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El proceso del empresario colombiano Alex Saab, señalado por EE.UU. de ser el testaferro del presidente Nicolás Maduro, ha tenido en las últimas semanas decisiones claves que apuntan a que el barranquillero terminará ante las autoridades del país norteamericano. La última determinación clave la tomó el gobierno de Cabo Verde, país africano en el que está detenido Saab desde junio de 2020, cuando hacía escala en esa nación insular. El Ejecutivo de ese país reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y no a Nicolás Maduro.
Ese reconocimiento a Guaidó cobra total relevancia ya que uno de los argumentos de los abogados de Saab y el gobierno de Nicolás Maduro es que el colombiano también es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde para volver al país. Baltazar Garzón, el abogado de cabecera de Saab, ha dicho que “Por la pandemia de COVID estaba en la prórroga de tramitación, pero las cartas credenciales demostraban que iba en viaje diplomático”. Por parte de las autoridades de Cabo Verde se reprocha que Saab no estuviera registrado en el vuelo que llegó a Cabo Verde en junio de 2020 y que la designación especial de Maduro a Saab se hizo efectiva luego de su captura.
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La semana pasada la justicia caboverdiana diera luz verde a la extradición de Saab. “En correspondencia con ello, las noticias aparecidas en medios de comunicación social que indican que la entrega de Alex Saab sería inminente y para lo cual se habrían desplazado dos fiscales a este país, son inexactas o en todo caso carecen de veracidad y falta de relación con lo dispuesto en las leyes de Cabo Verde”, señaló en ese momento la defensa de Saab hace una semana.
El pasado 2 de diciembre, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), acuerdo del cual Cabo Verde es miembro, ordenó a las autoridades del país donde Álex Saab está detenido que se ordene su arresto domiciliario. Sin embargo, el tribunal de apelaciones caboverdiano de Barlavento se negó a cumplir, emitiendo decisión el pasado 15 de diciembre. De acuerdo con la defensa del colombiano, se trata de un desafío sin precedentes.
La historia de Saab con la justicia estadounidense comenzó el 25 de julio de 2019, cuando fue acusado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por ocho cargos vinculados con el lavado de alrededor de US$350 millones. Según el Indictment (escrito de acusación), presentando ante una corte del Distrito Sur de Florida, se habría asociado con Álvaro Pulido Vargas para blanquear dinero de cuentas venezolanas hacia cuentas norteamericanas, aprovechándose del sistema de cambio regulado del país presidido por Nicolás Maduro.
El Departamento de Justicia agregó en el Indictment que tanto Álex Saab como Pulido Vargas habrían sobornado a altos funcionarios del Gobierno venezolano para “obtener ventajas injustas, incluyendo la aprobación de documentos falsos y fraudulentos relacionados a la importación de materiales y bienes de construcción”. Las autoridades norteamericanas aseguran que, además, entre 2014 y 2015 habrían hecho millonarias transferencias a cuentas de una institución bancaria ubicada en el distrito sur de Florida, estado ante el cual fueron acusados.
El empresario barranquillero Álex Saab fue capturado el 12 de junio de 2020, cuando su avión privado hizo una escala para cargar combustible en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral de Cabo Verde. Según información proporcionada por José Pinto Monteiro, abogado principal del procesado, Saab habría recibido constantes visitas de agentes norteamericanos, quienes supuestamente han buscado sin descaso que firme su extradición. “Constantemente entran en su celda por la noche con capuchas y le muelen a golpes”, ha asegurado.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, ha negado contundentemente las denuncias de Álex Saab y de su equipo de defensa: “está bien documentado que tanto Saab como el régimen de Maduro han lanzado una agresiva campaña de mentiras y desinformación en un intento de influir en el proceso legal de Cabo Verde y la opinión pública internacional”. La Procuraduría de Cabo Verde, además, sostiene que en realidad el presunto testaferro de Nicolás Maduro se autolesionó, cada vez que denunció intimidaciones en su celda.