La JEP prioriza nuevos municipios afectados por el conflicto en el norte de Urabá
Los municipios de San Pedro de Urabá, en Antioquia, junto con Tierralta y Valencia, en Córdoba, han sido incorporados a la investigación del caso 04, que analiza la dinámica territorial de Urabá en el contexto del conflicto armado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que los municipios de San Pedro de Urabá (Antioquia), y Tierralta y Valencia (Córdoba), serán incluidos en la investigación del caso 04, que examina la situación territorial de Urabá en el marco del conflicto armado. Esta decisión amplía la lista de municipios priorizados, que ya incluía a Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo (Antioquia), así como a El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó).
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La decisión fue tomada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP tras analizar nuevos hallazgos que confirman la ocurrencia de graves crímenes y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en estos territorios. Según la magistratura, las dinámicas de violencia en San Pedro de Urabá, Valencia y Tierralta fueron resultado de disputas entre actores armados que buscaban controlar corredores estratégicos que conectan la Serranía de Abibe con el Nudo del Paramillo. Estas rutas, fundamentales para la movilidad en la región entre Antioquia, Córdoba y Chocó, fueron utilizadas para desarrollar operaciones bélicas, controlar economías legales e ilegales y ejercer dominio social y político mediante el uso de la violencia.
La JEP destacó que San Pedro de Urabá, Tierralta y Valencia han sido epicentros de crímenes relacionados con el cambio en el uso del suelo, el desplazamiento forzado y el despojo masivo de tierras. Estos fenómenos están directamente vinculados a intereses económicos, como la explotación de recursos naturales, la expansión de proyectos agroindustriales (ganadería, palma de aceite y banano) y la proyección de infraestructura en la región.
El territorio compartido por estos municipios adquirió un alto valor estratégico para las antiguas Farc-EP, grupos paramilitares, la fuerza pública y otras organizaciones armadas. La Sala determinó que la violencia ejercida en estas zonas proporciona elementos clave para entender los patrones criminales asociados a estos intereses.
Nuevas líneas de investigación
Con esta ampliación, el caso 04 profundizará en las acciones de los Frentes 5 y 58 de las extintas Farc-EP, que desde la década de 1970 tuvieron una presencia significativa en el norte de Urabá. Estas estructuras guerrilleras respondieron a partir de 1988 a la directriz de combatir el proyecto paramilitar apoyado por empresarios, hacendados y narcotraficantes en Córdoba y Urabá. Asimismo, se investigarán los crímenes perpetrados por la Columna Móvil Mario Vélez, creada en 2002 para apoyar las operaciones de estos frentes.
En relación con la fuerza pública, la investigación se centrará en los exintegrantes de la Brigada XI del Ejército, cuya jurisdicción abarcó los municipios de Tierralta y Valencia. En estas zonas, la fuerza pública desplegó unidades como la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo, señalada de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Actualmente, el caso 04 vincula a 172 miembros de la fuerza pública, 153 exintegrantes de las Farc-EP y nueve civiles. Estos últimos incluyen a empresarios y hacendados que habrían tenido participación activa o indirecta en la promoción de estructuras paramilitares en la región.
La ampliación de los municipios priorizados está articulada con otros procesos judiciales llevados a cabo por la JEP, como el caso 01, que aborda los secuestros perpetrados por las Farc-EP, y el caso 03, que investiga crímenes atribuidos a unidades militares en la Costa Caribe. Asimismo, se coordina con los casos 10 y 08, que examinan crímenes no amnistiables cometidos por la fuerza pública y las Farc-EP, respectivamente.
Esta decisión responde también a las observaciones presentadas por las víctimas en 2022, quienes solicitaron un enfoque más amplio en las investigaciones del caso 04. La Sala de Reconocimiento consideró fundamental incorporar sus testimonios, declaraciones juramentadas y los informes de organizaciones que documentan las violaciones cometidas en los nuevos municipios priorizados.
Lea: JEP niega sometimiento de exalcalde de San Pedro de Urabá por incumplimientos
Las víctimas han señalado que el esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes ocurridos en San Pedro de Urabá, Tierralta y Valencia es clave para entender el impacto del conflicto en la región y para avanzar hacia la reparación y justicia que tanto necesitan las comunidades afectadas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que los municipios de San Pedro de Urabá (Antioquia), y Tierralta y Valencia (Córdoba), serán incluidos en la investigación del caso 04, que examina la situación territorial de Urabá en el marco del conflicto armado. Esta decisión amplía la lista de municipios priorizados, que ya incluía a Dabeiba, Mutatá, Chigorodó, Carepa, Apartadó y Turbo (Antioquia), así como a El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí (Chocó).
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La JEP destacó que San Pedro de Urabá, Tierralta y Valencia han sido epicentros de crímenes relacionados con el cambio en el uso del suelo, el desplazamiento forzado y el despojo masivo de tierras. Estos fenómenos están directamente vinculados a intereses económicos, como la explotación de recursos naturales, la expansión de proyectos agroindustriales (ganadería, palma de aceite y banano) y la proyección de infraestructura en la región.
El territorio compartido por estos municipios adquirió un alto valor estratégico para las antiguas Farc-EP, grupos paramilitares, la fuerza pública y otras organizaciones armadas. La Sala determinó que la violencia ejercida en estas zonas proporciona elementos clave para entender los patrones criminales asociados a estos intereses.
Nuevas líneas de investigación
Con esta ampliación, el caso 04 profundizará en las acciones de los Frentes 5 y 58 de las extintas Farc-EP, que desde la década de 1970 tuvieron una presencia significativa en el norte de Urabá. Estas estructuras guerrilleras respondieron a partir de 1988 a la directriz de combatir el proyecto paramilitar apoyado por empresarios, hacendados y narcotraficantes en Córdoba y Urabá. Asimismo, se investigarán los crímenes perpetrados por la Columna Móvil Mario Vélez, creada en 2002 para apoyar las operaciones de estos frentes.
En relación con la fuerza pública, la investigación se centrará en los exintegrantes de la Brigada XI del Ejército, cuya jurisdicción abarcó los municipios de Tierralta y Valencia. En estas zonas, la fuerza pública desplegó unidades como la Fuerza de Tarea Conjunta Nudo del Paramillo, señalada de haber cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Actualmente, el caso 04 vincula a 172 miembros de la fuerza pública, 153 exintegrantes de las Farc-EP y nueve civiles. Estos últimos incluyen a empresarios y hacendados que habrían tenido participación activa o indirecta en la promoción de estructuras paramilitares en la región.
La ampliación de los municipios priorizados está articulada con otros procesos judiciales llevados a cabo por la JEP, como el caso 01, que aborda los secuestros perpetrados por las Farc-EP, y el caso 03, que investiga crímenes atribuidos a unidades militares en la Costa Caribe. Asimismo, se coordina con los casos 10 y 08, que examinan crímenes no amnistiables cometidos por la fuerza pública y las Farc-EP, respectivamente.
Esta decisión responde también a las observaciones presentadas por las víctimas en 2022, quienes solicitaron un enfoque más amplio en las investigaciones del caso 04. La Sala de Reconocimiento consideró fundamental incorporar sus testimonios, declaraciones juramentadas y los informes de organizaciones que documentan las violaciones cometidas en los nuevos municipios priorizados.
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Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.