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El Tribunal Superior de Bogotá negó el reconocimiento de víctima a Deyanira Gómez, expareja del testigo y exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, así como al periodista Gonzalo Guillén en el proceso que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ambos habían pedido intervenir en el caso judicial más sonado de los últimos años, en el que se investiga al exmandatario por presunta manipulación de testigos, pero la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado de Uribe se opusieron. Este 28 de mayo el Tribunal les dio la razón.
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En audiencias celebradas en abril pasado, cuando la Fiscalía iba a sustentar su escrito de preclusión ante la juez 28 Penal de Conocimiento, Gómez y Guillén solicitaron ser acreditados como víctimas en el proceso. A la médico se le dio el espaldarazo, mientras que al periodista se le negó su pretensión. La intención inicial de la audiencia celebrada en ese entonces no tenía como objetivo conocer los argumentos de Gómez y Guillén para su acreditación, sino definir si la investigación en contra del expresidente se archiva o sigue vigente.
Sobre el caso de Deyanira Gómez, el Tribunal Superior de Bogotá explicó que, si bien el despacho reconoce presuntas intimidaciones y acciones que motivaron a la exesposa de Monsalve a solicitar su acreditación como víctima, no hay nexo entre las peticiones de la defensa de Gómez y las conductas por los cuales se está investigado el expresidente Uribe. Los magistrados del tribunal concluyeron que las posibles amenazas a la vida e integridad de Gómez no están relacionadas con la pesquisa por fraude procesal y soborno en actuación penal contra el exmandatario.
Tras revocar la decisión en primera instancia, donde se reconoció preventivamente a Gómez, el tribunal se remitió a las solicitudes del periodista Gonzalo Guillén. De nuevo, el despacho judicial explicó que no hay manera de que el comunicador resultara afectado por los delitos que, presuntamente, Uribe Vélez habría cometido tras intentar torcer testigos a su favor, a través de sus abogados. Por tanto, dejó en firme la ausencia de reconocimiento de Guillén como víctima, quien luego reprochó la determinación. La magistrada del caso, luego de resolver el trámite, explicó que no hay recurso alguno para revertir la situación.
La togada dio la palabra a la Fiscalía y a la Procuraduría, sin embargo, ambos delegados, entre ellos Gabriel Jaimes por el ente investigador, guardaron silencio. El exfiscal Eduardo Montealegre, representante de víctimas, por su parte aseguró que la reciente decisión desconoce los lineamientos de la Corte Constitucional y del mismísimo sistema interamericano. El abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gómez, aprovechó sus minutos para anunciar que va a interponer una acción de tutela contra el Tribunal Superior de Bogotá. “Me uno a las actividades legales que inicie mi abogado”, concluyó Gómez.
Uribe Vélez está ante los estrados judiciales por presunta manipulación de testigos. Lo que reposa en las investigaciones es que, a través de uno de sus abogados, Diego Cadena, al parecer, buscó a confesos paramilitares en las principales cárceles del país para que cambiaran la versión que tenían sobre presuntos nexos del expresidente con el paramilitarismo. Lo que trascendió es que Cadena, supuestamente, ofreció cuantiosas sumas de dinero y beneficios judiciales a cambio de entregar un testimonio que dejara bien parado al exsenador.
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La génesis de este proceso se libró en la Corte Suprema de Justicia, cuando Álvaro Uribe interpuso una denuncia en contra del senador Iván Cepeda, por presuntas presiones y manipulación de paramilitares, cuyos testimonios enlodaban al líder natural del Centro Democrático. No obstante, hubo un revés del alto tribunal en la investigación y terminó abriendo una nueva pesquisa en contra del exmandatario lo terminó poniendo contra las cuerdas.
En julio de 2018, el expresidente fue llamado a indagatoria. Cumplió con la citación en octubre de 2019 y el proceso siguió en manos del magistrado de la Sala de Instrucción César Reyes, quien con una ponencia de más de 1.500 páginas terminó poniendo a Álvaro Uribe Vélez bajo detención domiciliaria en agosto de 2020. Fue reseñado por el Inpec y, al cabo de un poco más de un mes, el exmandatario renunció a su curul en el Congreso, con lo cual su proceso pasó a la Fiscalía. El movimiento fue visto como una jugada de su equipo de abogados, que han señalado que en la Corte Suprema no había garantías procesales.
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Con la renuncia en el legislativo, Uribe siguió su proceso ante los jueces de garantías y de conocimiento. Le libraron boleta de libertad. Y la más reciente decisión en el caso es la solicitud de preclusión que elevó la Fiscalía ante el juzgado, no obstante, se encontraron con el panorama de Gómez y Guillén, quienes pedían ser reconocidos como víctimas en el proceso. El senador Iván Cepeda ya goza de esa condición, mientras que el exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo solo provisionalmente.
Gómez fue la expareja sentimental de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella en contra de Uribe Vélez. El hombre que ha hablado de la posible relación del exmandatario con el surgimiento del Bloque Metro de las Autodefensas. Se ha dicho que intentaron sobornarlo, e incluso, ejercer presión en su seguridad como recluso, pero no ha cambiado su versión. El hombre se convirtió en uno de los testigos claves para la Corte Suprema, de ahí, que ostente un sistema de seguridad diferente ordenado por el alto tribunal.
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Mientras estuvo casada con Monsalve, Deyanira Gómez conoció del caso Uribe de cerca, y a través de su abogado Miguel Ángel Del Río, en audiencia pública, expuso los hostigamientos a los que fue víctima. Reseñó que fue perseguida laboralmente, al punto que perdió su trabajo sin justificación y recibió amenazas. Los argumentos fueron acogidos por la Juez, quien advirtió que la mujer fue testigo dentro del proceso adelantado en la Sala de Instrucción en contra del expresidente, no obstante, aclaró que no es por esa calidad que se accede a su reconocimiento como víctima, sino por las persecuciones.
En ese entonces, el despacho trajo a colación que “los seguimientos, hostigamientos e intimidades que tuvo fue necesario para que la Unidad Nacional de Protección brindara medidas y un esquema de seguridad, que finalmente la llevaron al exilio”. La juez de primera instancia no compartió la postura de la Fiscalía y la Procuraduría, que en audiencia pasada solicitaron no acreditar como víctima a Gómez, consideró, “como acertadamente lo expuso el doctor Jorge Perdomo y el doctor Eduardo Montealegre, no es necesario que Deyanira Gómez sea el sujeto pasivo de los delitos fraude procesal y soborno, para constituirse como víctima y bajo tal panorama es claro que Deyanira Gómez resultaría víctima indirecta de los hechos materiales de investigación”.
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En cuanto a Guillén, quien junto con su abogado Roberto Rodríguez dijo que algunos señalamientos hechos por el abogado Jaime Lombana, también defensor del expresidente, lo podrían acreditar como víctima en el proceso, la juez de primera instancia expuso que “no puede señalarse o sostenerse que como las afirmaciones o calificativos que el abogado Jaime Lombana realizó respecto de él quedaron replicadas en la decisión de la Corte Suprema, ello implica que la presunta afectación a su patrimonio moral necesariamente haya derivado de esa actuación procesal”.
Para la juez de primera instancia fue claro que las aseveraciones que realizó Lombana están por fuera del escenario en el que, a juicio de Gonzalo Guillén, afectaron su buen nombre. “Así mismo, el hecho de que aquellas afirmaciones hayan sido materia de diálogo entre Uribe Vélez y Jaime Lombana no tiene ninguna relación causal directa o indirecta frente al supuesto daño que se pretender hacer ver con relación a esta actuación procesal”.