El polémico empresario Emilio Tapia, conocido como el zar de la contratación, no logró consolidar un preacuerdo con la Fiscalía en medio de la investigación que se adelanta en su contra por su participación en el caso de Centros Poblados, en el que se embolató un millonario adelanto de $70.000 millones en el proyecto que buscaba llevar internet a escuelas rurales. Tapia, quien se habría apropiado de más de $5.000 millones por haber, supuestamente, ayudado a la conformación de la unión temporal Centros Poblados, a la cual se le entregó el contrato para el proyecto.
La negociación de Tapia fracasó, porque le ofreció a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) —que representa a las víctimas— resarcir algunos daños entregando un lote en San Cristóbal, Antioquia, como dación en pago por los dineros públicos de los que se apropió. Sin embargo, la Agencia no aceptó el ofrecimiento, porque el predio no estaría a nombre de Tapia, sino de otra persona.
El juez que lleva el caso contra el zar de la contratación ya había advertido que este 30 de mayo se vencía el plazo para que Tapia concretara el preacuerdo con el ente investigador. Sin embargo, al no lograrlo, iría a juicio por los hechos relacionados con Centros Poblados. Se tiene previsto que la audiencia preparatoria en su contra arranque este jueves sobre las 2:00 p. m.
El caso por el que se investiga a Tapia involucró también a varios funcionarios del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Mintic), con el proyecto con el cual pretendían llevar internet a 7.000 escuelas rurales y que terminó en un escándalo de corrupción.
Según la investigación, Tapia “habría contactado a dos personas para que prestaran los nombres, experiencia y capacidad financiera de sus empresas para conformar la unión temporal. A cambio, les pagaría $4.000 millones. De esta manera, Centros Poblados se constituyó, licitó y, con la información falsa sobre su conformación, indujo a error a los funcionarios de Mintic que le otorgaron el contrato”
Para la Fiscalía, el empresario habría conocido que la unión temporal obtuvo pólizas falsas para poder participar de la millonaria licitación y, además, recibir un anticipo de $70.000 millones que, al día de hoy, siguen embolatados. La investigación logró establecer que Tapia recibió $6.182 millones y se habría quedado con algo más de $5.064 millones que habría invertido en obras de arte, apartamentos, tiquetes aéreos, vehículos de gama alta, y hasta el pago de honorarios a abogados.
Por el caso de Centros Poblados, Tapia irá a juicio por los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad ideológica en documento privado.