Cartel de la toga: un proceso bastante movido en 2020

No se han cumplido 60 días del 2020 y ya se han presentado importantes avances del caso de corrupción al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, más conocido como el Cartel de la Toga. El caso, que lleva desde 2017 en los estrados judiciales, cuando el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue descubierto recibiendo un millonario soborno, ha comenzado con pie derecho este nuevo año.

No se han cumplido 60 días del 2020 y ya se han presentado importantes avances del caso de corrupción al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, más conocido como el Cartel de la Toga. El caso, que lleva desde 2017 en los estrados judiciales, cuando el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno fue descubierto recibiendo un millonario soborno, ha comenzado con pie derecho este nuevo año.

Los avances más importantes se presentaron a nivel de condenas. El exfiscal Alfredo Bettín, que por petición del exmagistrado Francisco Ricaurte favoreció al exgobernador del Valle del Cauca Juan Carlos Abadía, fue condenado por el delito de prevaricato por omisión. Bettín, que era fiscal delegado en la Corte Suprema, habría pospuesto la imputación de Abadía cerca de tres años, a pesar de que tenía todas las pruebas para vincularlo a una red de corrupción en la dotación de libros a bibliotecas del departamento.

Sin embargo, el exfiscal Bettín llegó a un acuerdo con la Fiscalía por lo cual fue condenado por el delito de abuso de autoridad, un cargo que es castigado con una multa, que en este caso es de $36 millones, y la pérdida del cargo. A cambio de este caso más benigno, Alfredo Bettín se comprometió a colaborar en los procesos contra varios vinculados al cartel de la toga, incluyendo el exgobernador Juan Carlos Abadía.

(Además: Exfiscal Alfredo Bettín condenado a pagar cerca de $40 millones por el cartel de la toga)

Desde el año pasado se han venido conociendo algunas de las colaboraciones del exfuncionario en los casos contra Francisco Ricaurte y Gustavo Malo. En el primer caso, Bettín señaló que la demora habría sido en gran parte por solicitud de Ricaurte. El exmagistrado “me preguntó que ese caso cómo estaba y yo le dije que ese ya estaba para imputación. (...) Posteriormente él me dice: ‘Hombre, Gustavo Moreno estudió el caso, e incluso, el cliente (Abadía) nos comentó que él actuó de buena fe en esa contratación’ (...) y yo le dije que no podía hacer nada, que eso se iba a imputación”, contó Bettín.

El exfiscal señaló en el juicio que el retraso había sido producto de las peticiones hechas por Moreno a través de Ricaurte, para que el exgobernador ampliara su versión del caso, se aportara más documentación y se estudiara una solicitud de archivo del proceso. No imputó cargos “a instancias de lo que Ricaurte me decía sobre escuchar a Abadía y que no me afanara y no se tomara una decisión apresurada”, dijo el testigo.

En el juicio del magistrado Gustavo Malo, el testimonio de Bettín no fue tan revelador. En esta diligencia, el exfiscal delegado aseguró que no conocía de la presunta participación de Malo en el caso de Juan Carlos Abadía, que es el caso por el que precisamente estaba siendo procesado.

(También: Cartel de la toga: Camilo Ruiz, exmagistrado auxiliar, pagará cinco años de cárcel)

La segunda condena que se llevó a cabo en este año, precisamente hace unos días, fue la del magistrado auxiliar Camilo Ruiz. Un juez validó un preacuerdo que el exmiembro del despacho de Gustavo malo llegó con la Fiscalía para colaborar en el caso de corrupción de la rama judicial. A cambio de $400 millones, Ruiz entorpeció las investigaciones en contra de la excongresista Argenis Velásquez y el senador Nilton Córdoba.

Por el delito de cohecho, el antiguo funcionario judicial pagará una pena de 5 años y medio de prisión, además de una multa cuyo monto no se ha revelado. Ruiz habría favorecido a Velásquez al frenar una inminente orden de captura que tenía la exrepresentante y exalcaldesa de Orito, Putumayo, por presuntas irregularidades durante su administración como gobernante local. Luis Gustavo Moreno, que para ese momento era defensor de Velásquez, entregó $200 millones al magistrado por su labor de entorpecimiento.

Además de las condenas, la justicia pudo imputar al que fue abogado de Musa Besaile y Álvaro Ashton ante la corte Suprema de Justicia, Luis Ignacio Lyons España. Luego de varias diligencias fallidas, cuatro el año pasado, la Fiscalía logró imputarle cargos a este defensor que tendría un importante rol en el entramado de corrupción. Este martes en los juzgados de Paloquemao, la Fiscalía le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer.

(Vea: Cartel de la toga: lo que le dijo el exfiscal Alfredo Bettín a la justicia)

Lyons España, que es primo de Alejandro Lyons Muskus, exgobernador del Córdoba que fue el delator del cartel de la toga, habría hecho dos pagos para frenar las capturas en contra de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton. Por el primero habría entregado $2.000 millones a Luis Gustavo, mientras que por el segundo se habría pagado $600 millones.

En los últimos meses también ha continuado los juicios en contra del magistrado Gustavo Malo y el exmagistrado Francisco Ricaurte. El primero de los juicios se ha llevado ante la Corte Suprema de Justicia y allí han participado personajes de la relevancia de Luis Gustavo Moreno. Este, que está encarcelado en Estados Unidos y es uno de los testigos claves del caso, aseguró en el juicio que recibió $2.000 millones para frenar el caso de Musa besaile.

De esta millonaria suma, señaló Moreno, cerca de $100 millones le tocaban a él, pero no alcanzó a recibir todo el dinero de este ilícito porque habría tenido que entregarle $50 millones a Luis Ignacio Lyons, que se encontraba, supuestamente, en una difícil situación económica.

(Además: Cartel de la toga: Álvaro Ashton reconoce pago de $800 millones para archivar proceso)

En esa misma jornada declaró el exsenador Álvaro Ashton, que reconoció que pagó $800 millones para frenar las investigaciones por sus nexos con el paramilitarismo. Ashton aseguró que en un primer momento Moreno le pidió $1.800 millones para frenar las pesquisas, pero, después de un tire y afloje, el monto quedó fijado en $800 millones. El exfiscal anticorrupción, contó el exsenador por el Partido Liberal, le habría confesado del entramado participaban los exmagistrados Leonidas bustos y Francisco Ricaurte.

"Él (Luis Gustavo Moreno) siempre decía que: 'el "estudio" es un instrumento para poder tener elementos para que usted llegue allá, pero la plata es para yo ayudar a un equipo que trabaja conmigo'. Entonces, yo sabía que el señor estaba generado una situaciones al margen de la ley", agregó el exsenador liberal.

En esa misma declaración, Ashton reconoció su relación con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). "Me senté con el jefe político de las Autodefensas Carlos Mario García. Ellos me planteaban que le ayudara con el trámite de Justicia y Paz en un proceso que ya venía, que yo podía tener ascendencia en el partido liberal, que eso no era una intimidación, que ellos me ayudaban con la campaña, en fin, yo andaba en un proceso de angustia, de miedo permanente, entonces él (Luis Gustavo Moreno) aprovechaba y lo intimidaba a uno, lo asustaba y lo perseguía”.

(Además: Cartel de la toga: lo que dijo Musa Besaile en el juicio contra el exmagistrado Ricaurte)

El juicio en contra de Francisco Ricaurte también ha tenido episodios bastante relevantes, uno de ellos ha sido la declaración de Musa Besaile, el exsenador del Partido de la U. Besaile contó que, en octubre 2017, la Corte Suprema de Justicia expidió una orden de captura en su contra luego de que se destapara el escándalo del cartel de la toga. En ese momento, Besaile admitió desde 2017 haberle entregado $2.000 millones al exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, con el fin de que se le frenara otra orden de captura por un proceso en el que es investigado por parapolìtica.

Besaile contó que en el Congreso se rumoreaba que Francisco Ricaurte ayudaba a los parlamentarios con sus procesos. Sobre su relación con el exmagistrado, el político cordobés aseguró que lo llegó conocer durante el lanzamiento de uno de los libros de Luis Gustavo Moreno, allí también tuvo contacto con Leonidas Bustos y, posiblemente, con el magistrado Malo.

El exsenador también contó que Moreno una vez lo citó en un hotel para contarle que su proceso iba mal. Luego, hubo otras reuniones en las que el exfiscal anticorrupción le reveló que era inminente una orden de captura en su contra, Ante este temor, Besaile señaló, fue que Luis Gustavo Moreno le exigió los $2.000 millones de pesos para frenar el proceso. Este pago se habría hecho a través de cuotas de $500 millones que Besaile le hizo llegar a Moreno a través de Luis Ignacio Lyons.

(Además: Lo que dijo Musa Besaile sobre el rol del exmagistrado Ricaurte en el cartel de la toga)

Otro de los intervinientes en el proceso contra Francisco Ricaurte fue Alejandro Lyons de la Espriella, padre del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus. Este señaló que su hijo habría pagado cerca de $30 millones al cartel de la toga, específicamente al exmagistrado Camilo Tarquino. Además, Lyons padre, que está en prisión domiciliaria, contó que estaba negociando un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado activos, acciones que habría cometido en el marco del saqueo a las finanzas de Córdoba.

Una pelea de jurisdicciones

Además de los avances en los procesos penales, el cartel de la toga ha sido centro del debate por su admisión en la JEP tanto en el caso de Musa Besaile como Álvaro Ashton. Tanto Fiscalía como Procuraduría han expresado que no están de acuerdo con que el órgano encargado de esclarecer el conflicto armado investigue los sobornos que torcían procesos en la Corte Suprema de Justicia. Por eso, ambas instituciones llevaron el caso ante la Corte constitucional que tendrá que dirimir este conflicto de competencias.

En respuesta a lo dicho por el ministerio Público y el ente acusador, la JEP señala todo lo contrario y aseguró que este caso de corrupción sí tiene relación con el conflicto armado e insistió que sí tiene competencia para juzgarlo. La discusión llegó al alto tribunal el 20 de enero, cuando la fiscal Claudia Patricia Vanegas, que lleva varios procesos del cartel de la toga, le planteó a la Corte que había un conflicto de competencias por resolver ya que la llegada del Cartel de la toga a la JEP generaba “un incentivo perverso para aquellos que quieren recibir los beneficios propios de la justicia transicional habiendo cometido delitos ordinarios por fuera del marco o contexto del conflicto armado”.

El conflicto comenzó con la admisión de Álvaro Ashton en la JEP el año pasado, sin embargo se acrecentó con la admisión de Musa Besaile bajo la jurisdicción del tribunal transicional. El tribunal de justicia especial consideró que este entramado de corrupción judicial sí hacía parte del conflicto ya que la participación de Besaile se fundamentó en ocultar sus vínculos con el paramilitarismo.

(Puede ver: Cartel de la toga: Leonidas Bustos dice que Musa Besaile miente “descaradamente”)

Sin embargo, para la Procuraduría, “los hechos presentados dentro del expediente no son susceptibles de conocimiento de la JEP pues no guardan relación con el conflicto armado, debiéndose rechazar de plano, como quiera que pensar lo contrario, congestionaría el sistema transicional. Los delitos contra la administración pública presentados (...) no se enmarcan en el desarrollo de las hostilidades y no constituyeron apoyo alguno al esfuerzo general de la guerra”.