Cartel de la toga: Tribunal redujo la condena del exmagistrado Francisco Ricaurte

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá redujó la sentencia que condenó por primera vez a un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, por su participación en el cartel de la toga, quedando la pena 16 años y cuatro meses de prisión. Ricaurte fue condenado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias de servidor público. Según la condena, la investigación reveló la existencia de una organización que torcía expediente en la Sala Penal del alto tribunal con la ayuda de magistrados, abogados y millonarios sobornos de congresistas y gobernadores.

(Lea también: ¿Quién es Francisco Ricaurte, el exmagistrado condenado hoy por el cartel de la toga?)

Ricaurte fue sentenciado por conformar una “organización criminal” junto a otros exmagistrados, altos funcionarios y abogados, como el exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Gustavo Moreno. La sentencia del Tribunal reconstruye todas las piezas del rompecabezas, entre encuentros de Ricaurte con congresistas en su propia casa, conversaciones telefónicas con personas que estaban siendo investigadas por la Sala Penal de la Corte, filtraciones de información y otros hechos que, aunque en su momento apenas levantaron suspicacias, cobraron sentido con las declaraciones de Moreno.

De entrada, el Tribunal de Bogotá desestimó la teoría de la defensa, que aseguraba que Gustavo Moreno solo intentaba perjudicar a Ricaurte. “Si se tratara de una estrategia para incriminar a Ricaurte, habría bastado con señalarlo a él y no a los demás implicados”, dijo el magistrado ponente, pues además eran amigos cercanos, según reconocieron varios de los testigos en el juicio. En la sentencia explicó que “confrontadas las declaraciones de Moreno Rivera con las de Bustos, Malo y Ricaurte, la Sala estima que es creíble la versión de Moreno”, pues “existe una tendencia en las personas a no reconocer lo que les perjudica”.

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La captura de Moreno, en junio de 2017, fue la génesis del cartel de la toga. En ese momento, el alto funcionario de la administración de Néstor Humberto Martínez fue capturado en su propia oficina, luego de que la DEA entregara unos audios a las autoridades colombianas que daban cuenta que Moreno le pidió un millonario soborno a Alejandro Lyons, el exgobernador de Córdoba, para frenar sus pendientes con la justicia colombiana por el desfalco a ese departamento.

En los audios también se mencionaron algunos de los supuestos miembros del cartel de la toga como los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, quienes hoy se encuentran enfrentando procesos judiciales por este caso e insisten en su inocencia, y el exmagistrado Gustavo Malo, ya condenado por estos hechos. Lo que ha aclarado la Fiscalía es que habrían incidido en los procesos de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes eran investigados en el alto tribunal por sus supuestos nexos con el paramilitarismo. Los senadores del Partido de la U y Liberal, respectivamente, admitieron haber pagado millonarios sobornos para torcer las investigaciones en su contra.

Lea también: Las seis principales conclusiones del fallo contra Francisco Ricaurte

Durante la audiencia, el magistrado también se refirió al caso de Alejandro Lyons Muskus, exgobernador de Córdoba condenado en abril de 2018 a 5 años y tres meses de prisión por el cartel de la toga, y dijo que ahí, según la Fiscalía, se demostró la conformación de la “organización delincuencial, su modo de operar, así como la participación de Ricaurte Gómez”. Asimismo, el togado recordó que en uno de los testimonios dados durante el caso del exmagistrado Ricaurte, Lyons y Musa Besaile entregaron dádivas al extogado para evitar la apertura de procesos en su contra.

Dentro de los hechos jurídicamente relevantes, el magistrado también mencionó que durante distintos momentos del proceso contra Ricaurte, se demostró no solo que hacía parte de la organización, sino que además, en algunos relatos, lo señalaban como la cabeza de la red de corrupción. Adicionalmente, puso de presente las pruebas que presentó la Fiscalía sobre como estaba integrada y los roles que cumplía cada uno de los implicados en el cartel; así como los precios que se pagaron por los actos de corrupción, circunstancias de modo tiempo y lugar, donde se reunían, como se recaudaba los dineros y su distribución de los mismos entre los miembros de la organización.

De acuerdo con el Tribunal, Ricaurte Gómez hizo uso indebido de información privilegiada para favorecer algunos de los casos que se adelantaban en la Sala Penal de la Corte Suprema. Según dijo el magistrado, con las pruebas quedó demostrado que el exmagistrado actuó con conocimiento, voluntad y de manera libre y consiente sobre la ilicitud de sus actos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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De entrada, el Tribunal de Bogotá desestimó la teoría de la defensa, que aseguraba que Gustavo Moreno solo intentaba perjudicar a Ricaurte. “Si se tratara de una estrategia para incriminar a Ricaurte, habría bastado con señalarlo a él y no a los demás implicados”, dijo el magistrado ponente, pues además eran amigos cercanos, según reconocieron varios de los testigos en el juicio. En la sentencia explicó que “confrontadas las declaraciones de Moreno Rivera con las de Bustos, Malo y Ricaurte, la Sala estima que es creíble la versión de Moreno”, pues “existe una tendencia en las personas a no reconocer lo que les perjudica”.

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En los audios también se mencionaron algunos de los supuestos miembros del cartel de la toga como los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Leonidas Bustos y Camilo Tarquino, quienes hoy se encuentran enfrentando procesos judiciales por este caso e insisten en su inocencia, y el exmagistrado Gustavo Malo, ya condenado por estos hechos. Lo que ha aclarado la Fiscalía es que habrían incidido en los procesos de los excongresistas Musa Besaile y Álvaro Ashton, quienes eran investigados en el alto tribunal por sus supuestos nexos con el paramilitarismo. Los senadores del Partido de la U y Liberal, respectivamente, admitieron haber pagado millonarios sobornos para torcer las investigaciones en su contra.

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De acuerdo con el Tribunal, Ricaurte Gómez hizo uso indebido de información privilegiada para favorecer algunos de los casos que se adelantaban en la Sala Penal de la Corte Suprema. Según dijo el magistrado, con las pruebas quedó demostrado que el exmagistrado actuó con conocimiento, voluntad y de manera libre y consiente sobre la ilicitud de sus actos.

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