Este jueves, a través de un comunicado de prensa, la Fiscalía anunció que presentó ante un juez de garantías al exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile, por presunta corrupción en el denominado Cartel de la Hemofilia. En este caso, el exmandatario departamental está ante los estrados por delito de enriquecimiento ilícito de particulares porque, supuestamente, durante 2015 recibió $2.100 millones de pesos para financiar su campaña política.
Por el denominado ‘Cartel de la Hemofilia’, recientemente, la Fiscalía presentó ante un juez de control de garantías al exgobernador de Córdoba, Edwin José Besaile Fayad, y le imputó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. pic.twitter.com/p5LcGBKJSD
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 6, 2022
“El material de prueba da cuenta de que los recursos provenían de un programa público departamental para atender pacientes con enfermedades de alto costo como la hemofilia”, dice el documento de la Fiscalía. La información se conoció este jueves luego de que el fiscal Francisco Barbosa visitó Córdoba con la intención de verificar cómo avanzan las investigaciones por corrupción.
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De acuerdo con el jefe del búnker, al menos 44 personas han sido judicializadas por actos de corrupción en ese departamento, entre ellas se encuentran ocho alcaldes, 24 funcionarios públicos de diferentes municipios del departamento, ocho particulares y un fiscal. “Estamos haciendo un esfuerzo nacional para decirle a los colombianos que estamos protegiendo los recursos y que la lucha es contra la corrupción”, resaltó el fiscal Barbosa.
Sobre el exgobernador Besaile, el fiscal no entregó mayores detalles de la investigación. Sin embargo, esta no es la primera vez que el mandatario está ante los estrados judiciales. En febrero de 2018, el ente acusador lo llamó por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir porque habría autorizado el pago de $1.525 millones a la IPS San José de la Sabana S.A.S, por el supuesto suministro de medicamentos a 14 pacientes sin que estos existieran.
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Lo que reprocha la Fiscalía es que el exmandatario, en mayo de 2016, permitió que se efectuaran dichos pagos sin que las personas, supuestamente beneficiarias, hayan recibido tratamiento. Lo que dijo en su momento el fiscal del caso es que Besaile no habría actuado solo. En medio de las investigaciones salieron a relucir los nombres de los también exgobernadores de Córdoba Alejandro Lyons Muskus y Musa Besaile, quienes se concertaron, supuestamente, en alianza criminal para desfalcar el erario del departamento.
“Durante el mandato de Alejandro Lyons se gestó la alianza criminal entre éste y Musa Abraham Besaile Fayad, hermano del imputado, que tenía dentro de sus finalidades obtener beneficios económicos ilegales de recursos que ingresaban al departamento por concepto de regalías”, dijo en su momento el fiscal del caso en medio de la primera imputación al exgobernador Edwin Besaile. El delegado del búnker dijo que dicha alianza contó con la participación de particulares y funcionarios de la gobernación.
“La alianza criminal se nutrió de personas, no sólo vinculadas a la administración departamental sino a la política nacional e incluso a entes de salud como las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana”, agregó el fiscal del caso. En cuanto a los dineros que le habrían sido otorgados al exgobernador, la Fiscalía indicó que fue una suma considerable con la que Edwin Besaile habría promovido su campaña electoral para llegar al cargo de gobernador.
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En materia penal, su proceso continúa en la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a lo disciplinario, en enero de 2020, la Procuraduría suspendió por 11 meses al exgobernador Besaile Fayad, y destituyó por 13 años al exsecretario de Desarrollo de la Salud, José Jaime Pareja Alemán, por irregularidades en el pago de medicamentos a pacientes con hemofilia. En este caso, el órgano de control estableció que el exmandatario departamental solicitó la disponibilidad de recursos y permitió el pago de más de $1.500 millones de pesos a favor de la IPS San José de la Sabana S.A.S., por concepto de suministro de medicamentos No POS a 14 personas que no padecían la enfermedad, lo que conllevó a que se incrementara injustificadamente el patrimonio de la IPS.
El Ministerio Público halló que el exgobernador en su función de mandatario departamental no impartió instrucciones y no realizó seguimiento, orientación, vigilancia y control jerárquico sobre el uso de esos recursos, pese a las advertencias previas presentadas por la Contraloría General de la República en las cuales se evidenciaron irregularidades en los controles para ordenar los pagos de medicamentos, que no permitían tener certeza de la real prestación del servicio.
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En materia disciplinaria este no es el único proceso por el que fue inhabilitado Besaile. En febrero de 2020, el Ministerio Público lo sancionó por 12 años por conflicto de interés al no declararse impedido para actuar en la sesión del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad), que aprobó el proyecto para el mejoramiento de la vía entre los municipios de Ciénaga de Oro y Sahagún, por más de $28.900 millones.
El órgano de control estableció que el exgobernador actuó en octubre de 2017 como mandatario de Córdoba en la sesión No. 43 del Ocad, Región Caribe, donde se debatió la viabilización, priorización y apropiación del proyecto de infraestructura que iba a ser financiado con recursos del Sistema General de Regalías, pese a estar impedido por la existencia de propiedades a su nombre en el trayecto de la vía.
La Procuraduría expuso en audiencia pública que es indiscutible la importancia de la pavimentación de las vías para las comunidades que lo reclamaban. No obstante, sostuvo que el exmandatario departamental debió advertir la existencia de intereses, así como el beneficio que representaba para él y su familia por tener participación directa y legítima en las propiedades que conforman el globo de terreno denominado ‘Trementino’ y comprenden un área de 1424 hectáreas aproximadamente.
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