Casa de adopción, en entredicho

Con el propósito de ayudar a la niñez desamparada, en mayo de 1968 un grupo de 22 matrimonios decidió crear en Bogotá la Fundación Pisingos. Una iniciativa tan loable que durante más de cuatro décadas se convirtió en el referente de protección de miles de menores pobres y en un modelo internacional para la adopción de infantes. Sin embargo, esta semana esa herencia filantrópica quedó en entredicho porque millonarios manejos financieros non sanctos derivaron en la pérdida de la licencia de funcionamiento y la suspensión de la personería jurídica por seis meses.

Desde hace varios años eran un secreto a voces las dudas que persistían sobre las casas de adopción. Primero, por su infraestructura, y segundo, ante rumores sobre manejos por debajo de la mesa a la hora de entregar menores en adopción. Cierto tufillo de preferencia por los extranjeros antes que los connacionales.

En 2005 hubo un campanazo. Varias casas de adopción entregaron a familias foráneas 383 niños y niñas. A cambio recibieron por donaciones cerca de US$2,3 millones que fueron a parar a cuentas de Panamá, Islas Caimán, Nueva York y Colombia. También el año pasado la Procuraduría evidenció que varios establecimientos de adopciones de Bogotá, Cali y Medellín funcionaban sin control.

Pero fue el 4 de septiembre de 2012 cuando, al parecer, un exempleado inconforme de la Fundación Pisingos presentó una demoledora queja y alertó al propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de que algo muy grave estaba sucediendo con el manejo financiero de la Fundación. Registros del Instituto dan cuenta de que tiene bajo su tutoría a 80.290 niños en el país, de los cuales cerca de 12.000 pueden ser adoptados. Por eso es que ante el gran volumen de menores el Instituto celebra contratos con terceros, les entrega el cuidado de los infantes y les da un aporte mensual por cada uno, cercano al millón de pesos.

Las denuncias del informante no eran de poca monta. Por eso, a través de los profesionales Carlos Pedreros, de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, y Julián Buitrago, de la Subdirección de Restablecimiento del ICBF, se iniciaron las pesquisas. Casi un mes después, el 2 de octubre de 2012, los resultados no fueron menos que preocupantes.

Entonces un protagonista saltó en la escena de las adopciones. Carlos Marulanda Echavarría, quién hasta hace pocos días ofició como director ejecutivo de la Fundación Pisingos. El 29 de diciembre de 2011 el ICBF renovó por dos años el contrato a la Fundación para atender alrededor de 135 menores. Un servicio por el que recibirá hasta $3.379 millones del Instituto.

Pero el corte de cuentas mostró que cerca de 20 niños fueron trasladados a una sede diferente a Pisingos, conocida como Hogares de Crianza. Y en el manejo financiero empezaron las perlas. Por ejemplo, un embargo de $152 millones contra la Fundación por la empresa para el telemercadeo Phone Contact S.A.S. A ello se sumó que la cuenta donde consignaba los aportes el ICBF también estaba embargada, al igual que su sede principal ubicada en el norte de Bogotá. También se encontró que a un grupo de empleados de Pisingos les adeudaban salarios hasta de un año.

El uso de una tarjeta de crédito corporativa por parte del director Marulanda dejó estupefactos a todos. Tenía como propósito atender a representantes de agencias de adopción, pero terminó en gastos familiares: pago de arriendos personales, servicios públicos, planes de salud, teléfonos celulares de los hijos o en mesadas de universidad, no autorizadas por la junta.

Pero más sorprendente resultó el giro mensual de $10 millones que desde septiembre de 2005 hasta diciembre de 2012 hizo su director a una cuenta en Londres. Según justificó Marulanda a los investigadores del ICBF, en esa capital falleció el ciudadano colombiano Antonio Escobar y le dejó a la Fundación un legado de US$3,4 millones. Una donación que no apareció, pero por la cual la Fundación giró $850 millones como gastos para recuperarlas. Uno de los investigadores del caso le relató a El Espectador que: “No encontramos soportes del supuesto fallecido, de su dinero y menos de un abogado en el caso, el destino de esos recursos es aún un misterio”.

Caso aparte resultó el del revisor fiscal de la Fundación. Según el ICBF, el contador Luis Alberto Álvarez certificó pagos de la seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales, aun cuando no habían sidos pagados por la Fundación en su oportunidad. Al respecto, el ICBF señaló que: “Toda la estructura de la Fundación falló en los procedimientos, las autorizaciones, las decisiones y los controles permitiendo que ocurriera lo que ella misma califica como una actividad criminal, dolosa, calculada y reiterativa, defraudando los intereses de la Fundación”.

El asunto parece pasar a mayores. Además de que el ICBF les quitó temporalmente la licencia para operar atendiendo a niños en la institución y paralizó el programa de adopciones, una vez quede en firme la resolución con las medidas, los menores deberán ser trasladados. El caso queda ahora en manos de la DIAN, la Fiscalía y la Junta Central de Contadores. Una iniciativa altruista de 22 parejas hace 45 años que por manejos indebidos está al borde del precipicio.

Con el propósito de ayudar a la niñez desamparada, en mayo de 1968 un grupo de 22 matrimonios decidió crear en Bogotá la Fundación Pisingos. Una iniciativa tan loable que durante más de cuatro décadas se convirtió en el referente de protección de miles de menores pobres y en un modelo internacional para la adopción de infantes. Sin embargo, esta semana esa herencia filantrópica quedó en entredicho porque millonarios manejos financieros non sanctos derivaron en la pérdida de la licencia de funcionamiento y la suspensión de la personería jurídica por seis meses.

Desde hace varios años eran un secreto a voces las dudas que persistían sobre las casas de adopción. Primero, por su infraestructura, y segundo, ante rumores sobre manejos por debajo de la mesa a la hora de entregar menores en adopción. Cierto tufillo de preferencia por los extranjeros antes que los connacionales.

En 2005 hubo un campanazo. Varias casas de adopción entregaron a familias foráneas 383 niños y niñas. A cambio recibieron por donaciones cerca de US$2,3 millones que fueron a parar a cuentas de Panamá, Islas Caimán, Nueva York y Colombia. También el año pasado la Procuraduría evidenció que varios establecimientos de adopciones de Bogotá, Cali y Medellín funcionaban sin control.

Pero fue el 4 de septiembre de 2012 cuando, al parecer, un exempleado inconforme de la Fundación Pisingos presentó una demoledora queja y alertó al propio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de que algo muy grave estaba sucediendo con el manejo financiero de la Fundación. Registros del Instituto dan cuenta de que tiene bajo su tutoría a 80.290 niños en el país, de los cuales cerca de 12.000 pueden ser adoptados. Por eso es que ante el gran volumen de menores el Instituto celebra contratos con terceros, les entrega el cuidado de los infantes y les da un aporte mensual por cada uno, cercano al millón de pesos.

Las denuncias del informante no eran de poca monta. Por eso, a través de los profesionales Carlos Pedreros, de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad, y Julián Buitrago, de la Subdirección de Restablecimiento del ICBF, se iniciaron las pesquisas. Casi un mes después, el 2 de octubre de 2012, los resultados no fueron menos que preocupantes.

Entonces un protagonista saltó en la escena de las adopciones. Carlos Marulanda Echavarría, quién hasta hace pocos días ofició como director ejecutivo de la Fundación Pisingos. El 29 de diciembre de 2011 el ICBF renovó por dos años el contrato a la Fundación para atender alrededor de 135 menores. Un servicio por el que recibirá hasta $3.379 millones del Instituto.

Pero el corte de cuentas mostró que cerca de 20 niños fueron trasladados a una sede diferente a Pisingos, conocida como Hogares de Crianza. Y en el manejo financiero empezaron las perlas. Por ejemplo, un embargo de $152 millones contra la Fundación por la empresa para el telemercadeo Phone Contact S.A.S. A ello se sumó que la cuenta donde consignaba los aportes el ICBF también estaba embargada, al igual que su sede principal ubicada en el norte de Bogotá. También se encontró que a un grupo de empleados de Pisingos les adeudaban salarios hasta de un año.

El uso de una tarjeta de crédito corporativa por parte del director Marulanda dejó estupefactos a todos. Tenía como propósito atender a representantes de agencias de adopción, pero terminó en gastos familiares: pago de arriendos personales, servicios públicos, planes de salud, teléfonos celulares de los hijos o en mesadas de universidad, no autorizadas por la junta.

Pero más sorprendente resultó el giro mensual de $10 millones que desde septiembre de 2005 hasta diciembre de 2012 hizo su director a una cuenta en Londres. Según justificó Marulanda a los investigadores del ICBF, en esa capital falleció el ciudadano colombiano Antonio Escobar y le dejó a la Fundación un legado de US$3,4 millones. Una donación que no apareció, pero por la cual la Fundación giró $850 millones como gastos para recuperarlas. Uno de los investigadores del caso le relató a El Espectador que: “No encontramos soportes del supuesto fallecido, de su dinero y menos de un abogado en el caso, el destino de esos recursos es aún un misterio”.

Caso aparte resultó el del revisor fiscal de la Fundación. Según el ICBF, el contador Luis Alberto Álvarez certificó pagos de la seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales, aun cuando no habían sidos pagados por la Fundación en su oportunidad. Al respecto, el ICBF señaló que: “Toda la estructura de la Fundación falló en los procedimientos, las autorizaciones, las decisiones y los controles permitiendo que ocurriera lo que ella misma califica como una actividad criminal, dolosa, calculada y reiterativa, defraudando los intereses de la Fundación”.

El asunto parece pasar a mayores. Además de que el ICBF les quitó temporalmente la licencia para operar atendiendo a niños en la institución y paralizó el programa de adopciones, una vez quede en firme la resolución con las medidas, los menores deberán ser trasladados. El caso queda ahora en manos de la DIAN, la Fiscalía y la Junta Central de Contadores. Una iniciativa altruista de 22 parejas hace 45 años que por manejos indebidos está al borde del precipicio.