Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Luego de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema le diera luz verde al preacuerdo al que llegaron la Fiscalía General y el exfiscal Alfredo Bettín por su participación en el escándalo del cartel de la toga, se acaba de conocer cuáles serán los procesos en los que tendrá que colaborar el exfuncionario del ente investigador para cumplir con este pacto.
(Vea: Cartel de la toga: exfiscal Alfredo Bettín será condenado y tendrá que prender el ventilador)
En el documento de 25 páginas emitido por la alta corte quedó consignado que Bettín declarará en los procesos penales y disciplinarios en contra de dos piezas claves de este caso: los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, quienes ya fueron llamados a juicio. El primero se encuentra en Canadá y el segundo recobró su libertad en agosto pasado. También, tendrá que hablar en contra del exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía Campo. Sin embargo, este último aún no tiene investigaciones relacionadas con el cartel de la toga.
Otro de los compromisos de Bettín con la justicia será realizar unas excusas públicas ante miembros de la Fiscalía General y la Rama Judicial, la cual se llevará a cabo durante la audiencia de verificación del preacuerdo en agosto de 2019. El exfiscal delegado ante la Corte también tendrá que pagar una multa de $50 millones.
Tras registrar la aceptación de responsabilidad del exfiscal Alfredo Bettín en evento de corrupción en la justicia, #SalaPrimeraInstancia de @CorteSupremaJ aprobó preacuerdo con @FiscaliaCol y procederá a condenarlo por el delito de abuso de autoridad. Ver https://t.co/vqIsvXDToq pic.twitter.com/jkPRaXlHqD
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) October 11, 2019
Según relató la Fiscalía cuando le imputó cargos al exfiscal Moreno, “el señor Francisco Ricaurte y el fiscal noveno Alfredo Bettín Sierra acordaron, por un lado, orientar las investigaciones hacia posibles decisiones de archivo, algunas de las cuales se alcanzaron a expedir, y, por el otro, evitar imputaciones en contra del investigado. A noviembre de 2017 se estableció que las seis primeras indagaciones enumeradas habían sido archivadas”.