Casa por cárcel para 24 militares imputados por masacre en Alto Remanso

Los 24 militares investigados por supuestamente haber participado en la masacre de 11 personas en la vereda Alto Remando (Putumayo) fueron enviadas a prisión domiciliaria. La decisión la tomó la jueza Iris Tatiana Jiménez, luego de que los uniformados solicitaran su libertad, pues otra juez que conoció el caso los enviara a la cárcel el 5 de agosto pasado.

En ese momento, tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército Nacional fueron enviados a prisión, pues la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio contra persona protegida, tentativa de homicidio y perfidia (utilizar el engaño para obtener una ventaja sobre un enemigo).

Lo que sostiene el ente investigador es que el 28 de marzo de 2022, los uniformados participaron de una operación militar que terminó en masacre.

Para la Fiscalía, el operativo interrumpió con balacera una fiesta comunitaria que ya cumplía tres días. Aunque el Ejército aseguró que iban tras alias “Bruno” y alias “Managua”, líderes de una disidencia de las FARC, los disparos alcanzaron a 11 personas que perdieron la vida, entre ellas un líder indígena, uno comunitario y una menor de edad. Además, cinco personas quedaron heridas, incluyendo una mujer que estaba embarazada.

Aunque el ente investigador sostuvo durante la audiencia de imputación de cargos que se había tratado de una operación en la que el Ejército disparó de forma discriminada en contra de la población civil y que los uniformados violaron derechos humanos y normas del derecho internacional humanitario, la jueza Iris Tatiana Jiménez argumentó que la Fiscalía no hizo buen su trabajo.

La razón principal: no fue específica en el rol que desempeñaron los uniformados imputados y que, por eso, su medida de aseguramiento no puede ser tan drástica como la de estar en una cárcel. Durante la imputación de cargos, diligencia que se llevó a cabo en julio pasado, el fiscal del caso, Luis Alfonso Cabeza, aseguró que había suficientes pruebas y testimonios para investigar a los 24 militares, pues todos participaron de la operación militar.

Los militares son: Néstor Andrés Cadena Bautista, Jorge Erney Marroquín Cadena, Julián Ernesto Ávila Martínez, Cristian Pérez Galindo, Michael Andrés Quiñones Mendoza, Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, Wilson Andrés Santamaría Ramos, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santiago Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexander Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Robinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, John Fredy Hoyos Quiñonez, Carlos Alberto Perdomo Romero y Jeisson Rico Soto.

Entre las pruebas que recopiló la Fiscalía están los informes de la operación que el Ejército bautizó con el nombre de Mahlon; documentos de inteligencia que apuntaban que en la vereda Alto Remanso estaban los líderes de las disidencias, alias “Bruno” y alias “Managua”; pero también testimonios de pobladores que aseguraron que el Ejército se camufló con uniformes para confundir a la comunidad y que disparó indiscriminadamente en contra de la población civil.

Una investigación periodística de El Espectador, Voragine y Cambio reveló en 2022 los detalles de la masacre y contradijo el discurso oficial del gobierno Duque de que la operación había sido un éxito. Según esa denuncia, los militares que participaron del operativo trataron de camuflar a los muertos como miembros de las disidencias de las FARC, pero la comunidad lo impidió, pues entre las víctimas estaban líderes comunitarios de la misma población. El caso acaparó la atención del país y la Fiscalía empezó sus propias pesquisas.

Lo que confirmó el ente investigador con la imputación de cargos contra los 24 militares es que, en efecto, en Alto Remanso ocurrió una masacre perpetrada por el Ejército. Además, el fiscal Cabezas señaló que, antes de la operación Mahlon, inteligencia militar ya tenía pistas de que los líderes de las disidencias ya no estaban en la zona, por lo que no se entendía por qué abrieron fuego contra la población.

Aunque la Fiscalía no detalló el paso a paso de los militares imputados, como lo reprochó la jueza que ordenó la salida de la cárcel de los investigados, durante la imputación de cargos el ente investigador sí fue claro en el papel que jugó cada uno de los 24 uniformados. De esta forma, el fiscal Cabezas explicó que el operativo se dividió en cinco equipos militares, integrados por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Según sus pesquisas, los uniformados llegaron 11 días antes de la masacre a la vereda Alto Remanso para desarrollar labores de inteligencia.

El primer equipo, según la Fiscalía, era dirigido por el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza, y se encontraban los soldados Dairo José Arboleda (el francotirador), Franky Fabián Hoyos Pérez, Jeisson Rico Soto y Jhon Fredy Hoyo. Su tarea era vigilar la zona, en la que presuntamente había sospechas de que encontraban disidentes de las FARC. El segundo grupo, encargado de bloquear y emboscar el caserío, estaba liderado por el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez e integrado por los soldados Róbinson Beleño Herrera, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeison Andrade Rivera Holguín y Yeison David Becerra Gutiérrez.

El tercer grupo fue comandado por el cabo primero Wilson Andrés Santamaría Ramos y los soldados Fernando Anama Escobar, José Alexánder Villa Rico, Carlos Alberto Perdomo Romero, y Luis Ángel Núñez Peña, quienes tenían que vigilar movimientos de presuntos integrantes de la disidencia. El cuarto grupo, a cargo del cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango e integrado por los soldados Jhon Félix Badel Correa, Wilmer Mosquera Poscué, Santander Licona Ramos y José Efraín Lectamo Yalanda tenían como tarea emboscar el lado suroccidente de la zona y alertar de cualquier evento sospechoso.

Y el quinto equipo tenía como objetivo “asegurar y bloquear la zona, manteniendo el mando y control de los dispositivos”. Este último grupo era comandado por el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, y contó con la participación del sargento segundo Gabriel Pérez Morales, y los soldados Edinson Javier Esteban Aguiar y Danilo Quintero Urrea. Mientras todo esto ocurría, agregó la Fiscalía, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista dirigía la acción armada desde el complejo militar Santana, en Puerto Asís (Putumayo).

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía fue clara en que las pruebas recopiladas por los investigadores dan cuenta que la operación estuvo meticulosamente preparada y que correspondió a un plan criminal, por lo que era imposible que el Ejército no supiera que en Alto Remanso había civiles, niños, personas mayores y mujeres embarazadas. Pese a ello, dice la investigación, los militares abrieron fuego de manera indiscriminada.

Pese a las pruebas, y la petición de las víctimas de que los militares quedaran privados de su libertad en la cárcel, pues varias de ellas han sido amenazadas, la jueza Iris Tatiana Jiménez decidió darles el beneficio de prisión domiciliaria.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Los 24 militares investigados por supuestamente haber participado en la masacre de 11 personas en la vereda Alto Remando (Putumayo) fueron enviadas a prisión domiciliaria. La decisión la tomó la jueza Iris Tatiana Jiménez, luego de que los uniformados solicitaran su libertad, pues otra juez que conoció el caso los enviara a la cárcel el 5 de agosto pasado.

En ese momento, tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército Nacional fueron enviados a prisión, pues la Fiscalía les imputó los delitos de homicidio contra persona protegida, tentativa de homicidio y perfidia (utilizar el engaño para obtener una ventaja sobre un enemigo).

Lo que sostiene el ente investigador es que el 28 de marzo de 2022, los uniformados participaron de una operación militar que terminó en masacre.

Para la Fiscalía, el operativo interrumpió con balacera una fiesta comunitaria que ya cumplía tres días. Aunque el Ejército aseguró que iban tras alias “Bruno” y alias “Managua”, líderes de una disidencia de las FARC, los disparos alcanzaron a 11 personas que perdieron la vida, entre ellas un líder indígena, uno comunitario y una menor de edad. Además, cinco personas quedaron heridas, incluyendo una mujer que estaba embarazada.

Aunque el ente investigador sostuvo durante la audiencia de imputación de cargos que se había tratado de una operación en la que el Ejército disparó de forma discriminada en contra de la población civil y que los uniformados violaron derechos humanos y normas del derecho internacional humanitario, la jueza Iris Tatiana Jiménez argumentó que la Fiscalía no hizo buen su trabajo.

La razón principal: no fue específica en el rol que desempeñaron los uniformados imputados y que, por eso, su medida de aseguramiento no puede ser tan drástica como la de estar en una cárcel. Durante la imputación de cargos, diligencia que se llevó a cabo en julio pasado, el fiscal del caso, Luis Alfonso Cabeza, aseguró que había suficientes pruebas y testimonios para investigar a los 24 militares, pues todos participaron de la operación militar.

Los militares son: Néstor Andrés Cadena Bautista, Jorge Erney Marroquín Cadena, Julián Ernesto Ávila Martínez, Cristian Pérez Galindo, Michael Andrés Quiñones Mendoza, Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, Wilson Andrés Santamaría Ramos, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santiago Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexander Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Robinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, John Fredy Hoyos Quiñonez, Carlos Alberto Perdomo Romero y Jeisson Rico Soto.

Entre las pruebas que recopiló la Fiscalía están los informes de la operación que el Ejército bautizó con el nombre de Mahlon; documentos de inteligencia que apuntaban que en la vereda Alto Remanso estaban los líderes de las disidencias, alias “Bruno” y alias “Managua”; pero también testimonios de pobladores que aseguraron que el Ejército se camufló con uniformes para confundir a la comunidad y que disparó indiscriminadamente en contra de la población civil.

Una investigación periodística de El Espectador, Voragine y Cambio reveló en 2022 los detalles de la masacre y contradijo el discurso oficial del gobierno Duque de que la operación había sido un éxito. Según esa denuncia, los militares que participaron del operativo trataron de camuflar a los muertos como miembros de las disidencias de las FARC, pero la comunidad lo impidió, pues entre las víctimas estaban líderes comunitarios de la misma población. El caso acaparó la atención del país y la Fiscalía empezó sus propias pesquisas.

Lo que confirmó el ente investigador con la imputación de cargos contra los 24 militares es que, en efecto, en Alto Remanso ocurrió una masacre perpetrada por el Ejército. Además, el fiscal Cabezas señaló que, antes de la operación Mahlon, inteligencia militar ya tenía pistas de que los líderes de las disidencias ya no estaban en la zona, por lo que no se entendía por qué abrieron fuego contra la población.

Aunque la Fiscalía no detalló el paso a paso de los militares imputados, como lo reprochó la jueza que ordenó la salida de la cárcel de los investigados, durante la imputación de cargos el ente investigador sí fue claro en el papel que jugó cada uno de los 24 uniformados. De esta forma, el fiscal Cabezas explicó que el operativo se dividió en cinco equipos militares, integrados por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Según sus pesquisas, los uniformados llegaron 11 días antes de la masacre a la vereda Alto Remanso para desarrollar labores de inteligencia.

El primer equipo, según la Fiscalía, era dirigido por el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza, y se encontraban los soldados Dairo José Arboleda (el francotirador), Franky Fabián Hoyos Pérez, Jeisson Rico Soto y Jhon Fredy Hoyo. Su tarea era vigilar la zona, en la que presuntamente había sospechas de que encontraban disidentes de las FARC. El segundo grupo, encargado de bloquear y emboscar el caserío, estaba liderado por el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez e integrado por los soldados Róbinson Beleño Herrera, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeison Andrade Rivera Holguín y Yeison David Becerra Gutiérrez.

El tercer grupo fue comandado por el cabo primero Wilson Andrés Santamaría Ramos y los soldados Fernando Anama Escobar, José Alexánder Villa Rico, Carlos Alberto Perdomo Romero, y Luis Ángel Núñez Peña, quienes tenían que vigilar movimientos de presuntos integrantes de la disidencia. El cuarto grupo, a cargo del cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango e integrado por los soldados Jhon Félix Badel Correa, Wilmer Mosquera Poscué, Santander Licona Ramos y José Efraín Lectamo Yalanda tenían como tarea emboscar el lado suroccidente de la zona y alertar de cualquier evento sospechoso.

Y el quinto equipo tenía como objetivo “asegurar y bloquear la zona, manteniendo el mando y control de los dispositivos”. Este último grupo era comandado por el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, y contó con la participación del sargento segundo Gabriel Pérez Morales, y los soldados Edinson Javier Esteban Aguiar y Danilo Quintero Urrea. Mientras todo esto ocurría, agregó la Fiscalía, el teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista dirigía la acción armada desde el complejo militar Santana, en Puerto Asís (Putumayo).

Durante la imputación de cargos, la Fiscalía fue clara en que las pruebas recopiladas por los investigadores dan cuenta que la operación estuvo meticulosamente preparada y que correspondió a un plan criminal, por lo que era imposible que el Ejército no supiera que en Alto Remanso había civiles, niños, personas mayores y mujeres embarazadas. Pese a ello, dice la investigación, los militares abrieron fuego de manera indiscriminada.

Pese a las pruebas, y la petición de las víctimas de que los militares quedaran privados de su libertad en la cárcel, pues varias de ellas han sido amenazadas, la jueza Iris Tatiana Jiménez decidió darles el beneficio de prisión domiciliaria.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.