Caso Bermeo: exsenador Luis Alberto Gil condenado a cuatro años de prisión
El exsenador Luis Alberto Gil, condenado por parapolítica, enfrentará una nueva sentencia a cuatro años y medio de prisión tras aceptar haber negociado, con el exfiscal de la JEP Carlos Bermeo, la extradición de Jesús Santrich en 2019.
El exsenador Luis Alberto Gil, conocido como El Tuerto y exintegrante del M-19, acaba de ser condenado a cuatro años y medio de prisión por orden del Juzgado 9° Penal Especializado de Bogotá. El despacho judicial avaló el allanamiento a cargos de Gil, quien aceptó haber conformado una agrupación criminal para intentar frenar la extradición a Estados Unidos del exguerrillero Jesús Santrich, muerto en operativo militar en mayo de este año.
En contexto: Capturan a fiscal de JEP que, al parecer, recibió dinero para incidir en caso “Santrich”
“El sentenciado, mediante preacuerdo, había aceptado los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho -soborno- propio y tráfico de influencias. Ese reconocimiento fue avalado por la juez de conocimiento, quien lo declaró responsable de las citadas conductas delictivas, en calidad de cómplice”, agregó la Fiscalía.
El Tuerto Gil fue capturado en flagrancia el 1 de marzo de 2019, en un reconocido hotel en el norte de Bogotá. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, ese día se reunió con otros señalados integrantes de la organización, entre ellos el exfiscal Carlos Bermeo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para negociar con una tercera persona -Fiscalía omitió el nombre- la suspensión de la extradición de Santrich. Estados Unidos la solicitó, por supuesto narcotráfico, en junio de 2018.
Según informó la Fiscalía, mientras Gil, Bermeo y un tercero llegaban a un acuerdo en el lugar, simultáneamente en otro hotel dos hombres recogieron una maleta con US$ 460.000, que al parecer correspondían al pago por el trabajo en la JEP. Tras someterse a la justicia, el exsenador Gil fue penalizado con una multa de 1.424 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.
Antecedentes: Caso Bermeo: exsenador Luis Alberto Gil seguirá en la cárcel
El 7 de junio de 2018, el gobierno de Estados Unidos formalizó, ante la Cancillería colombiana, el pedido de extradición de Jesús Santrich, antiguo miembro del estado mayor de las Farc y, para la fecha de la reunión en el hotel, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Ya había sido señalado por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. No obstante, todavía ostentaba el cargo de congresista, tras los Acuerdos de Paz entre la extinta guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.
La investigación de la DEA señala que Santrich siguió delinquiendo después de haber firmado los Acuerdos de Paz, lo cual significa una causal de exclusión en la justicia transicional. De acuerdo con los investigadores norteamericanos, Santrich, Armando Gómez alias El Doctor, Fabio Younes Arboleda y Marlon Marín, sobrino del disidente Iván Márquez, idearon un plan para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
Lea también: Estados Unidos formaliza solicitud de extradición de “Jesús Santrich”
Según la investigación, los hechos datan de entre junio de 2017 y febrero de 2018, por lo cual la JEP no debería haber tomado cartas en el asunto. Sin embargo, la entidad aseguró, en su momento, que iba a estudiar el caso para determinar con claridad la fecha de la conducta acusada al exguerrillero. De hecho, en mayo de 2018 ya había suspendido el trámite de extradición provisionalmente. Y mientras la JEP tomaba su decisión, Gil y Bermeo fueron capturados en Bogotá.
Ambos quedaron retratados en videos de la Fiscalía, cuando al parecer negociaban congelar la extradición. Las primeras versiones indicaban que Julián Bermeo habría recibido US$40.000. Entonces, Bermeo era fiscal de Apoyo II de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Entre 2004 y 2007 había trabajado como concejal de Popayán, por el partido que representó El Tuerto Gil: Opción Ciudadana.
Video: JEP niega extradición de Santrich y pide investigar actuación de la Fiscalía
La captura de Gil y Bermeo se dio justo el mismo día que el gobierno estadounidense notificó a la JEP que no iba a enviar las pruebas que esta jurisdicción solicitó para tomar su decisión final. Además, el órgano de justicia se pronunció indicando que su Fiscalía no tiene ninguna participación en los procesos de extradición: “La Unidad de Investigación y Acusación (Fiscalía de la JEP) funciona de manera autónoma de la magistratura de la JEP”.
Desde el principio, la Fiscalía señaló a Gil como el intermediario ante la JEP, aunque el organismo negó que tuviera campo de acción. Un año después se supo que el exfiscal Martínez autorizó la entrega controlada de US$ 500.000, del fondo especial de bienes, para que se usaran en un operativo encubierto de la DEA, el cual terminó con la captura de Julián Bermeo. El denominado “entrampamiento”, que contó con la ayuda de un agente encubierto. Para entonces Santrich había anunciado, junto a Iván Márquez, Romaña y otros exguerrilleros, el nacimiento de la disidencia de la Segunda Marquetalia.
Lea también: Exfiscal Martínez autorizó entrega de dineros de la Fiscalía en entrampamiento a Bermeo
Así las cosas, Luis Alberto Gil enfrentará su segunda sentencia, luego de que el 18 de enero de 2012 fuera condenado a siete años y cinco meses de prisión por parapolítica. Según probó la Corte Suprema de Justicia, entre 2001 y 2003, El Tuerto se reunió con el comandante del Bloque Central Bolívar de las Auc, Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, con el cual pactó apoyo electoral en el departamento de Santander.
El exsenador Luis Alberto Gil, conocido como El Tuerto y exintegrante del M-19, acaba de ser condenado a cuatro años y medio de prisión por orden del Juzgado 9° Penal Especializado de Bogotá. El despacho judicial avaló el allanamiento a cargos de Gil, quien aceptó haber conformado una agrupación criminal para intentar frenar la extradición a Estados Unidos del exguerrillero Jesús Santrich, muerto en operativo militar en mayo de este año.
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“El sentenciado, mediante preacuerdo, había aceptado los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho -soborno- propio y tráfico de influencias. Ese reconocimiento fue avalado por la juez de conocimiento, quien lo declaró responsable de las citadas conductas delictivas, en calidad de cómplice”, agregó la Fiscalía.
El Tuerto Gil fue capturado en flagrancia el 1 de marzo de 2019, en un reconocido hotel en el norte de Bogotá. De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, ese día se reunió con otros señalados integrantes de la organización, entre ellos el exfiscal Carlos Bermeo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para negociar con una tercera persona -Fiscalía omitió el nombre- la suspensión de la extradición de Santrich. Estados Unidos la solicitó, por supuesto narcotráfico, en junio de 2018.
Según informó la Fiscalía, mientras Gil, Bermeo y un tercero llegaban a un acuerdo en el lugar, simultáneamente en otro hotel dos hombres recogieron una maleta con US$ 460.000, que al parecer correspondían al pago por el trabajo en la JEP. Tras someterse a la justicia, el exsenador Gil fue penalizado con una multa de 1.424 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad para ejercer cargos públicos por cinco años.
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El 7 de junio de 2018, el gobierno de Estados Unidos formalizó, ante la Cancillería colombiana, el pedido de extradición de Jesús Santrich, antiguo miembro del estado mayor de las Farc y, para la fecha de la reunión en el hotel, recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. Ya había sido señalado por el exfiscal general Néstor Humberto Martínez. No obstante, todavía ostentaba el cargo de congresista, tras los Acuerdos de Paz entre la extinta guerrilla y el gobierno de Juan Manuel Santos.
La investigación de la DEA señala que Santrich siguió delinquiendo después de haber firmado los Acuerdos de Paz, lo cual significa una causal de exclusión en la justicia transicional. De acuerdo con los investigadores norteamericanos, Santrich, Armando Gómez alias El Doctor, Fabio Younes Arboleda y Marlon Marín, sobrino del disidente Iván Márquez, idearon un plan para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
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Según la investigación, los hechos datan de entre junio de 2017 y febrero de 2018, por lo cual la JEP no debería haber tomado cartas en el asunto. Sin embargo, la entidad aseguró, en su momento, que iba a estudiar el caso para determinar con claridad la fecha de la conducta acusada al exguerrillero. De hecho, en mayo de 2018 ya había suspendido el trámite de extradición provisionalmente. Y mientras la JEP tomaba su decisión, Gil y Bermeo fueron capturados en Bogotá.
Ambos quedaron retratados en videos de la Fiscalía, cuando al parecer negociaban congelar la extradición. Las primeras versiones indicaban que Julián Bermeo habría recibido US$40.000. Entonces, Bermeo era fiscal de Apoyo II de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Entre 2004 y 2007 había trabajado como concejal de Popayán, por el partido que representó El Tuerto Gil: Opción Ciudadana.
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La captura de Gil y Bermeo se dio justo el mismo día que el gobierno estadounidense notificó a la JEP que no iba a enviar las pruebas que esta jurisdicción solicitó para tomar su decisión final. Además, el órgano de justicia se pronunció indicando que su Fiscalía no tiene ninguna participación en los procesos de extradición: “La Unidad de Investigación y Acusación (Fiscalía de la JEP) funciona de manera autónoma de la magistratura de la JEP”.
Desde el principio, la Fiscalía señaló a Gil como el intermediario ante la JEP, aunque el organismo negó que tuviera campo de acción. Un año después se supo que el exfiscal Martínez autorizó la entrega controlada de US$ 500.000, del fondo especial de bienes, para que se usaran en un operativo encubierto de la DEA, el cual terminó con la captura de Julián Bermeo. El denominado “entrampamiento”, que contó con la ayuda de un agente encubierto. Para entonces Santrich había anunciado, junto a Iván Márquez, Romaña y otros exguerrilleros, el nacimiento de la disidencia de la Segunda Marquetalia.
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Así las cosas, Luis Alberto Gil enfrentará su segunda sentencia, luego de que el 18 de enero de 2012 fuera condenado a siete años y cinco meses de prisión por parapolítica. Según probó la Corte Suprema de Justicia, entre 2001 y 2003, El Tuerto se reunió con el comandante del Bloque Central Bolívar de las Auc, Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, con el cual pactó apoyo electoral en el departamento de Santander.