Ya han pasado más de 15 días desde que los exdirectivos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) pisaron el búnker de la Fiscalía para concertar los primeros acercamientos con el ente investigador, con miras a acceder a beneficios judiciales: un principio de oportunidad. Ambos, de hecho, han pedido inmunidad total, pero no se conoce el grueso de las pruebas que han entregado ni los nombres de otros involucrados en el escándalo de sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a La Guajira. El ente investigador explicó por qué aun no los ha llamado.
El 7 de mayo, Olmedo López, exdirector de la Ungrd, en compañía de su defensa, hablaron ante un grupo de fiscales sobre sus aportes a la investigación. Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, hizo lo propio al día siguiente, el 8 de mayo. Tanto Luis Gustavo Moreno (defensor de Pinilla), como José Luis Moreno (abogado de López) señalaron que el ente investigador les dio un plazo de 15 días, luego de esa reunión, para comunicarse nuevamente con ellos y definir los términos de la negociación que cada uno adelanta por su lado, luego de aportar las primeras evidencias. Ese plazo ya se cumplió y, hasta ahora, a ninguno de los despachos de los defensores ha llegado una respuesta.
Lo que se conoce hasta ahora ha sido por cuenta de los testimonios entregados por Pinilla a medios de comunicación, en los que ha señalado, por ahora sin pruebas, a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, de recibir un soborno de $4.000 millones para agilizar las reformas del gobierno en el Legislativo. Según el exsubdirector, el dinero habría salido de un sobrecosto de $20.000 millones para la compra de los vehículos que llevarían agua a La Guajira. Ambos exdirectivos han dicho que hay otros congresistas involucrados y que sus nombres se los entregarán a la Fiscalía. Como supuesto soporte, han aportado una serie de chats en los que solo se evidencian acercamientos entre los legisladores y los funcionarios de la Ungrd, pero sin evidencia de algún delito.
Fuentes cercanas al búnker le dijeron a este diario que los motivos por los que no se ha citado nuevamente a los directores es porque el análisis de pruebas aun está en proceso. “Se está valorando lo que dijeron a ver qué es de utilidad y en qué escenario podría funcionar alguna negociación judicial”, señaló una fuente cercana al proceso. De hecho, tras pasar los 15 días que inicialmente se habían pactado para retomar un contacto frente a las negociaciones, el ente investigador evalúa la posibilidad de hablar con ambos testigos en lo que queda de esta semana y agendar una nueva citación. “Hay que sopesar lo que están ofreciendo con lo que ya se tiene en la indagación avanzada por la Fiscalía”, agregó la fuente.
Luis Gustavo Moreno, abogado de Sneyder Pinilla, manifestó en entrevista con Caracol Radio que es la Fiscalía quien tiene ahora la batuta para profundizar los hechos de corrupción que ocurrieron en la Unidad. “El país conoció hace un tiempo el deseo del señor Sneyder Pinilla de acogerse a un principio de oportunidad (...) se nos dio no más de 15 días para definirnos el término de esa negociación para que Sneyder no solo empezará a contarle a la justicia lo que tiene que contar, sino también a suministrar pruebas de los hechos”, le dijo al medio radial.
En una posición similar se encuentra Olmedo López. Fuentes que conocen de cerca el proceso del exdirector le dijeron a El Espectador que, por el momento, siguen apuntando a la seguridad del exdirector, quien ya cuenta con un esquema de protección otorgado por la Fiscalía. No obstante, lo que más preocupa al exfuncionario es “el silencio del ente investigador sobre su proceso”, pues luego de 15 días no le han comunicado una intención de retomar la negociación y, según sus allegados, ha recibido nuevas amenazas. Por ahora, la defensa de López evalúa la posibilidad de redactar un recurso para dar celeridad al trámite.
Por el momento, ambos exdirectivos están a la espera del llamado del ente dirigido por Luz Adriana Camargo, quien designó un grupo de fiscales entre los cuales se destacan Andrea Muñoz, fiscal anticorrupción; Gabriel Sandoval, fiscal contra el crimen organizado; María Cristina Patiño, fiscal delegada ante la Corte Suprema, y Hernando Barreto, coordinador de fiscales delegados ante este alto tribunal. Aunque el equipo de abogados del ente investigador analiza la información aportada hasta el momento para avanzar en las negociaciones, también está a la espera de nuevas pruebas para definir a quién le puede otorgar un principio de oportunidad.
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