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El 7 de marzo de 2006, al rededor de 60 hombres, que dijeron ser miembros del bloque Cacica La Gaitana de las Farc, entregaron sus armas ante el entonces comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo. Felipe Alejandro Salazar, alias Biófilo, el supuesto comandante del grupo, le entregó al entonces funcionario su fusil, un machete y un computador, pero años después, el supuesto desmovilizado confesó que todo fue una farsa y que el propio Restrepo lo sabía. El caso derivó en una investigación penal en contra del excomisionado que hoy está en serio riesgo de prescribir.
Desde enero de este año, varias partes del proceso han denunciado que, por maniobras dilatorias, el tiempo para investigar a Restrepo se está acabando. Aunque en ese momento las alarmas las prendió la Fiscalía, que aseguró que los abogados públicos de Restrepo estaban evitando que el caso siguiera su curso, esta semana quedó en evidencia que hay más ingredientes que no permiten que el expediente avance. Así lo dejó claro el juez del caso, luego de un duro llamado de atención que le hizo a la fiscal por no asistir a la audiencia que estaba programada para el pasado 13 de octubre.
(En contexto: Caso Cacica la Gaitana de las Farc: 13 años sin respuestas)
En esa cita, uno de los abogados que representa a un investigado estaba listo para pedir la prescripción. Horas antes de que se instalara la diligencia, la misma fiscal le había pedido al juez que aplazara el encuentro porque, entre otras cosas, le dijo que el expediente tenía muchas cajas y no podía asistir al caso de la presunta falsa desmovilización porque, justamente a esa hora, tenía otra audiencia de un caso que también está por prescribir. El juez rechazó su solicitud, pues hace meses estaba programado el encuentro. Aun así, la fiscal nunca llegó.
El despacho entonces trató de comunicarse con ella y confirmó que no asistiría. Para el juez, se trató de una actuación “aberrante” por parte de la delegada de la Fiscalía, que no era posible que presentara una excusa tan simple y que todo se trataba de un exabrupto de la funcionaria. A renglón seguido, el togado expresó que le enviará los detalles de los sucedido con la fiscal a la Comisión de Disciplina Judicial para que revise si hay mérito para investigarla y aseguró que el caso, por su gravedad, será informado al despacho del fiscal general.
Otras dilaciones
Según el expediente, Luis Carlos Restrepo y dos coroneles retirados, Hugo Hernán Castellanos y Jaime Joaquín Ariza Girón, habrían hecho parte de un plan para reclutar personas de la calle para hacerlos pasar como guerrilleros que iban a desmovilizarse hace 16 años. Por esta razón, la Fiscalía los investiga por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, concierto para delinquir, fraude procesal y tráfico, porte y fabricación de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares. El caso ha tenido tantos problemas que ya prescribió uno de los delitos imputados: tráfico de armas.
En mayo de 2019, el juez del caso declaró que ya no podía procesar a los investigados por ese delito, pero que los demás seguían en firme. Sin embargo, a comienzos de este año, la propia Fiscalía alertó que todo el caso ya había entrado en la cuerda floja de la prescripción. El 14 de enero de 2022, todo estaba listo para instalar la audiencia, pero abogados de la Defensoría que representan a uno de los investigados no asistió. Los distintos asistentes a la audiencia expresaron su inconformidad por la no realización de lo programado y le pidieron al juez que compulsara copias en contra de los defensores.
Ahora, el caso fue al contrario y la Fiscalía no asistió a la audiencia. Por esta razón, el juez decidió programar una nueva audiencia a última hora para el próximo 22 de noviembre para definir el futuro de este expediente. Como se sabe, Restrepo se encuentra prófugo de la justicia. La última vez que se supo de él fue en agosto de 2021, a través de una carta en la que expresó su apoyo a una amnistía general propuesta por el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, durante su encuentro con la Comisión de la Verdad.
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En el documento, el excomisionado destacó que la propuesta de la amnistía general buscaba “ambientar la necesidad de una justicia equilibrada, aplicable por igual a todos los ciudadanos, con simetría en el tratamiento judicial y en relación con los derechos políticos”. Nada de eso se concretó y de Restrepo no volvió a saber más. Según datos de la Fiscalía, la supuesta falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana ocasionó un detrimento al patrimonio cercano a los $1.119 millones y hoy, ni Restrepo ni nadie más, ha contado la verdad de lo sucedido ni se ha sometido a la justicia.
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