decidió en contra de la Constitución de Cabo Verde, del Tratado Revisado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental y del Derecho Internacional”. Con esto, los defensores del barranquillero afirmaron que, “la sentencia ha alejado completamente a Cabo Verde de la comunidad de naciones civilizadas”.
La vía libre a la extradición se dio porque el alto tribunal rechazó un recurso presentado por los abogados del presunto testaferro, con la que buscaban frenar su envío a los Estados Unidos, luego de estar un año detenido. La justicia estadounidense lo señala, desde 2019, de ser una de los empresarios fachada del cuestionado gobierno venezolano. Esta decisión del Tribunal Constitucional se da luego de que en marzo de 2021, en segunda instancia, el Tribunal Supremo de Justicia, también diera luz verde a su extradición.
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Así mismo, el pasado 19 de agosto, los defensores de Saab denunciaron a tres jueces y al fiscal general del país africano porque habrían violado sus derechos en múltiples ocasiones. Alex Saab denunció ante el Consejo Superior de la Magistratura de Cabo Verde fueron esos supuestos errores los que llevaron a la aprobación de la petición de extradición de Estados Unidos contra el empresario, según la defensa.
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El caso ha sido controvertido porque tanto la ONU como un tribunal regional africano se han pronunciado a favor de Saab. En junio de este año, el Tribunal de la CEDEAO, conformado por Estados de África Occidental, confirmó la sentencia que había publicado el pasado 15 de marzo: su detención fue ilegal y, por tanto, debía quedar en libertad inmediata. Por su parte, En junio de este mismo año, la ONU le pidió a Cabo Verde que suspendiera la extradición del empresario barranquillero que es requerido por las autoridades estadounidenses.
En el proceso, el gobierno de Nicolás Maduro también se ha movido para intentar que Saab vuelva a Venezuela. En diciembre de 2020, seis meses después de su captura, le otorgaron a Alex Saab el título de embajador extraordinario y plenipotenciario, representante permanente alterno de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana, con sede en Addis Abeba (Etiopía).