Caso Calonge: el problema de tierras que dejó Vicente Castaño en el Urabá

Los ciudadanos Virginia Álvarez, Fernando Calonge y los hermanos Arnold y Andrés Calonge Pereira buscan recuperar las tierras que les pertenecían, en Arboletes y San Pedro de Urabá (Antioquía). Permanecen en un proceso de extinción de dominio, el cual acaba de ser confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Los reclamantes no han podido demostrar su buena fe sobre los nueve bienes, que en los noventa fueron despojados a favor del desaparecido Vicente Castaño, uno de los máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Antecedentes: Extinción de dominio a cinco bienes del exjefe paramilitar Vicente Castaño

Sobre las fincas “La Esperanza”, “Villa Helena”, “Si se quiere”, “Santa Manuela”, “Nueva Ilusión”, “El Cativo”, en San Pedro de Urabá, y “Lucitania” y “La Unión”, en Arboletes, pesan medidas cautelares a petición de la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía. El historial da cuenta de que en la década de los 70 Evaristo Calonge adquirió algunos de ellos de manera lícita, pero en 1993 la familia fue obligada a vender las tierras, a un precio inferior, por órdenes de Vicente Castaño Gil. El despojo fue misión de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, en su momento mano derecha de los hermanos paramilitares, quien mató a Carlos Castaño por órdenes de Vicente Castaño.

“La realidad de la violencia padecida en ciertas regiones del país, dada la permanente y prolongada interacción entre victimarios, víctimas y población en general, es tan compleja que en ocasiones se concretaran relaciones improbables o poco comunes en condiciones de normalidad”, explicó la Corte Suprema. Se refiere a que la familia Calonge fue víctima directa del conflicto armado, sin embargo, a su vez la alta corte reconoció vínculos comerciales entre ella y el paramilitarismo. Esa es una de las razones para no devolverles las tierras.

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Se tiene acreditado que el 13 de noviembre de 1989, los hermanos Simón y Ramiro Calonge fueron retenidos y desaparecidos por el grupo armado ilegal dirigido por los hermanos Castaño. Ángel Isidro Calonge fue, por otro lado, asesinado el 23 de agosto de 1992 al parecer por el Ejército Popular de Liberación (Epl). En 1993, Vicente Castaño despojó a la familia Calonge de sus tierras en el Urabá, las cuales aseguran haber adquirido a través de negocios de palabras y de truques comerciales. Por años las tierras estuvieron en poder de los “paras” hasta que a inicio de milenio Vicente Castaño quiso blanquear su despojo.

Ante la desmovilización nacional de las Auc, según reza el expediente, Vicente Castaño quiso proteger las tierras ordenando la creación de la sociedad Raiceros de San Juan, la cual fue constituida en 2006. “Utilizaron a varias personas de su confianza como testaferros de dichos bienes”, señaló la Corte en relación con declaraciones de alias Monoleche. Mientras la familia reclamante asegura que fue un acuerdo en el cual los paramilitares quisieron resarcir el daño hecho, devolviendo los bienes despojados, la justicia por ahora tiene la hipótesis de que los Calonge se beneficiaron de esa sociedad.

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En primera instancia, por ejemplo, el Tribunal Superior de Medellín encontró que Vicente Castaño “cargó” sus propiedades a diferentes personas, entre ellos los Calonge, los cuales luego fueron aportados a la constitución de la empresa Raiceros de San Juan. Sin embargo, cuando la misma sociedad fue liquidada, Virginia Álvarez —pareja de Evaristo Calonge— quedó con 14 predios, entre ellos cinco que ahora tienen medidas cautelares. José Fernando Calonge quedó con siete inmuebles, cuatro de ellos bajo proceso de extinción de dominio.

“A partir del análisis de los elementos de la buena fe exenta de culpa, considera el magistrado que Virginia Álvarez Gómez y Fernando José Calonge Álvarez no actuaron con lealtad, rectitud y honestidad y dejaron confundir sus bienes con los de la organización ilegal al aportarlos a la Sociedad Raiceros de San Juan, pues todos los predios del incidente hicieron parte de la empresa constituida por orden de Vicente Castaño para protegerlos de las acciones judiciales”, se explicó en primera instancia.

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La Corte Suprema, por su parte, consideró que la familia Calonge solo figura como propietaria de tres inmuebles antes de 1993, fecha del despojo paramilitar. Los demás que están bajo medidas cautelares aparecen como raíz de la liquidación de Raiceros de San Juan. “No aportaron al proceso ninguna prueba concreta de la forma como adquirieron estos seis bienes, de suerte que solo se cuenta con la información que reposa en los folios de matrícula inmobiliaria, a partir de la cual se colige que los adquirieron por la liquidación de la sociedad Raiceros de San Juan, constituida en el año 2006 por orden de Castaño para proteger sus bienes del accionar de las autoridades”, reseñó.

Uno de los testaferros de los “paras”, Sor Teresa Gómez, declaró ante la Fiscalía que incluso los Calonge tenían supuestos vínculos con las Auc, lo cual reforzaría la hipótesis de que se habrían beneficiado con la liquidación de la sociedad. Sin desconocer, desde luego, que fueron víctimas en el pasado del mismo grupo armado organizado. “No resulta creíble que fueran coaccionados para servir de testaferros y vincularse a la Sociedad Raiceros de San Juan, en primer lugar, porque quienes pretenden esconder sus bienes acuden a personas de confianza, lo cual facilita su recuperación”, señaló la Corte.

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Incluso, la alta corte relacionó antiguas declaraciones de Fernando Calonge, quien expresó que “la sociedad Raiceros de San Juan fue creada en el año 2006 con un grupo de amigos de la familia de la región los cuales nos llamaron para conformar la sociedad a mi madre y a mí, finca en la cual se desarrollaba el negocio de levante y venta de ganado”. Haciendo cuentas, la Corte encontró que los Calonge salieron bien librados de la liquidación. “En el año 2006 los Calonge aportaron 9 de los 31 predios con los que se constituyó la Sociedad Raiceros de San Juan, pero al liquidarse la misma en el año 2010, les fueron asignados 18 inmuebles”, concluyó.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Los ciudadanos Virginia Álvarez, Fernando Calonge y los hermanos Arnold y Andrés Calonge Pereira buscan recuperar las tierras que les pertenecían, en Arboletes y San Pedro de Urabá (Antioquía). Permanecen en un proceso de extinción de dominio, el cual acaba de ser confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Los reclamantes no han podido demostrar su buena fe sobre los nueve bienes, que en los noventa fueron despojados a favor del desaparecido Vicente Castaño, uno de los máximos líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Antecedentes: Extinción de dominio a cinco bienes del exjefe paramilitar Vicente Castaño

Sobre las fincas “La Esperanza”, “Villa Helena”, “Si se quiere”, “Santa Manuela”, “Nueva Ilusión”, “El Cativo”, en San Pedro de Urabá, y “Lucitania” y “La Unión”, en Arboletes, pesan medidas cautelares a petición de la Unidad de Persecución de Bienes de la Fiscalía. El historial da cuenta de que en la década de los 70 Evaristo Calonge adquirió algunos de ellos de manera lícita, pero en 1993 la familia fue obligada a vender las tierras, a un precio inferior, por órdenes de Vicente Castaño Gil. El despojo fue misión de Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias Monoleche, en su momento mano derecha de los hermanos paramilitares, quien mató a Carlos Castaño por órdenes de Vicente Castaño.

“La realidad de la violencia padecida en ciertas regiones del país, dada la permanente y prolongada interacción entre victimarios, víctimas y población en general, es tan compleja que en ocasiones se concretaran relaciones improbables o poco comunes en condiciones de normalidad”, explicó la Corte Suprema. Se refiere a que la familia Calonge fue víctima directa del conflicto armado, sin embargo, a su vez la alta corte reconoció vínculos comerciales entre ella y el paramilitarismo. Esa es una de las razones para no devolverles las tierras.

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Se tiene acreditado que el 13 de noviembre de 1989, los hermanos Simón y Ramiro Calonge fueron retenidos y desaparecidos por el grupo armado ilegal dirigido por los hermanos Castaño. Ángel Isidro Calonge fue, por otro lado, asesinado el 23 de agosto de 1992 al parecer por el Ejército Popular de Liberación (Epl). En 1993, Vicente Castaño despojó a la familia Calonge de sus tierras en el Urabá, las cuales aseguran haber adquirido a través de negocios de palabras y de truques comerciales. Por años las tierras estuvieron en poder de los “paras” hasta que a inicio de milenio Vicente Castaño quiso blanquear su despojo.

Ante la desmovilización nacional de las Auc, según reza el expediente, Vicente Castaño quiso proteger las tierras ordenando la creación de la sociedad Raiceros de San Juan, la cual fue constituida en 2006. “Utilizaron a varias personas de su confianza como testaferros de dichos bienes”, señaló la Corte en relación con declaraciones de alias Monoleche. Mientras la familia reclamante asegura que fue un acuerdo en el cual los paramilitares quisieron resarcir el daño hecho, devolviendo los bienes despojados, la justicia por ahora tiene la hipótesis de que los Calonge se beneficiaron de esa sociedad.

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“A partir del análisis de los elementos de la buena fe exenta de culpa, considera el magistrado que Virginia Álvarez Gómez y Fernando José Calonge Álvarez no actuaron con lealtad, rectitud y honestidad y dejaron confundir sus bienes con los de la organización ilegal al aportarlos a la Sociedad Raiceros de San Juan, pues todos los predios del incidente hicieron parte de la empresa constituida por orden de Vicente Castaño para protegerlos de las acciones judiciales”, se explicó en primera instancia.

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La Corte Suprema, por su parte, consideró que la familia Calonge solo figura como propietaria de tres inmuebles antes de 1993, fecha del despojo paramilitar. Los demás que están bajo medidas cautelares aparecen como raíz de la liquidación de Raiceros de San Juan. “No aportaron al proceso ninguna prueba concreta de la forma como adquirieron estos seis bienes, de suerte que solo se cuenta con la información que reposa en los folios de matrícula inmobiliaria, a partir de la cual se colige que los adquirieron por la liquidación de la sociedad Raiceros de San Juan, constituida en el año 2006 por orden de Castaño para proteger sus bienes del accionar de las autoridades”, reseñó.

Uno de los testaferros de los “paras”, Sor Teresa Gómez, declaró ante la Fiscalía que incluso los Calonge tenían supuestos vínculos con las Auc, lo cual reforzaría la hipótesis de que se habrían beneficiado con la liquidación de la sociedad. Sin desconocer, desde luego, que fueron víctimas en el pasado del mismo grupo armado organizado. “No resulta creíble que fueran coaccionados para servir de testaferros y vincularse a la Sociedad Raiceros de San Juan, en primer lugar, porque quienes pretenden esconder sus bienes acuden a personas de confianza, lo cual facilita su recuperación”, señaló la Corte.

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