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La Fiscalía General acaba de tomar una decisión clave para el avance de la investigación del magnicidio del candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, perpetrado en abril de 1990. Una resolución de ocho páginas, firmada por la vicefiscal general Martha Mancera el pasado 3 de enero de 2023, ordena la conformación de un equipo especial de fiscales para determinar quiénes estuvieron detrás del asesinato del candidato por la Alianza Democrática M-19 en abril de 1990 y que hoy sigue impune.
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El documento señala que serán tres fiscales los encargados de este expediente clave, entre ellos, Mauricio Ponce, quien estuvo a cargo de la investigación desde 2014, pero que desde mayo de 2021 fue reasignado a otras labores por la administración de Francisco Barbosa. La resolución señaló que el coordinador del equipo será el director Hugo Tovar Pérez, jefe de la Dirección contra las Violaciones de los Derechos Humanos, el propio Ponce y Pablo Porras Espejo, otro fiscal que, según el documento, tiene una “amplia experiencia en el desarrollo de investigaciones complejas”.
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En diciembre de 2022, los abogados de la familia alertaron sobre la falta de decisiones de fondo en el caso. En ese momento, recordaron que la actual administración del ente investigador trasladó en mayo de 2021 al Chocó a Mauricio Ponce, quien hasta ese momento llevaba siete años a cargo del caso Pizarro.
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“(Su traslado) es un mecanismo de impunidad que atentaba contra los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia. Vemos con preocupación que el fiscal Ponce haya sido apartado de la investigación y enviado a Chocó mientras avanzaba en establecer la responsabilidad de Manuel Antonio González, exjefe de protección del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y Flavio Trujillo Valenzuela, exjefe de la sección de corporaciones públicas de la misma entidad. Sumado a esto, Mauricio Ponce había solicitado a la fiscalía delegada ante la Corte Suprema investigar al exdirector del DAS, Miguel Maza Márquez”, señalaron la CCJ y el Cajar.
Quien asumió la investigación fue el propio Tovar Pérez, quien también tenía el caso de la periodista Jineth Bedoya, secuestrada y abusada sexualmente por paramilitares mientras desarrollaba su actividad periodística en este diario. Tovar tenía la función de continuar con esta investigación y, además, fungir como parte en el juicio contra el exescolta del DAS, Jaime Ernesto Gómez, quien fue acusado de participar en el magnicidio del candidato presidencial cuando iba en un avión con destino a Barranquilla.
Una de las últimas acciones que Ponce tomó en el expediente estaba relacionado con la búsqueda de un integrante del esquema de seguridad de Pizarro los días previos al crimen. El hombre en cuestión es Óscar Castro*, un antiguo integrante del DAS, organismo de inteligencia adscrito a la Presidencia que desapareció en 2011. Este fue contactado por los investigadores de la Fiscalía con el fin de que aporte información sobre los hechos que rodearon el asesinato.
Funcionarios de la Fiscalía lograron contactar a la familia de Castro, quien desde hace varios años es mercenario en Medio Oriente para grupos irregulares que suelen contratar a uniformados retirados de la fuerza pública colombiana, por su experiencia en contextos crudos de confrontación armada. Castro es uno de los hombres menos mencionados en el caso Pizarro, pero para el ente investigador su salida del esquema de protección días antes del homicidio se debe indagar. “Se revisó la hoja de vida y no se sabe qué hizo los siguientes dos o tres meses después de su salida del anillo de seguridad”, dice una fuente consultada.
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* El nombre del escolta fue cambiado para proteger la seguridad de su familia.
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