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Tres presuntos integrantes de una banda dedicada a la suplantación de entidades públicas para robar información, están bajo la lupa de las autoridades. La Fiscalía y la Policía le siguen la pista a las acciones con las que, al parecer, robaban datos sensibles de sus víctimas.
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De acuerdo con el ente investigador, la red se dedica a “suplantar entidades públicas para enviar de manera masiva correos electrónicos con software maliciosos, que copiaban información personal y financiera que las víctimas almacenaban en sus computadores o celulares”.
Los presuntos responsables de estos ciberdelitos, dice la Fiscalía, fueron capturados en Medellín (Antioquia) y Valledupar (Cesar). Además, se les encontraron e incautaron “40 dispositivos electrónicos, cuatro memorias USB, dos discos duros, seis simcards y seis routers”.
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Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos presentó a estos tres hombres ante un juez de control de garantías, ante el cual les imputó los delitos de concierto para delinquir, uso de software malicioso, suplantación de página web, acceso abusivo a un sistema informático y hurto por medio de un sistema informático.
Lo que encontró el ente investigador es que, al parecer, la organización ilegal “remitía correos electrónicos a nombre de dependencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), de diferentes secretarías municipales de tránsito y de movilidad, entre otras autoridades”.
Los mensajes enviados, dice la Fiscalía, “contenían un RAT o troyano, un virus capaz de controlar los computadores y equipos, y que permitía tener acceso remoto a los archivos e información personal de los usuarios que abrían las comunicaciones recibidas creyendo que eran auténticas”.
La información obtenida ilegalmente por estas personas, señala el ente investigador, habría sido usada para realizar hurtos y cometer fraudes. Según las pruebas encontradas, esta red también estaría implicada en un intento de ataque cibernético a la página del CAI virtual de la Policía.
Los tres señalados por los delitos son Jair Enrique Velásquez Bohórquez, Juan Carlos Fernández Navarro, y Hernán Alonso Trejos. Ninguno aceptó los cargos imputados por la Fiscalía, pero fueron enviados por orden de un juez a cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en los lugares de residencia, es decir, casa por cárcel.
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