De acuerdo con portales especializados en arbitrajes de inversión a nivel internacional, entre ellos CIAR Global y Global Arbitration Review, Colombia perdió un millonario pleito con el inversionista minero australiano South 32. El país deberá pagarle al inversionista un total de US$ 9,5 millones de dólares (más de 39.000 millones de pesos) por violaciones al tratado de comercio vigente con Australia, que afectó los intereses de una minera que extrae y produce a cielo abierto ferroníquel en la mina Cerro Matoso, en Montelíbano (Córdoba).
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La decisión fue tomada por un grupo de árbitros de Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), una de las instancias judiciales ante las que Colombia responde por presuntas violaciones a tratados de comercio. En este caso, South 32 reclamaba una indemnización de US$ 94 millones, por lo que consideró un trato injusto y desigual de las autoridades nacionales, las cuales le cambiaron las reglas con las que debía pagarle regalías al país, en contraprestación por extraer recursos naturales.
La demanda de South 32 inició a raíz de la investigación de responsabilidad fiscal de la Contraloría en su contra, anunciada en 2020, por una presunta falta de pago de regalías entre 1982 y 2012. Esto, a raíz de una resolución de la Agencia Nacional de Minería de 2015, con la que se determinó una nueva metodología para la fijación del precio base de liquidación de las regalías del níquel y que obligó a la multinacional a girar mayores recursos. El Estado colombiano actuó de tal forma con South 32, que el pasado 25 de abril, la Contraloría sancionó a Cerro Matoso a pagar $230.000 millones por haber incumplido las nuevas reglas de calculo de regalías.
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Sin embargo, los árbitros del CIADI consideraron que “Colombia había violado el estándar de trato justo y equitativo del TBI (tratado de comercio con Australia) a través de varias órdenes emitidas por la Contraloría General y la Agencia Nacional de Minería de Colombia. Dijeron (los árbitros) que las medidas habían sido ‘descaradamente inconsistentes’, injustificadas y carecían de fundamento legal”, señala el portal Global Arbitration Review.
Los árbitros también desestimaron otros mecanismos de defensa técnicos de Colombia, como que el proyecto Cerro Matoso no era una inversión protegida. Y, entre otros argumentos rechazados, que el reclamo del inversionista australiano era prematuro, al punto de que tenía su origen en una disputa interna que ya había sido resuelta en el país.
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En otra parte de la decisión, aseguran las fuentes de información, se ordena que South 32 sea indemnizada por futuros daños que surgirían si Colombia continúa aplicando medidas consideradas violatorias del tratado de comercio. “Una reclamación valorada principalmente en US$276 millones”, se lee.
“La minera acusa a la Contraloría de afectar su reputación ‘injustificadamente’ Defiende Cerro Matoso que en 2023 ‘pagó más de $486 mil millones de pesos en regalías y en 42 años de operación ha aportado al país una cifra superior a los $3,6 billones de pesos en esta materia’”, agrega CIAR Global.
De acuerdo con una investigación de Razón Pública, Cerro Matoso es la mina de ferroníquel más grande a cielo abierto de América Latina y la reserva más grande de níquel del país. “Gracias a la extracción minera en Cerro Matoso, se puede decir que Colombia participa con casi el 10% de la producción mundial de ferroníquel y el 3% de producción mundial de níquel”, explica el portal.
Aunque los árbitros del CIADI aseguraron que Colombia no respaldo obrar bajo las normas de la seguridad jurídica de las inversiones, tampoco consideraron probado que South 32 debería recibir US$73 millones en concepto de daños y perjuicios. Por ello, Colombia solo desembolsará US$ 9,5 millones de la cifra solicitada.
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