Cartel de la toga: a juicio Luis Ignacio Lyons, exabogado de senadores Besaile y Ashton

$2.000 millones. Esa es la cifra que se habría negociado, entre por lo menos cinco personas, para frenar una orden de captura en contra del excongresista Musa Besaile, quien era investigado por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. El defensor Luis Ignacio Lyons habría participado de la maniobra como abogado del exsenador del partido de la U. Por tales hechos, en los que estarían involucrados exmagistrados de la alta corte, Lyons irá a juicio por el delito de cohecho -o soborno-.

En contexto: Declaración de abogado Luis Ignacio Lyons comprometería a exmagistrado Francisco Ricaurte.

De acuerdo con la Fiscalía, el abogado Luis Ignacio Lyons habría sido vital para que manos oscuras en la Corte Suprema de Justicia intentaran trabar el proceso de Musa Besaile entre finales de 2014 y principios de 2015. Se trataría de toda una red de corrupción, cuya mochila de billetes habría sido repartida para el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y cuyo destino serían los exmagistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, quienes actualmente son procesados por estos hechos e insisten en que son inocentes.

Durante 2014 el proceso por supuestos vínculos con paramilitares de Besaile estaba en el escritorio del magistrado Gustavo Malo, quien desde 2017 está recluido en la cárcel La Picota (Bogotá) mientras su propia investigación avanza. Al parecer, como lo asegura la Fiscalía, el exmagistrado Francisco Ricaurte habría advertido al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno que la Corte Suprema estaba alistando una orden de captura contra Besaile. Moreno, a su vez, la pasó el telegrama al abogado Leonardo Pinilla -condenado el año pasado-, quien le dio la noticia al defensor Luis Ignacio Lyons. Entre Moreno, Pinilla y Lyons existía una gran amistad, cuenta la Fiscalía.

El mismo abogado Leonardo Pinilla, quien obtuvo una rebaja de pena por su colaboración a la justicia, habría coordinado una reunión en la Pescadería Jaramillo de la 93, en Bogotá, para revelar la información conocida por el exmagistrado Francisco Ricaurte, “amigo persona de Gustavo Malo”, dice la Fiscalía. “Al recibir esa información, Lyons España le preguntó a Luis Gustavo Moreno cómo se podía evitar dicha captura, obteniendo como respuesta que eso se podía lograr por una suma de $3.000 millones”, agrega el ente investigador.

Luego, se habría coordinado una reunión en el hotel JW Marriot de la séptima, entre Musa Besaile y el exmagistrado Francisco Ricaurte, donde se habría concretado el pago de $2.000 millones a cambio de tres beneficios: primero, ordenar práctica de pruebas; segundo, desvincular al magistrado auxiliar del togado Malo, el doctor José Reyes Rodríguez; y tercero, buscar la dilación y la prescripción del caso por parapolítica. Además, supuestamente se negoció un pago en dos contados.

En contexto: El testimonio que Luis Gustavo Moreno ha dejado sobre el cartel de la toga.

“De igual manera, se acordó que el 10% de la suma pactada, es decir, de los $2.000 millones, sería repartido entre Luis Gustavo Moreno y Luis Ignacio Lyons, y de ese porcentaje se le daría una parte a Leonardo Pinilla por haber sido quien gestionó la reunión inicial”, agrega la Fiscalía. En otras líneas investigativas, Francisco Ricaurte y el exfiscal anticorrupción Moreno han sido acusados por supuestamente conformar una empresa fachada, en Bogotá, donde supuestamente se negociaban decisiones judiciales en la Corte Suprema.

De acuerdo con la hipótesis investigativa de la Fiscalía, el abogado Luis Ignacio Lyons habría recibido un primer pago de $390 millones, que llegaron a su oficina ubicada en la calle 93. De esa suma, al parecer, el exabogado de Musa Besaile se habría quedado con $100 millones y el resto habría parado en los bolsillos del fiscal anticorrupción. De acuerdo con la Fiscalía, hubo uno segundo pago de $390 millones que involucro a Lyons, situación que habría sacado de los cabales al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien supuestamente exigió línea directa entre él y Besaile a partir de ese momento.

“A partir de estos hechos es que se logra inferir que los dineros entregados por Luis Ignacio Lyons y Musa Besaile, tenían como destino a miembros de la Corte Suprema de Justicia, en especial a Gustavo Malo y Leónidas Bustos y tenían como propósito ejecutar actos contrarios a sus deberes oficiales”, concluyó la Fiscalía. Entre los testigos que tiene el ente investigador se encuentran el supuesto amigo y abogado Leonardo Pinilla y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado en 2018 a cuatro años de prisión y quien actualmente está recluido en el Batallón de Artillería de Bogotá, tras una batalla judicial contra el Inpec y la Policía.

Antecedentes: Musa Besaile reiniciará su colaboración con la justicia.

El abogado Luis Ignacio Lyons aseguró bajo juramento, el 12 de diciembre de 2019, en el juicio que se adelanta contra el mismo Ricaurte, que no le consta que tal millonada hubiese caído en los bolsillos del investigado. “Todos esos pagos se le hicieron personalmente al doctor Gustavo Moreno”, dijo. Además, Lyons dejó sobre la mesa en esa audiencia que, en realidad, Luis Gustavo Moreno ofrecía humo y que no tenía el poder que decía ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante el proceso, a finales de 2017, La Corte Suprema de Justicia decidió sobre una hipótesis “exótica” presentada por el mismo Musa Besaile. El excongresista, días antes de ser capturado, se presentó como víctima de una extorsión por parte de Luis Gustavo Moreno. De acuerdo con Besaile, la supuesta negociación que le planteó el exfiscal anticorrupción lo intimidó, a tal punto que tuvo miedo de no desembolsar el dinero. Sin embargo, tal actitud defensiva resultó contradictoria para la alta corte, pues Besaile había dicho con anterioridad que no había elementos para ordenar su captura.

“Resulta exótico que ahora justifique su comportamiento con una explicación inadmisible en esa y en cualquier otra circunstancia (…) La coacción para pagar una suma de dinero con el fin de detener una decisión judicial es una disculpa inaudita. Por principio, la coacción supone el empleo de la violencia para impedir a la persona realizar un acto que la ley no prohíbe, que es precisamente lo que acá no ocurre”, determinó la Corte Suprema de Justicia. El último capitulo que se conoce de Besaile está en las carpetas de la JEP, pues la jurisdicción de paz lo admitió para que cuente su versión del conflicto armado.

Por otro lado, en diciembre de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que el abogado Lyons no podrá volver a ejercer la carrera de Derecho, dada su investigación por el cartel de la toga y el eco que produce su nombre en diferentes expedientes judiciales por el mismo episodio de corrupción. Otro de sus defendidos en su momento, el excongresista Álvaro Ashton, también reconoció haber pagado $800 millones a Luis Gustavo Moreno para archivar su proceso por parapolítica. La declaración se materializó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en la rama investigativa contra exmagistrado Gustavo Malo.

$2.000 millones. Esa es la cifra que se habría negociado, entre por lo menos cinco personas, para frenar una orden de captura en contra del excongresista Musa Besaile, quien era investigado por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. El defensor Luis Ignacio Lyons habría participado de la maniobra como abogado del exsenador del partido de la U. Por tales hechos, en los que estarían involucrados exmagistrados de la alta corte, Lyons irá a juicio por el delito de cohecho -o soborno-.

En contexto: Declaración de abogado Luis Ignacio Lyons comprometería a exmagistrado Francisco Ricaurte.

De acuerdo con la Fiscalía, el abogado Luis Ignacio Lyons habría sido vital para que manos oscuras en la Corte Suprema de Justicia intentaran trabar el proceso de Musa Besaile entre finales de 2014 y principios de 2015. Se trataría de toda una red de corrupción, cuya mochila de billetes habría sido repartida para el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y cuyo destino serían los exmagistrados Gustavo Malo y Francisco Ricaurte, quienes actualmente son procesados por estos hechos e insisten en que son inocentes.

Durante 2014 el proceso por supuestos vínculos con paramilitares de Besaile estaba en el escritorio del magistrado Gustavo Malo, quien desde 2017 está recluido en la cárcel La Picota (Bogotá) mientras su propia investigación avanza. Al parecer, como lo asegura la Fiscalía, el exmagistrado Francisco Ricaurte habría advertido al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno que la Corte Suprema estaba alistando una orden de captura contra Besaile. Moreno, a su vez, la pasó el telegrama al abogado Leonardo Pinilla -condenado el año pasado-, quien le dio la noticia al defensor Luis Ignacio Lyons. Entre Moreno, Pinilla y Lyons existía una gran amistad, cuenta la Fiscalía.

El mismo abogado Leonardo Pinilla, quien obtuvo una rebaja de pena por su colaboración a la justicia, habría coordinado una reunión en la Pescadería Jaramillo de la 93, en Bogotá, para revelar la información conocida por el exmagistrado Francisco Ricaurte, “amigo persona de Gustavo Malo”, dice la Fiscalía. “Al recibir esa información, Lyons España le preguntó a Luis Gustavo Moreno cómo se podía evitar dicha captura, obteniendo como respuesta que eso se podía lograr por una suma de $3.000 millones”, agrega el ente investigador.

Luego, se habría coordinado una reunión en el hotel JW Marriot de la séptima, entre Musa Besaile y el exmagistrado Francisco Ricaurte, donde se habría concretado el pago de $2.000 millones a cambio de tres beneficios: primero, ordenar práctica de pruebas; segundo, desvincular al magistrado auxiliar del togado Malo, el doctor José Reyes Rodríguez; y tercero, buscar la dilación y la prescripción del caso por parapolítica. Además, supuestamente se negoció un pago en dos contados.

En contexto: El testimonio que Luis Gustavo Moreno ha dejado sobre el cartel de la toga.

“De igual manera, se acordó que el 10% de la suma pactada, es decir, de los $2.000 millones, sería repartido entre Luis Gustavo Moreno y Luis Ignacio Lyons, y de ese porcentaje se le daría una parte a Leonardo Pinilla por haber sido quien gestionó la reunión inicial”, agrega la Fiscalía. En otras líneas investigativas, Francisco Ricaurte y el exfiscal anticorrupción Moreno han sido acusados por supuestamente conformar una empresa fachada, en Bogotá, donde supuestamente se negociaban decisiones judiciales en la Corte Suprema.

De acuerdo con la hipótesis investigativa de la Fiscalía, el abogado Luis Ignacio Lyons habría recibido un primer pago de $390 millones, que llegaron a su oficina ubicada en la calle 93. De esa suma, al parecer, el exabogado de Musa Besaile se habría quedado con $100 millones y el resto habría parado en los bolsillos del fiscal anticorrupción. De acuerdo con la Fiscalía, hubo uno segundo pago de $390 millones que involucro a Lyons, situación que habría sacado de los cabales al exmagistrado Francisco Ricaurte, quien supuestamente exigió línea directa entre él y Besaile a partir de ese momento.

“A partir de estos hechos es que se logra inferir que los dineros entregados por Luis Ignacio Lyons y Musa Besaile, tenían como destino a miembros de la Corte Suprema de Justicia, en especial a Gustavo Malo y Leónidas Bustos y tenían como propósito ejecutar actos contrarios a sus deberes oficiales”, concluyó la Fiscalía. Entre los testigos que tiene el ente investigador se encuentran el supuesto amigo y abogado Leonardo Pinilla y el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, condenado en 2018 a cuatro años de prisión y quien actualmente está recluido en el Batallón de Artillería de Bogotá, tras una batalla judicial contra el Inpec y la Policía.

Antecedentes: Musa Besaile reiniciará su colaboración con la justicia.

El abogado Luis Ignacio Lyons aseguró bajo juramento, el 12 de diciembre de 2019, en el juicio que se adelanta contra el mismo Ricaurte, que no le consta que tal millonada hubiese caído en los bolsillos del investigado. “Todos esos pagos se le hicieron personalmente al doctor Gustavo Moreno”, dijo. Además, Lyons dejó sobre la mesa en esa audiencia que, en realidad, Luis Gustavo Moreno ofrecía humo y que no tenía el poder que decía ante la Corte Suprema de Justicia.

Durante el proceso, a finales de 2017, La Corte Suprema de Justicia decidió sobre una hipótesis “exótica” presentada por el mismo Musa Besaile. El excongresista, días antes de ser capturado, se presentó como víctima de una extorsión por parte de Luis Gustavo Moreno. De acuerdo con Besaile, la supuesta negociación que le planteó el exfiscal anticorrupción lo intimidó, a tal punto que tuvo miedo de no desembolsar el dinero. Sin embargo, tal actitud defensiva resultó contradictoria para la alta corte, pues Besaile había dicho con anterioridad que no había elementos para ordenar su captura.

“Resulta exótico que ahora justifique su comportamiento con una explicación inadmisible en esa y en cualquier otra circunstancia (…) La coacción para pagar una suma de dinero con el fin de detener una decisión judicial es una disculpa inaudita. Por principio, la coacción supone el empleo de la violencia para impedir a la persona realizar un acto que la ley no prohíbe, que es precisamente lo que acá no ocurre”, determinó la Corte Suprema de Justicia. El último capitulo que se conoce de Besaile está en las carpetas de la JEP, pues la jurisdicción de paz lo admitió para que cuente su versión del conflicto armado.

Por otro lado, en diciembre de 2019, el Consejo Superior de la Judicatura determinó que el abogado Lyons no podrá volver a ejercer la carrera de Derecho, dada su investigación por el cartel de la toga y el eco que produce su nombre en diferentes expedientes judiciales por el mismo episodio de corrupción. Otro de sus defendidos en su momento, el excongresista Álvaro Ashton, también reconoció haber pagado $800 millones a Luis Gustavo Moreno para archivar su proceso por parapolítica. La declaración se materializó ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, en la rama investigativa contra exmagistrado Gustavo Malo.