Caso Cafesalud: Procuraduría inhabilita por 12 años a Guillermo Grosso

Guillermo Grosso es una de las personas que más ha sonado durante la crisis del sector salud en Colombia. Fue presidente de Cafesalud e interventor del Grupo Saludcoop, dos entidades que durante los últimos años agonizaron, hasta quedar en liquidación. Justamente por su pésima gestión como interventor, la Procuraduría lo acaba de inhabilitar para ejercer cargos públicos por 12 años.

Lea: Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud, condenado por corrupción)

La investigación del Ministerio Público arrojó que el exdirectivo, desatendió las directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con relación al seguimiento de los indicadores de calidad y alertas tempranas, así como en la cobertura y acceso de los usuarios a la red prestadora de servicios de salud. Tampoco verificó el cumplimiento de los estándares mínimos de habilitación que debía tener esa misma red.

Además, la Procuraduría encontró que el exdirectivo no diseñó un plan de trabajo con la participación de usuarios, prestadores, empleados y representantes del sector cooperativo, con el fin de evaluar conjuntamente las alternativas para la adecuada operación de esa entidad.

Lea aquí: El nuevo lío que enfrenta Guillermo Grosso, expresidente de Cafesalud)

Entre las pruebas que fueron estudiadas por el Ministerio Público para llegar a esta sanción, se encuentran varios requerimientos que la Superintendencia Nacional de Salud realizó entre 2013 y 2015 a Salucoop EPS, relacionados con falencias en la prestación de sus servicios, que originaron acciones de tutela falladas contra Supersalud e incidentes de desacato formulados como consecuencia del incumplimiento a dichos fallos, además de las reiteradas falencias en la atención prestada por esa EPS.

Guillermo Grosso fue condenado el pasado mes de marzo por el Juzgado 25 Penal de Conocimiento de Bogotá a seis años de cárcel, luego de que se demostró que integró una organización criminal que sobornó a la exsuperintendente delegada para la vigilancia, Eva Katherine Carrascal, para que lo favoreciera a él y a sus socios, Jhon Alexánder Colmenares Russi y Javier Peña Ramírez, en trámites que los beneficiaron económicamente.

Lea: Las fichas claves en el proceso de Saludcoop que dejó la condena de Palacino

Mientras tanto, el expresidente de Cafesalud tiene otros líos pendientes con la justicia. Por ejemplo, a mediados de 2022, el ente investigador le imputó nuevos cargos porque, según el búnker, “le propuso a un amigo crear un Instituto Prestador de Servicios de Salud (IPS) y licitar ante Cafesalud para quedarse con dos contratos para atender a 70.000 pacientes en el norte de Bogotá”.

Además, el pasado 25 de abril la Procuraduría le formuló pliego de cargos, por presuntamente autorizar el uso indebido de recursos destinados específicamente a la prestación del servicio de salud, para la adquisición de equipos de cómputo y comunicación, muebles de oficina y enseres a terceros.

Lea aquí: Procuraduría formula cargos al expresidente de Cafesalud, Guillermo Grosso

De acuerdo con el Ministerio Público, el exdirectivo habría validado que se utilizaran cerca de $800 millones, entre noviembre de 2015 y enero de 2016, de dos de las cuentas en las que se recibían pagos de los entes territoriales, de diferentes clínicas y por concepto del Plan Obligatorio de Salud, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Guillermo Grosso es una de las personas que más ha sonado durante la crisis del sector salud en Colombia. Fue presidente de Cafesalud e interventor del Grupo Saludcoop, dos entidades que durante los últimos años agonizaron, hasta quedar en liquidación. Justamente por su pésima gestión como interventor, la Procuraduría lo acaba de inhabilitar para ejercer cargos públicos por 12 años.

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La investigación del Ministerio Público arrojó que el exdirectivo, desatendió las directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social con relación al seguimiento de los indicadores de calidad y alertas tempranas, así como en la cobertura y acceso de los usuarios a la red prestadora de servicios de salud. Tampoco verificó el cumplimiento de los estándares mínimos de habilitación que debía tener esa misma red.

Además, la Procuraduría encontró que el exdirectivo no diseñó un plan de trabajo con la participación de usuarios, prestadores, empleados y representantes del sector cooperativo, con el fin de evaluar conjuntamente las alternativas para la adecuada operación de esa entidad.

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Entre las pruebas que fueron estudiadas por el Ministerio Público para llegar a esta sanción, se encuentran varios requerimientos que la Superintendencia Nacional de Salud realizó entre 2013 y 2015 a Salucoop EPS, relacionados con falencias en la prestación de sus servicios, que originaron acciones de tutela falladas contra Supersalud e incidentes de desacato formulados como consecuencia del incumplimiento a dichos fallos, además de las reiteradas falencias en la atención prestada por esa EPS.

Guillermo Grosso fue condenado el pasado mes de marzo por el Juzgado 25 Penal de Conocimiento de Bogotá a seis años de cárcel, luego de que se demostró que integró una organización criminal que sobornó a la exsuperintendente delegada para la vigilancia, Eva Katherine Carrascal, para que lo favoreciera a él y a sus socios, Jhon Alexánder Colmenares Russi y Javier Peña Ramírez, en trámites que los beneficiaron económicamente.

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Mientras tanto, el expresidente de Cafesalud tiene otros líos pendientes con la justicia. Por ejemplo, a mediados de 2022, el ente investigador le imputó nuevos cargos porque, según el búnker, “le propuso a un amigo crear un Instituto Prestador de Servicios de Salud (IPS) y licitar ante Cafesalud para quedarse con dos contratos para atender a 70.000 pacientes en el norte de Bogotá”.

Además, el pasado 25 de abril la Procuraduría le formuló pliego de cargos, por presuntamente autorizar el uso indebido de recursos destinados específicamente a la prestación del servicio de salud, para la adquisición de equipos de cómputo y comunicación, muebles de oficina y enseres a terceros.

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De acuerdo con el Ministerio Público, el exdirectivo habría validado que se utilizaran cerca de $800 millones, entre noviembre de 2015 y enero de 2016, de dos de las cuentas en las que se recibían pagos de los entes territoriales, de diferentes clínicas y por concepto del Plan Obligatorio de Salud, con lo que pudo incurrir en falta disciplinaria.

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