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El excongresista conservador Luis Fernando Almario busca la nulidad “en su integridad” del escrito de acusación en su contra, en el cual la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo señala de haber tenido vínculos con el Bloque Sur de las antiguas Farc para mantener el poder político del departamento del Caquetá.
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El representante a la Cámara por ese departamento está inmerso en una investigación por su presunta responsabilidad en los asesinatos, secuestros y desplazamientos de al menos 30 personas relacionadas con la familia Turbay Cote, que lideraban la política liberal en el Caquetá, entre los años 1995 y 2002.
Según la primera acusación de la fiscalía de la JEP, dada a conocer en mayo de 2023, Almario habría diseñado y ejecutado “un plan para atacar a los integrantes del turbayismo con el fin de desplazarlos de la arena política en el Caquetá y así asumir el control político de dicho departamento”.
De los crímenes en los que se relaciona al excongresista, hay 20 que corresponden al delito de homicidio en contra de seis alcaldes, un concejal, un congresista, una diputada del departamento, un gobernador, tres periodistas, un arquitecto, dos conductores y cuatro escoltas.
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Los detalles de la nulidad
En una de sus últimas decisiones, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP dejó en firme el juicio en su contra por los homicidios de Diego Turbay Cote, Inés Cote, Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboni y Rafael Ocasiones Llanos; también el secuestro de Rodrigo Turbay Cote. Esto, en hechos ocurridos en el año 2002, en una carretera del departamento.
Tras el auto del alto tribunal, el abogado Luis Alejandro Flórez, defensa del excongresista Almario, solicitó que se anulara la totalidad del escrito de acusación por desconocimiento del principio de legalidad y vulneración de las garantías fundamentales de su representado.
“Resultaba fundamental establecer si el presunto crimen de persecución se encontraba previsto en la legislación interna como conducta punible o en su defecto, de no existir, si los hechos descritos por la fiscalía en el escrito de acusación podrían adecuarse a otro tipo penal consagrado en el código penal colombiano, pues no de otra forma se preserva el principio de legalidad”, argumentó el abogado en información revelada por Blu Radio.
La defensa también argumento que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad nunca le habría preguntado a Almario si aceptaba o no su responsabilidad en el delito de persecución, ni se le habría permitido aportar sus argumentaciones al respecto. “Es claro que al cambiar la conducta en el escrito de acusación se están vulnerando sus garantías”, señaló Flórez.
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El abogado también defendió el sometimiento voluntario de Almario ante la JEP por el secuestro de Rodrigo Turbay Cote y por los homicidios de la familia Turbay Cote, su conductor y escoltas, presuntamente perpetrados por las Farc. Pero alegó que se le atribuyera el delito de lesa humanidad de persecución.
“No puede aceptarse que se cambie el nomen juris de tales hechos y se decida de manera arbitraria que debe responder por un delito de lesa humanidad en la modalidad de persecución, pues ello trasciende en el derecho al debido proceso y la defensa en tanto desconoce las formas propias de cada juicio”, argumentó Flórez.
Finalmente, cuestionó el proceder de la fiscalía de la JEP por no vincular al caso a los exintegrantes de las Farc como responsables del mismo delito de persecución, en el entramado de acciones con el que Almario buscaría mantenerse en el poder político del departamento.
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