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En el juicio que se adelanta contra el exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo por su presunta participación dentro de la organización conocida como el Cartel de la Toga. Según las autoridades, Malo hizo parte de una red de políticos, abogados y exmagistrados que torcieron expedientes judiciales desde 2013 hasta 2016, aproximadamente. Con esta hipótesis está de acuerdo la Procuraduría que, en sus alegatos de conclusión, pidió que se condenara al exmagistrado como autor de los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir, prevaricato por omisión y utilización indebida de asuntos sometidos a reserva.
“Se probó que Malo perteneció a una organización criminal cuyo propósito era beneficiar los intereses procesales de quienes estaban siendo investigados por su despacho, a cambio de cuantiosas sumas de dinero tal como lo relataron Alvaro Ashton, Musa Besaile y Luis Gustavo Moreno”, señaló el delegado de la Procuraduría José Fernando Ortega quien aseguró que Malo se unió con el entonces exfiscal Luis Gustavo Moreno y el exmagistrado Francisco Ricaurte -condenado por estos hechos- para tomar decisiones que favorecieran a los congresistas cuyos expedientes judiciales reposaban en el despacho de Gustavo Malo.
“Los hechos delictivos no son aislados, afirmación que tiene soporte por Álvaro Ashton, Musa Besaile y Camio Ruiz todos indicaron que realizaron negociaciones con Gustavo Moreno y Francisco Ricaurte con el propósito de beneficiar sus intereses dentro de los procesos que cursaban en su contra en el despacho que presidia Gustavo Enrique Malo Fernández”, expuso el procurador Ortega agregando que la participación de Malo en la organización criminal estaba mediada por Franciso Ricaurte y que este último era quien hacía la repartición del dinero que se obtenía por cuenta de las actuaciones irregulares de los miembros del conocido “Cartel de la Toga”.
“El cohecho no se cometió de forma directa por parte del doctor Malo Fernandez, el magistrado se valió tanto de Francisco Ricaurte, como de Gustavo Moreno, para recibir dineros con el propósito de retardar u omitir actos propios de la investidura que ostentaba, más precisamente, abrir investigación formal en contra de los congresistas Álvaro Asthon y Musa Besaile, pese a que existían méritos suficientes para ello”, agregó el funcionario sde la procuraduría quien dejó claro que el cohecho propio se configuró por intermedio de estas personas y en el marco de promesas remuneratorias a los distintos integrantes de esa organización dentro de los cuales se encontraba Malo.
Según el funcionario, Luis Gustavo Moreno se le presentó a quien fue la mano derecha de Gustavo Malo, el exmagistrado auxiliar Camilo Andrés Ruíz (quien firmó un preacuerdo con la Fiscalía para pagar cinco años de cárcel por su rol en este entramado de sobornos), con el propósito de expresarle el interés que tenían sus jefes Francisco Ricaurte y Gustavo Malo en favorecer los intereses de la excongresista del putumayo Argenis Velásquez y Nilton Córdoba. “Así el actuar del encartado solo puede entenderse inmerso en los intereses de la organización criminal tal como lo resaltó Camilo Ruíz cuando manifestó que los procesos de Argenis y Nilton Córdoba se aceptaban todas la solicitudes de aplazamiento de diligencias que formulaba Luis Gustavo Moreno”, dijo el procurador.
Sin embargo, el delegado del Ministerio Público pidió que se declarara la absolución de Malo en lo que tiene que ver con el delito de prevaricato por acción porque, a su juicio, hay algunas actuaciones que “más obedecían a otro tipo de investigación que a una investigación penal y como no se pudo demostrar la tipicidad subjetiva en ese asunto, se establecen varias dudas que en concepto del Ministerio Público deben resolverse en favor del procesado”. Al final de su intervención, el procurador José Fernando Ortega solicitó la sentencia condenatoria en contra de Gustavo Malo por el resto de delitos que se le endilgan al exmagistrado.
Quien también intervino en la diligencia fue Claudia Hormaza, abogada de la Rama Judicial, quien señaló que los indicios permitieron inferir cómo la organización se gestó y cómo a través de dinámicas procesales de aparente legalidad se buscó el beneficio a los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton. La abogada mencionó cinco hechos principales que soportan sus alegatos: la renuncia del exmagistrado José Reyes Rodríguez Casas, la actividad procesal de Musa Besaile, el informe de policía judicial del caso de Musa Besaile, las actuaciones procesales en el caso de Álvaro Ashton y las inferencias de autoría y del actuar de Gustavo Malo.
“Estoy convencido de la inocencia de Gustavo Malo”: abogado defensor
Antonio Luis González, abogado defensor del exmagistrado Gustavo Malo, cuestionó los testimonios de los principales testigos del caso y le pidió al despacho revisar cuidadosamente el expediente antes de emitir una sentencia. González indicó que no es lógico pensar que Malo hubiese sacado a José Reyes Rodríguez de su cargo, en 2015, para favorecer los intereses de los congresistas que fungían como supuestos clientes de la organizacion criminal, pues el proceso de Álvaro Ashton estaba en el despacho de Malo desde que este llegó a la magistratura en 2012.
“El proceso lo tuvo por dos años y en esos dos años Malo sostuvo en el cargo a Reyes, entonces no tenía ánimo para corromper procesos en la corte”, afirmó el abogado agregando que Rodríguez se “inventó” que lo sacaron porque ya tenía listas las ordenes de captura contra Musa Besaile y Álvaro Ashton. Sin embargo, agregó, los expedientes de ambos congresistas dan cuenta de que esto no era posible pues las pruebas que reposaban en esos procesos no eran suficientes como para emitir órdenes de captura. En ese sentido, lo que explica el jurista es que Rodríguez actuó en venganza porque lo sacaron del cargo en el que se encontraba “atornillado”.
El defensor aseguró que, sobre el prevaricato por acción, nunca se dijo cuál fue la providencia en la que Malo actuó contrario a la ley. Además, que no se puede alegar un prevaricato por omisión por no haber dictado medida de aseguramiento contra Besaile y Ashton porque no existía prueba necesaria para tomar ese tipo de decisiones. “El hecho indicador es que como Ricaurte era amigo de Malo y tenía relación con Moreno y Moreno hacía actos de corrupción con Camilo Ruíz, entonces debe asumir responsabilidad mi defendido. El mismo Moreno dice que nunca le entregó dinero a Malo. El cartel de la toga en punto de mi defendido es una entelequia porque no se puede forzar la prueba”, insistió.
Al cierre de sus alegatos el defensor expresó que “no se me diga que como Ricaurte salió condenado, entonces Malo también, porque las responsabilidades son individuales (...) Pido que se haga justicia, que no sea por el impacto mediatico y amarillista que ha tenido este proceso y que le acabó la vida a mi defendido, lo sacó de la magistratura tres años antes, su nombre está en el piso. Porque aquí no es con lo que la prensa diga, ni la opinión viceral de las redes sociales, es con el principio de prueba. Por eso me llama la atención los alegatos presentados por el Ministerio Público y la representante de víctimas cuando dan por sentado que aquí hay pruebas porque estoy seguro de que no revisaron el expediente”.
Asimismo, afirmó estar convencido de la inocencia del exmagistrado Malo y le pidió a la sala que revise minuciosamente las pruebas que obran en el expediente. “Aquí se ha dicho de todo de Malo, les pido una sentencia absolutoria porque la historia judicial de colombia marca que no se puede condenar a un inocente con conjeturas o suposiciones”, concluyó.