Fiscalía apela fallo que negó preclusión a favor de Álvaro Uribe

La investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez inició en 2018 por parte de la Sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. / Archivo El Espectador.

Foto: Óscar Pérez

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno de testigos y fraude procesal continuará. Así lo determinó la Juez 41 Penal del Circuito de Bogotá, Laura Estella Barrera, al negar por segunda vez la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía y acogida por la Procuraduría y la defensa de Uribe.

(En contexto: Caso Uribe: Fiscalía cree que prueba clave contra el expresidente está “editada”)

Aunque para la Fiscalía, el expresidente Uribe nunca buscó a testigos para que cambiaran su versión ni tampoco ofreció beneficios para que se retractaran. La jueza determinó que los argumentos no logran desvirtuar estas afirmaciones. Agregó que el juicio oral es la etapa procesal en la que se debe debatir este proceso. “La impsibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, a pesar de que la Fiscalía hizo todo el esfuerzo no cuenta con elementos ni evidencia fisica que le permita derribar la presunción”, dijo la juez.

La togada agregó, que la mayoria de las nuevas pruebas presentadas por la Fiscalía durante esta audiencia de preclusión, no eran novedosas y por el contrario introdujeron elementos que ya estaban dentro del expediente. Dijo además que pocas que son nuevas no aportan nada que pueda apoyar la solicitud de preclusión del ente acusador. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía. Esto significa que sera la Sala Penal del Tribunal de Bogota, quien tome una decisión al respecto.

Así fue la audiencia de preclusión contra el expresidente:

Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés, Fauner José Barahona y Harlington Mosquera son algunos de los paramilitares que enviaron declaraciones a la Corte para que favorecieran al expresidente Álvaro Uribe. Entre las suspicacias que provocaron esas cartas, está el tiempo que tardaron los exparas en denunciar las supuestas presiones, que una de las declaraciones la escribió el abogado Cadena de su puño y letra, y que los tres hombres negaron conocerlo. Sobre este punto la jueza negó la preclusión y concluyó que existen diversas pruebas que sustentan los hechos, lo cual controvierte lo dicho por la Fiscalía.

“Resulta altamente sospechoso que solo pasados 10 años, los tres internos de Combita hayan decidido a motu propio poner en conocimiento de las autoridades hechos delictivos de los que fueron objeto. (..) Que al rendir testimonio ante la Corte Suprema faltaron a la verdad al punto que les fue compulsado copias por el delito de falso testimonio. Álvaro Uribe y Diego Cadena en principio omitieron señalar como se obtuvo esta información y por intermedio de quien”, dijo la jueza.

También sembró dudas sobre las cartas que entregaron el narcoparamiliar el Tuso Sierra y la exfiscal Hilda Niño, quienes también testificaban a favor de Álvaro Uribe, y negó la preclusión tanto por soborno como por fraude procesal “El despacho advierte que nada cambio la postura que adoptó la juez 28 penal del circuito, no arrimaron evidencia probatoria que debían traer”.

Finalmente, Uribe la juez se refirió a las entregas de dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez por parte de Cadena para que, al parecer, hablara en favor de Uribe. El abogado ha dicho que fueron apoyos humanitarios, no sobornos. En este caso las conclusiones para negar la preclusión fueron las mismas: la Fiscalía no investigó y existen pruebas que darían cuenta de que el expresidente conocía de estos hechos.

“Los elementos materiales hacen más creíble la teoría de que Álvaro Uribe si conocía de las declaraciones de Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés, sobre los ofrecimientos y de la obtención de esas evidencias que no corresponden a la verdad”, argumentó la jueza.

Tras culminar este punto, la jueza Carlos López Callejas alias Caliche se refirió al segundo hecho jurídicamente relevante, por el cual también negó la preclusión: Los acercamientos que, al parecer, hicieron alias Caliche y el excongresista Álvaro Hernán Prada para que Juan Guillermo Monsalve se retractara. Según la investigación del alto tribunal, Caliche fue uno de los eslabones que usó el representante a la Cámara del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada para intentar cambiar el testimonio de Monsalve, un asunto que también le acarreó al congresista un proceso ante la alta corte.

Sobre este punto la jueza dijo no tienen acervo legal los argumentos en los que la Fiscalía y la defensa de Uribe desvirtúan estos hechos, asegurando que las conversaciones de WhatsApp entre Caliche y Monsalve, donde se habla sobre la presunta solicitud de retractación, no son válidas.

“Existe una hipótesis de que Álvaro Uribe si solicitó a Álvaro Hernán Padra la obtención de la retractación y para ello utilizó a Caliche y no se allegó elemento material probatorio que diera al traste con esta valoración. Existen por lo tanto elementos probatorios que permiten afirmar con probabilidad de verdad que el delito de soborno sí existió y que no está desvirtuado que Álvaro Uribe participó”, explicó la jueza.

Sobre el tercer punto: las gestiones que supuestamente hicieron personas cercanas a Uribe, como el exsenador Fabio Valencia Cossio y empresarios cercanos a él para asegurarse de que el narcotraficante Juan Carlos el Tuso Sierra declarara en contra del senador Iván Cepeda en la Corte Suprema, la juez también negó la preclusión.

Explicó la jueza, que la Fiscalía trajo testigos de oído o que solo conocían su opinión sobre los hechos. “Se sigue echando de menos la declaración de Salvatore Mancuso y quien puede hacer la narrativa de que lo ocurrido, de acuerdo con su visión, si ocurrieron los hechos”. En este sentido la juez cuestionó el trabajo investigativo adelantado por la Fiscalía y dijo que las pruebas que presentó no son suficientes.

En cuanto al delito de fraude procesal la jueza también negó la preclusión por el delito de fraude procesal por este hecho. “Bajo el análisis de la Corte se tiene que estas cartas si fueron presentados ante la Corte y que su contenido no corresponde a la verdad para incurrir en error a la Corte. Por lo anterior la Corte también negará la preclusión en este hecho”.

Para la jueza Barrera, existen pruebas suficientes para que la investigación por soborno en contra del expresidente Uribe siga viva. Por eso, rechaza la solicitud de la Fiscalía de precluir el caso y, en consecuencia, el exsenador seguirá investigado. En estos momentos, la jueza sigue explicando los demás hechos del caso y se espera que también defina si Uribe debe seguir investigado por el delito de fraude procesal.

En este punto la jueza argumentó que la grabación hecha por el reloj grabadora entre Diego Cadena y Juan Guillermo Monsalve, no fue modificada. Además, aseguró que la transcripción hecha por RTVC para la Corte Suprema de Justicia es diferente a la hecha por la Fiscalía.

“La principal conclusión a la que lleva todos los resultados expuestos, es que la transcripción realizada por la Fiscalía y la transcripción hecha por RTVC son diferentes en su forma lingüística y en su significado”, dijo la jueza.

La Jueza también concluyó que Juan Guillermo Monsalve es un testigo creíble, y que Deyanira Gómez fue la persona que adquirió el reloj espía, que luego le fue entregado a Monsalve. “Contrario a lo aseverado por el fiscal, sí existen elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que permite afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva de soborno sí ocurrió, y que el doctor Uribe puede tener la condición de partícipe”.

Luego de realizar un resumen de la intervención de todas las partes, la juez 41 de conocimiento no compartió los argumentos de los abogados defensores, Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes reiteraron que las pruebas recolectadas por la Corte Suprema no cumplían los requisitos de ley, y que Álvaro Uribe no debe estar imputado. Se trata de algunas de las interceptaciones telefónicas que la Corte le hizo al expresidente por error y que luego integró al expediente en su contra. “Es claro que se fijaron desde el principio los hechos jurídicamente relevantes, consecuentemente se impuso la calificación jurídicamente seguida contra el doctor Uribe”.

Además, la juez se refirió al esfuerzo argumentativo que realizaron las partes en esta segunda solicitud de preclusión “Ha debido hacerse un esfuerzo serio, en orden a establecer todas las particularidades del hecho que se indaga, en otras palabras, obrar con la mayor acuciosidad y si a pesar de esa actividad racional no se logra desvirtuar la presunción del investigado la preclusión se impone como medida alterna”.

Una hora después de iniciada la audiencia, la jueza empezó a leer el documento que resuelve la solicitud de preclusión. Sin embargo, retomó toda la actuación penal del expediente, desde su paso por la Corte Suprema hasta la asignación del caso al fiscal Javier Cárdenas. En esta nueva solicitud de cierre, la argumentación del actual fiscal se basó principalmente en recoger las pruebas que la jueza que negó la primera preclusión dijo que faltaban. En total presentó 14 testimonios nuevos y realizó siete inspecciones adicionales, los cuales fueron mencionados por la jueza Laura Barrera esta mañana. Al filo de las 11 a.m. la jueza retomó los argumentos de las víctimas, quienes indicaron en los últimos meses que la Fiscalía obvió toda la investigación hecha por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.

Antes de decretar un receso de la audiencia, la jueza Barrera retomó los argumentos de la Procuraduría, esgrimidos por el procurador Esiquio Sánchez, quien en el pasado fungió como abogado del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Además, la semana pasada, el periodista Daniel Coronel señaló que este estuvo en 2018 en la casa del abogado Jaime Lombana, defensor del expresidente, en una reunión social a la que también asistió Uribe Vélez. La intervención del procurador Sánchez estuvo dirigida a señalar que el expresidente no cometió ningún delito.

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