Caso Chiquita Brands: el juicio en Colombia que avanza en absoluto secreto

Financiación o extorsión. Entregas de dinero consensuadas para fortalecer el proyecto paramilitar, o coacción de un conglomerado mundialmente reconocido a cambio de evitar una masacre de funcionarios. Esas son las dos versiones de una historia a la que la justicia colombiana le está poniendo su punto final: el expediente en el que se investiga, penalmente, los probados y sistemáticos pagos de la multinacional bananera Chiquita Brands a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Carlos Castaño. El caso está en etapa de juicio, sin embargo, el juzgado que conoce las pruebas se ha encargado de mantener todo bajo absoluto secreto, incluso avisando de quejas disciplinarias a las partes. Aun así, El Espectador conoció detalles del avance del juicio y revela testimonios clave desprendidos de la justicia estadounidense.

Financiación o extorsión. Entregas de dinero consensuadas para fortalecer el proyecto paramilitar, o coacción de un conglomerado mundialmente reconocido a cambio de evitar una masacre de funcionarios. Esas son las dos versiones de una historia a la que la justicia colombiana le está poniendo su punto final: el expediente en el que se investiga, penalmente, los probados y sistemáticos pagos de la multinacional bananera Chiquita Brands a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de Carlos Castaño. El caso está en etapa de juicio, sin embargo, el juzgado que conoce las pruebas se ha encargado de mantener todo bajo absoluto secreto, incluso avisando de quejas disciplinarias a las partes. Aun así, El Espectador conoció detalles del avance del juicio y revela testimonios clave desprendidos de la justicia estadounidense.

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En junio pasado, el Tribunal del Distrito Sur de Florida concluyó que ese desembolso de hasta US $1,7 millones, entre 1997 y 2004, fue gasolina que avivó la barbarie paramilitar en Colombia. Las entregas de dinero de Chiquita Brands, que se hicieron a través de su filial más exitosa Banadex, que a su vez se inyectaron directamente a las Autodefensas Unidas de Colombia e indirectamente a través de las cooperativas de vigilancia Convivir, están bajo la lupa de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos de la Fiscalía. Desde agosto de 2018, permanecen en juicio penal 10 exdirectivos bananeros de la región de Urabá, entre ellos cuatro extranjeros. Todos están incriminados por el delito de concierto para delinquir, por, presuntamente, crear una sociedad criminal para financiar, promover y organizar grupos al margen de la ley. El proceso lo lleva el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Antioquia.

Los procesados son: Charles Dennis Keiser (Estados Unidos), antiguo gerente general y representante legal de Banadex (1990-2000); John Paul Olivo (Estados Unidos), excontralor de Chiquita Brands para Norteamérica y para Banadex (1996-2001); Fuad Alberto Giacoman Hasbun (Honduras), excontralor de Chiquita Brands en Colombia (2002-2004); José Luis Valverde Ramírez (Costa Rica), exgerente de producción de Banadex (2000-2002);  Reinaldo Elías Escobar de La Hoz, exrepresentante legal de Banadex (1994-1998); Víctor Julio Buitrago Sandoval , exjefe de seguridad de Banadex (1999-2004); Álvaro Acevedo González, exgerente y representante legal de Banadex (2001-2004); Víctor Manuel Henriquez Velásquez, expresidente ejecutivo de Banacol (2000-2008); Jorge Alberto Cadavid Marín, exvicepresidente financiero de Banacol (1993-2008); y Javier Ochoa Velásquez, exgerente de planeación de Banacol (2001-2004). (VER NOTA DE LA EDITORA)

El Espectador solicitó conocer las audiencias de juicio al Juzgado Sexto, en el entendido de que en Colombia las audiencias son públicas, pero la petición fue rechazada con el objetivo de proteger el derecho a la intimidad y al buen nombre de los investigados. “El solo hecho de publicitar ante la opinión pública y medios de comunicación sus nombres, crearía un manto de duda sobre su reputación que en momento alguno se podría volver a levantar”, respondió la jueza Diana Lucía Monsalve, agregando que los medios de comunicación no son parte del proceso. Tal es el secretismo que rodea el desarrollo del juicio que, en julio pasado, el Juzgado Sexto les advirtió a las partes que el enlace virtual de las audiencias sólo debe utilizarse para los fines establecidos en la ley, “so pena de tomar las medidas disciplinarias a las que haya lugar”.

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Sebastián Escobar, jurista del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), es apoderado de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, constituida como víctima por ser objeto de persecución y violencia sanguinaria por parte de los ‘paras’ que operaron en el Urabá, en connivencia con el Ejército. Al Juzgado Sexto le envió un memorial solicitando abrir las audiencias a Colombia, pues según el procedimiento penal bajo el cual se adelanta, el juicio es público y “sólo de forma excepcional podrá aplicarse la reserva en circunstancias extremas que son reguladas por la propia ley, y que no han sido invocadas (...) no basta con hacer alusión de modo genérico a otros principios y derechos como la presunción de inocencia para limitar el acceso a la información, como en algunas respuestas que dio el despacho a derechos de petición formulados por periodistas”.

El Espectador conoció que este es un expediente del más alto calibre en términos de pruebas. Por ejemplo, ya dieron su testimonio la exministra de Defensa y Comercio y exvicepresidenta Martha Lucía Ramírez; el exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y exsuperintendente de Vigilancia, Felipe Muñoz Gómez; y el exgobernador de Antioquia entre 2002 y 2004 y actual secretario de Hacienda de Antioquia, Eugenio Prieto Soto. Aunque están citados los expresidentes César Gaviria y Ernesto Samper, todavía no se han practicado esas pruebas. Según cálculos de la defensa de víctimas, el caso podría prescribir en 2025, y las voces que hacen falta oír son decenas, sumado a los alegatos de la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas. El riesgo de prescripción es latente.

La acusación y los testimonios

La Fiscalía inició la investigación de este expediente en 2007, mismo año en que el Departamento de Justicia estadounidense sancionó con US$ 25 millones a Chiquita Brands, por  financiar a las AUC, como la misma casa matriz con sede en Cincinnati lo ha aceptado. La multinacional lo hizo, a pesar de que en 2001 el gobierno norteamericano puso a esa agrupación armada en la lista de grupos terroristas extranjeros. Charles Dennis Keiser era vicepresidente global de producción de Chiquita para entonces y llegó a Colombia como gerente general de Banadex, que era la filial más rentable de la compañía en este país. En total, Chiquita llegó a tener 37 fincas y más de 3.500 empleados bajo la comandancia de Keisser, que está enjuiciado por autorizar mediante un formato interno contable al menos 32 pagos a terceros y a las Convivir, entre 1998 y 2000.

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Estas cooperativas juegan un papel crucial pues, aunque estaban reglamentadas por las gobernaciones y contaron con el visto bueno de la Corte Constitucional, a través de ellas se habría cometido el delito de concierto para delinquir, en la modalidad de financiamiento. Prueba de ello es el testimonio que entregó en 2008 Everth Veloza García, alias HH y excomandante del Bloque Bananero de las AUC, quien a la Fiscalía explicó que, empresarios y paramilitares, necesitaban “implementar un sistema para el cobro de las ayudas del sector bananero. Ahí nacen las Convivir, que fueron creadas para poder recaudar ese dinero”. A su turno, hace casi década y media, el exjefe paramilitar Raúl Hasbun, alias Pedro Bonito, agregó que “no solo el señor Keiser, sino muchos otros empresarios, manifestaban la misma inquietud. Entonces planteamos entre todos, como alternativa, la conformación de las Convivir”, se lee en la acusación, confirmada en 2021.

La Fiscalía tendría cómo probar que Keisser, en 1997, asistió voluntariamente a una reunión en la finca Montecasino de Castaño en Medellín (Antioquia), donde se fraguó la famosa cuota de tres centavos de dólar por caja de banano exportada, cobrada por las AUC a los bananeros. Ello sería socializado en los meses siguientes ante la asociación de bananeros Augura. La voluntariedad de Keisser a esa reunión se probaría en testimonios que indican que, frente al mismísimo Carlos Castaño, se puso a contar historias de cuando participó en la guerra de Vietnam. Asimismo, la teoría de la extorsión se debilita en el entendido que, en la sanción de 2007, la misma multinacional aceptó que el vínculo entre las AUC y las Convivir era palpable. La Fiscalía se pregunta cómo es que Chiquita dejó de hacerle pagos directos a los paras justo después de la reunión de Montecasino, a partir de cuando los registros contables indican que el dinero entró a cooperativas como Papagayo o Lomapiedra.

Keisser se ha defendido indicando que, así como se le pagó a las AUC, se le pagó al Ejército Popular de Liberación (EPL), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Y todo, dice, con el mismo objetivo: proteger la vida de los trabajadores de Chiquita Brands, ante las supuestas amenazas de muerte. Concluye que fue víctima de extorsión, en una tesis que ha sostenido a lo largo de los años. Según revela El Espectador, ante la Corte del Distrito Sur de Florida, el pasado 30 de mayo, Keisser testificó que Castaño “era cordial en cierto modo, pero dijo muy claramente que él y su gente habían matado a 387 personas ese año”. Ante la pregunta de por qué autorizó los pagos respondió que “porque él (Castaño) tenía la capacidad de destruir nuestras fincas, de matar a nuestra gente, de secuestrar y causar caos en la región”, y que los registros de las supuestas extorsiones se hicieron en conjunto con el departamento de control, con la aprobación y visibilidad en Cincinnati”.

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Keisser trabajó en Chiquita Brands desde 1980 hasta 2012, momento desde el cual ha asumido como director y presidente de empresas contratistas de desarrollo de agricultura para África y países del trópico. En su cuenta de la red social LinkedIn, explica que, incluso, habría desarrollado proyectos con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), con amplia presencia en Colombia. La oficina de prensa de la agencia respondió que dicha información no es cierta. Aun así, este diario envió un cuestionario más detallado, pero, para la fecha de publicación de este reportaje, no obtuvo respuesta. Otro de los enjuiciados que sigue su vida en completa normalidad es el norteamericano John Paul Olivo, quien fue controller -controlador- de Chiquita para Norteamérica y, entre 1996 y 2001, para Banadex. Con el tiempo se le entregó el cargo de presidente de Fresh Express, una división de la multinacional que vende vegetales en todo el país norteamericano.

Según la acusación, Olivo necesariamente tuvo que estar involucrado en los pagos a las AUC, pues quién más sino él le explicaba en Cincinnati lo que ocurría en Colombia con el manejo del dinero. El también enjuiciado José Luis Valverde, antiguo gerente general de Banadex, señaló en su indagatoria que Olivo aprobaba y firmaba el formato 1016 con el que se registraron los desembolsos. La Fiscalía considera que fue parte importante del engranaje, aunque en su indagatoria, Olivo se escudó respondiendo que su única función era relacionar la contabilidad de la compañía, y que nunca autorizó o realizó pago alguno. Keisser, en su testimonio en Florida, confesó que “John no estuvo involucrado en absoluto en ninguna negociación con estos grupos” y que el sistema de pagos ya estaba montado con la participación de otro contralor, que era colombiano y de nombre Verninio Bonnet.

El Espectador también conoció el testimonio que dio Robert Wyrick Olson, asesor general entre 1995 y 2004, en Florida (Estados Unidos), donde dijo que la multinacional estaba obligada a hacer los pagos y hasta buscó asesoría legal, en él, para hacerlos. “Una persona que paga por extorsión es una víctima, no un cómplice del crimen, y, por lo tanto, no puede ser castigada”, concluyó al revisar las normas colombianas. Agregó que Chiquita estaba tan maniatada que sus barcos eran contaminados con drogas de las AUC. No obstante, en Estados Unidos, el mismo alias HH negó todo ello y explicó que los apoyos fueron voluntarios y que, en ese marco, le tocó ir “de finca en finca prohibiendo huelgas o cualquier protesta que retrasara los envíos de banano”. Un exempleado de seguridad agregó que Chiquita aportó “granadas y municiones” adquiridas por el departamento de seguridad de esta empresa, pues ellos daban “los nombres de las personas a asesinar o secuestrar”.

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Reinaldo Javier de La Hoz, representante legal de Banadex entre 1994 y 1998 está mencionado como uno de los directivos que acudió a la reunión de Montecasino y que gestionó los pagos. Responde que las Convivir eran legales y que es muy fácil pedirle que hubiera denunciado, cuando ya pasaron 20 años de los hechos y “desde la tranquilidad de un cargo público del nivel central del ente acusador”. Víctor Julio Buitrago fue jefe de seguridad para Banadex y habría ejecutado directamente los pagos, según la acusación. Aunque reconoce que la plata se entregó, le pide a la Fiscalía que diferencie entre financiar y estar bajo extorsión. Álvaro Acevedo González, exgerente general entre 2001 y 2004, tiene en contra el registro de 18 pagos a las Convivir por más de $1.400 millones. Responde que él avisó a los superiores en Cincinnati, pero le dijeron que siguiera pagando para evitar tragedias.

A finales del mes pasado, la fiscal Luz Adriana Camargo anunció una nueva estrategia para darle celeridad a los casos acumulados por financiación al paramilitarismo. La idea es “depurar un universo de más de 700 compulsas de copias”, por medio de las cuales se evidencia la deuda de la justicia en relación con los aportes que les permitieron a los paras ser la fuerza armada más sanguinaria y, de lejos, la que cometió más crímenes en la historia del conflicto armado. Según la Unidad de Restitución de Tierras, son los principales despojadores denunciados por las víctimas, y de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, lideran el listado de las más de 730 masacres registradas en la historia. El Espectador conoció de fuentes oficiales que el caso Chiquita Brands, así como de los bananeros financiadores del proyecto paramilitar, es prioridad para la actual administración del ente investigador.

La acusación se centra, en definitiva, en considerar los pagos probados como un mecanismo de financiamiento a las AUC de Carlos Castaño. Los procesados insisten en que estaban coartados por el miedo que generaba tal maquinaria violenta, que habría reemplazado en el negocio de la extorsión a las FARC. Aun así, los exjefes paramilitares que han participado en los procesos judiciales, entre ellos alias HH, Pedro Bonito y Salvatore Mancuso, se mantienen firmes en indicar que fue una relación consensuada y de la cual se beneficiaron las partes, en detrimento de la paz de la gente del Urabá y en pro del negocio del banano de exportación. Las cartas se están poniendo sobre la mesa, en absoluto secreto. Pronto se sabrá, si los términos de la justicia lo permiten, cuál será el punto final de este capítulo de la guerra que floreció en la denominada mejor esquina de América.

Nota de la editora: En la página impresa de la edición de este domingo se mencionó que el señor Juan Diego Trujillo Botero, exdirector jurídico de Banacol (1991-1995), era parte de la acusación en mención. No obstante, en septiembre de 2019, el mismo vicefiscal encargado Jaime Camacho Flórez precluyó la investigación en su contra, dado que se pudo establecer que este no era responsable del manejo de las finanzas de todas las empresas de Banacol, como se había dicho en un principio. Su labor solo se limitó a revisar y ver que los aportes a las convivir se ajustaban a legalidad.

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